La búsqueda de una solución negociada a criterio de muchos puede ser la vía para el inicio de una nueva concertación agraria, tras el proceso de reforma iniciado en la década de los sesenta y los setenta, durante la llamada “época de oro” de la reforma agraria.
Este martes, los integrantes del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA) darán su respuesta a la propuesta de Lobo de otorgar dos hectáreas de tierra cultivada a cada familia, programas de coinversión y garantías de cumplimiento bajo mecanismos legales a ser enviados para su aprobación en el Congreso, entre otros aspectos.
La oferta de Lobo, a criterio de expertos en la materia, es muy tentadora, más allá de lo que pudieran esperar los grupos campesinos, pero el MUCA ha indicado que quiere todo o nada. Ellos quieren recuperar tierras que anteriormente vendieron a terratenientes y que hoy día son área para el cultivo de palma africana, un rubro muy atractivo incluso para la generación de energía renovable.
Parte de estas tierras fueron vendidas por los campesinos, otras les fueron expropiadas en forma no muy clara.
La administración del ex presidente, Manuel Zelaya, les prometió en un acuerdo suscrito en el 2009, conformar una comisión técnica o legal para analizar la compra-venta de esas tierras, al tiempo que les ofreció entregarles 30 millones de lempiras para que adquirieran nuevas tierras.
 | Así lo indicaron las actuales autoridades del Instituto Nacional Agrario (INA), al resaltar que el acuerdo suscrito con Zelaya incluía siete puntos, pero en ninguno de ellos se les ofrece a los campesinos ser dueños de parte de las tierras.El enfoque del gobierno del ex presidente Zelaya se centró en el asistencialismo clásico del Estado de dar dinero y ofrecer viviendas; en el caso del MUCA, Zelaya les ofreció construir 100 viviendas para un movimiento que presume aglutinar más de tres mil familias campesinas. |
La presión sobre Lobo
No obstante, tras la crisis política de junio de 2009 y el aislamiento internacional a que ha sido sometido el país, las demandas del MUCA cobran fuerza por el contexto político bajo el cual asume el presidente Lobo, obligado a demostrar respeto a los derechos humanos y amplios márgenes de diálogo, negociación y reconciliación.
Para el economista agrícola, Efraín Díaz Arrivillaga, la situación en el Bajo Aguán es tan compleja que es difícil pronosticar desenlaces, pero bien puede ser la punta de lanza para arrojar un nuevo pacto social que abra las puertas a una “concertación agraria” bajo niveles más equitativos.
Díaz sostuvo en un programa radial que las dos hectáreas por familia que ofrece el gobierno, “no son nada despreciables, es quizá una de las ofertas más sólidas que he escuchado en los últimos años, si el movimiento campesino la acepta, puede ser un punto de partida para hablar de una nueva etapa de diálogo y negociación en el campo”.
 | Desde los tiempos de la llamada “época de oro” de la reforma agraria, donde se distribuyeron cerca de 409 mil hectáreas de tierra en tres décadas, beneficiando a unas sesenta mil familias campesinas, no se ha producido en el país otro movimiento similar y de ahí la importancia y cuidado que al respecto representa la acción reivindicadora de MUCA. |
Convivir con la coinversión
Muchos de los campesinos beneficiados de la reforma agraria conformaron grupos campesinos generadores de producción muy interesantes, pero no todos sobrevivieron ante la lógica del mercado que les obligaba a competir y pensar no como labriegos asalariados, sino como dueños de la tierra y sus beneficios. Hondupalma, es quizá el mejor ejemplo sobreviviente de esa época de oro de la reforma agraria.
Para algunos expertos, la situación ahora es distinta. Las tierras que el MUCA pretende “rescatar” ya no son aptas para la siembra de maíz y frijol; son vastas extensiones que dieron un salto en la calidad productiva y si ellos aceptan la oferta gubernamental deben estar conscientes que tienen que coinvertir y coexistir con los terratenientes de la zona.
De ahí que las declaraciones del presidente Lobo en el sentido que tras las demandas del MUCA, existen otros matices que buscan desestabilizar su gobierno para hacerlo ver ante el mundo como violador de los derechos humanos, desequilibró al MUCA y algunos de sus simpatizantes en el movimiento social hondureño que busca con esta lucha revivir un romanticismo revolucionario suicida, advierten analistas.
Diálogo debe prevalecer
El presidente Lobo dijo hace una semana, tras una reunión con los integrantes del MUCA, que éstos “no quieren arreglar nada, ningún problema, esa es mi impresión y yo se las expresé a ellos”.
“Yo creo que hay atrás de todo esto un interés político de algún sector, de generarle algún problema a este gobierno que no hemos deseado ni hemos buscado ni queremos que exista”, recalcó Lobo, desatando así las reacciones más airadas de sus opositores.
Los dirigentes del MUCA se mostraron sorprendidos porque Lobo hiciera público lo abordado en la reunión conjunta, y han comenzado las alertas internacionales para advertir sobre una “operación represiva” del gobierno para desalojarlos de las tierras tomadas hace varias semanas y que han ocasionado que corra la sangre por los fértiles valles del Bajo Aguán.
 | La denuncia de los campesinos y grupos humanitarios toma forma ante el anuncio estatal de movilizar más de dos mil efectivos policiales y militares a esa zona en un afán por controlar los niveles de inseguridad y violencia, ante el tráfico del crimen transnacional en la zona, según la versión oficial. No obstante, el presidente Lobo dijo este lunes que la movilización hacia esa zona tenía también el propósito de evitar más derramamiento de sangre en la zona, donde “han nueve personas, siete guardias de seguridad y dos campesinos”. |
“Mi compromiso es garantizar la paz en Honduras, y los policías tienen instrucciones de no cometer violaciones a los derechos humanos, pero si hacer que se respete la ley”, dijo.
La acción se produce justo horas antes de que el MUCA responda a la propuesta oficial, y ellos ven la acción como una lógica represiva e intimidatoria por parte de la autoridad, que les obliga a negociar bajo presión.
El buen o mal manejo que la administración Lobo haga de este problema indicará que tan cerca o lejos está el país de apostar hacia una nueva etapa en las relaciones agrarias del país, cuya concentración de la tierra radica en pocas manos en detrimento de unas 126 mil familias rurales que carecen de acceso a la tierra y a un empleo permanente, de acuerdo al Censo Agropecuario de 1993.
