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Criterios para fijar los salarios de los legisladores

José S. Azcona

Definir una manera de remunerar las labores representativas (en nuestro caso congresistas y regidores municipales) es un tema que genera diversidad de posiciones. En este caso se encuentran en conflicto las demandas de la austeridad con las de la democracia e idoneidad. La relación entre las mismas no es lineal y depende de muchos más factores, por lo que la historia es el lugar para iniciar el análisis para desarrollar un criterio.

Al constituirse las formas de representación más elementales (en sistemas republicanos y/o democráticos), tal como ocurre con los patronatos y otros órganos comunitarios locales, no existía una remuneración para el mandatario de la comunidad. La antigüedad clásica nos da múltiples ejemplos de estados que mantuvieron ese principio y otros que fueron implementando la remuneración. En la antigua Atenas se practicaba una democracia directa donde la soberanía recaía en una asamblea general (ecclesia) sin delegación o representación. Esta asamblea, al irse expandiendo el poder ateniense, autorizó hacer pagos a todos sus miembros por asistencia. Este pago tuvo varias consecuencias: aumentó la cantidad de asistentes y le dio una participación mayor al proletariado urbano a expensas de los sectores rurales (que tenían menos espacio para participar frente a una masa urbana). Los autores antiguos definían este como un factor en el declive de esta ciudad, ya que creaba una mayoría distorsionada y sujeta a actuar de forma impulsiva (por no tener un arraigo o conocimiento suficiente).

Polibio describe la constitución romana como un avance sobre este sistema, incorporando elementos monárquicos (magistraturas) y aristocráticos (senado) para balancear el elemento democrático. En este caso el representante electo era el magistrado (cuestor, pretor, cónsul), el cual al finalizar su periodo electo se volvía miembro del senado. Estos magistrados no recibían pago, sirviendo únicamente por prestigio a inicios de la república. La palabra “honor” viene de cargo o carrera publica en latín (cursus honorum), siendo la esfera pública (Res Publica) el único espacio donde se podía obtener el mismo.

Estos magistrados no recibían salario, por lo que forzosamente eran miembros de las élites. Un “Nuevo hombre” (Novus homo) cuya familia no había producido magistrados era algo extraordinario. Al inicio de la república la estructura piramidal de cargos creaba una sana competencia por prestigio y popularidad entre quienes los ocupaban, lo cual le dio un enorme ímpetu a la expansión de la república. A medida que el estado fue volviéndose más rico, los costos electorales fueron creciendo acompañados de fraude y sobornos, y los beneficios materiales de ocupar los cargos creaban una espiral creciente de rapacidad y corrupción. Esto se volvió un ciclo creciente que hizo colapsar el sistema. 

Más adelante en el tiempo, la Cámara de los Comunes del parlamento británico carecía de salarios para sus miembros a lo largo de su historia. Esto hacía que la representación de parte de quien no tuviera ingresos patrimoniales fuera imposible. El partido laborista desde su inicio abogó por la aprobación de un salario, cosa que lograron en 1906, y esto se considera un avance importante en la democratización de ese país.

Las lecciones que las sociedades modernas derivan de esto es que el premio al servicio representativo público tiene dos componentes importantes: el prestigio y el salario.  Adicionalmente, no debe estar vinculado a acceso a otro tipo de remuneración producto de esta función. La ausencia o bajo salario concentra la representación en manos de élites, pero sistemas electorales corruptos o caros logran el mismo efecto. 

Un alto salario es una distorsión y un abuso de la confianza pública a los ojos de los electores, reduciendo el prestigio (esto sin contar ingresos ilegales o escondidos, que son mucho más dañinos). En caso de pagos recibidos del mismo estado, el efecto es peor aún por anular su criterio propio y plegar el interés de sus electores a la misma autoridad de la que se supone es un contrapeso.

Por tanto, cada sociedad debe encontrar la media que le permita obtener la mejor calidad de representación posible, pero lo más importante es eliminar los ingresos adicionales ocultos que pueden tener los representantes por servir a quien paga. Eliminar estas distorsiones es una prioridad importante para construir una representación efectiva.

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