Tegucigalpa.- Los albores del 2016 serán intensos en materia de impartición de justicia, pues una nueva Corte de Justicia se estrenará en el país a fines del mes de enero, cuando la Junta Nominadora entregue una nómina de al menos 45 candidatos, de los cuales el Congreso Nacional escogerá 15 que sustituirán a los actuales rectores del poder judicial que al ocaso de su gestión enfrentaron acciones de enorme trascendencia como ha sido el polémico tema de las extradiciones por asuntos de narcotráfico o de criminalidad organizada.
La Corte de Justicia que está por vacar en sus funciones, en materia de extradiciones no ha tenido un papel gris, pero la nueva Corte que está por venir tiene entre sus manos escenarios calientes relacionados con la continuidad de las extradiciones y el juzgamiento de casos simbólicos de corrupción, como el del Seguro Social y las estafas al sector Salud.
En materia de extradiciones, la nueva Corte de Justicia tendrá ante sí la presión de sectores políticos, entre ellos el opositor partido Libertad y Refundación, Libre, que pide reglamentar este proceso a fin de derogar el auto acordado, por medio del cual se envían connacionales a Estados Unidos una vez que éste los designa como supuestos capos de la droga o del crimen organizado.
El coordinador de Libre, el ex presidente Manuel Zelaya, ha expresado su desacuerdo con la forma en que se están dando las extradiciones y pidió revisar este proceso para una mejor reglamentación, es decir, pide la aprobación de una ley secundaria, al pronunciarse en particular por el caso del ex presidente Rafael Callejas, solicitado en extradición por corrupción en el llamado FIFA-gate y quien optara por entregarse voluntariamente para enfrentar la justicia estadounidense.Pero no solo el coordinador de Libre es partidario de esta revisión, también otros sectores del oficialismo que no se atreven a hablar en público pero que en los pasillos del Congreso abrazan la idea de Zelaya de poner “límites” a la extradición.
La lista de los 32
De otro lado, los integrantes del nuevo poder judicial que será estrenado a fines de enero de 2016, deberán conocer también los casos de corrupción del Instituto Hondureño de Seguridad Social y de la Secretaría de Salud, en el cual han sido señalados importantes personajes del mundo político, burócrata y del poder económico en el país. Todos ellos tienen jueces naturales o especiales, en su mayoría magistrados de la suprema corte que al entrar en funciones un nuevo poder judicial, sus casos podrían ser reasignados a los nuevos rostros de la justicia hondureña.Y es ahí en donde comienzan las cábalas y las presiones hacia una Junta Nominadora que deberá cercar el camino de elección a los legisladores enviando una nómina de 45 candidatos con altos atributos e idoneidad que cierre los márgenes a la escogencia bajo la mesa.
La Junta Nominadora ha concluido las primeras seis etapas que preceden a la elección de la próxima corte de justicia, ha concluido las audiencias públicas a 97 aspirantes, que lograron pasar la primera etapa de evaluación.
Si el primer filtro de depurados generó ronchas, en esta nueva etapa Estados Unidos se ha encargado de reducir la lista, al enviar una nómina de 24 aspirantes con presuntas irregularidades, a las cuales se sumaron otros ocho más en una segunda entrega para hacer un total de 32.
Los miembros de la Junta Nominadora han querido suavizar el impacto de la “Lista de 32”, indicando que ellos no pueden investigar porque las instituciones operadoras de justicia no han sido tan receptivas como se esperaba, que existe una “guerra sucia” de descrédito entre los mismos aspirantes y que no todos los señalados en esa lista—oficialmente sin hacerse pública aunque han trascendido nombres que nadie niega ni acepta—serán excluidos de los 45.
Vigilancia local e internacional Mientras, la representación diplomática de Estados Unidos en Tegucigalpa ha sido parca en sus versiones al indicar que el listado obedece a una petición de la Junta Nominadora, cerrando así dudas acerca del origen de la idea. En tanto, los políticos también dejan sentada su posición: escogeremos de la nómina que mande la Junta Nominadora representada mayormente por la sociedad civil, los políticos no tenemos puestas las manos en el proceso, justificó recientemente el presidente del poder legislativo Mauricio Oliva. Eso hace que crezcan las presiones sobre la escogencia que hará la Junta Nominadora que en el camino se ha tropezado también con problemas de transparencia ante los señalamientos del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) que les ha sancionado por no cumplir la ley de transparencia ni la misma ley orgánica de la Junta Nominadora. Los nominadores, por ley de transparencia entran en la categoría de servidores públicos aunque estén ad honorem. De acuerdo al IAIP, la Junta Nominadora ha sido bastante opaca en cuanto a la publicidad de sus acciones y no ha colocado toda la información que por ley está obligada en un portal único de transparencia que para este proceso creó el Instituto. Ante las presiones del IAIP los nominadores amenazaron con renunciar indicando que ellos no cobran, sino que trabajan ad honorem. Pero no solo el IAIP ha cuestionado a los nominadores, también se han visto enfrentados a una batería de misiones internacionales que vienen a tomar el pulso al proceso de selección de la nueva corte de justicia y a una presión interna de diversos organismos civiles que han denunciado presiones obscuras para obligar a los nominadores a incluir en la nómina de 45 a aspirantes que no pasaron ni la primera etapa de las pruebas. Los integrantes de la Junta Nominadora rechazaron incluir en la lista de 97 a burócratas y juristas que quedaron fuera del proceso por diversos factores y fueron tajantes al señalar que esa etapa estaba superada y que no habría reconsideraciones, una acción que fue bien vista por sectores sociales y diplomáticos. Pero a medida que se acerca la fase final del proceso, las presiones van en ascenso: Washington vigila, los políticos hacen sus cábalas, los diputados también, la sociedad civil sigue expectante y los nominadores saben que tienen ante sí el desafío más grande que en el 2016 tendrá Honduras del lado del sector justicia. Todos quieren saber qué tan filosa será la próxima corte de justicia que deberá continuar el irreversible camino de las extradiciones, así como la ruta trazada ya en el país de no dar marcha atrás tampoco a la lucha anticorrupción, caiga quien caiga, según el gobierno. |
