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Crimen de Landaverde y periodista Paz cumplen un mes sin avances

Tegucigalpa.- Han pasado treinta días de los asesinatos de la periodista Luz Marina Paz Villalobos y el experto en tema antidroga y ex asesor en Seguridad, Alfredo Landaverde, sin que las autoridades tengan una pista clara sobre el móvil de los crímenes, que tienen en común la modalidad del sicariato y el uso de un revólver silenciador para no levantar sospechas.
 

Mientras tanto retiran a policías por “faltas graves” pero no revelan sus nombres ni pasan sus casos a dependencias judiciales

De momento, la acción policial se ha centrado en silencio sobre los asesinatos, intentando suavizar la presión en su contra con el anuncio de la separación de la institución de 52 efectivos, entre ellos nueve oficiales y 43 agentes policiales. Dentro de los oficiales destaca un comisionado general de policía y otros subcomisionados, en su mayoría con mayor antigüedad a la promoción que dirige y encabeza el actual comisionado jefe de la policía, Ricardo Ramírez Del Cid.

La separación de los oficiales se hizo al margen de la recién creada Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial, bajo el pretexto de legalidades administrativas. El portavoz oficial, Iván Mejía, que se proclamó como el “único oficial autorizado” para hablar al respecto, dijo que los policías irán a descansar a sus casas con las prestaciones del caso, un hecho que para algunos se ha considerado no una depuración, porque no habrá acusaciones en su contra, pese a ser desechados por “faltas graves”, según el portavoz Mejía.

En medio de este elemento distractor, los crímenes de la periodista Paz y de Landaverde comienzan a engrosar la lista de los archivos “sin resolver” por parte de la policía y del ministerio público, el otro ente contralor que se ha llamado al silencio al respecto.

Dos crímenes sin resolver

La periodista Paz Villalobos fue asesinada el 6 de diciembre por desconocidos en una colonia de Comayagüela. Más de una veintena de tiros le cegaron la vida y con ella falleció también su acompañante y su muerte fue el asesinato número 17 en contra de periodistas y afines a la comunicación social en dos años.

El 7 de diciembre, 24 horas después, sicarios en motocicleta acribillan al experto en temas antidrogas, Alfredo Landaverde, quien viajaba en su automóvil con su esposa, la socióloga Hilda Caldera, a quien una de las balas se le incrustó en la espalda, pero logró recuperarse.

La muerte de Landaverde, una de las fuentes de consulta más accesibles a los medios de comunicación y comprometido con la depuración policial y el combate a la corrupción en ese organismo, se produjo en medio de la peor tormenta que azota a la policía nacional por sus vínculos con el crimen organizado, asesinato de personas, extorsiones, tráfico de drogas, secuestros, extravío de armas, bandas de roba carros, entre otros, de acuerdo a denuncias de la prensa confirmadas por las mismas autoridades de Seguridad.

También cuando Landaverde develó que desde la misma policía se había asesinado al zar antidrogas, el extinto general Arístides González, hace dos años, justo cuando se disponía a presentar una lista de policías corruptos implicados en el narcotráfico.

El crimen de Landaverde conmocionó a la sociedad hondureña en general que ha repudiado la acción y empujado con fuerza una propuesta orientada a una intervención total de la policía por medio de una junta de notables nacionales e internacionales que den a Honduras una nueva policía bajo una reforma policial integral, confiable y transparente.

Percepción de corrupción

La Policía Nacional es percibida en los sondeos de opinión pública como una de las instituciones más corruptas del país y pese a las denuncias en su contra y a la presión pública hacia el gobierno para limpiar la institución policial, las respuestas no han sido contundentes.

En el caso de los asesinatos de la periodista Paz Villalobos y Landaverde, las autoridades indicaron que harían “su mayor esfuerzo” porque el hecho no quedara impune, pero un mes después ni rastros de los sicarios ni de las motocicletas que los mataron.

La Policía hasta ahora no ha presentado alguna hipótesis de los hechos, al contrario, se muestra arisca ante los cuestionamientos periodísticos optando por una postura de agresividad a la prensa al insinuar que existe una “campaña mediática” para destruir a la policía.

Para la rectora de la UNAH, Julieta Castellanos, la separación de los policías puede ser parte de respuestas inconclusas de la cúpula a la presión social y ciudadana, en momentos que se cumple un mes del asesinato de Alfredo Landaverde.

Castellanos, a quien la Policía le asesinó uno de sus hijos, Alejandro Vargas Castellanos, junto a su amigo Carlos David Pineda, mantiene una fuerte lucha porque éste y otros casos no queden en la impunidad, y porque se devuelva al país una policía honesta, transparente y confiable.

En este sentido, ha impulsado una confluencia de movimientos sociales y académicos que presentaron al Poder Ejecutivo una propuesta para intervenir y depurar la policía, misma que ha sido acompañada a nivel técnico por miembros de los poderes ejecutivo y legislativo. Se espera que el Congreso Nacional apruebe en un decreto estas reformas que permitan limpiar la policía, cuya cúpula no está convencida de una intervención por medio de una junta notable de hondureños y extranjeros.

Largas a la interventora

El presidente Lobo dijo que sí la comisión técnica que encabeza la Universidad nacional Autónoma de Honduras propone la intervención, él no tendría problema, pero han pasado ya dos meses desde el asesinato de los jóvenes universitarios y un mes del crimen de Landaverde y la periodista Paz Villalobos, sin que se den señales contundentes de tocar el fondo del asunto.

Fuentes de la recién creada Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial indicaron a Proceso Digital que esta separación de los 53 efectivos debió haber sido conocida por ellos, más allá de los alegatos administrativos en lo que se basa la Policía para dejar al margen de estas determinaciones a un ente creado precisamente para determinar quién sale y quién se queda en la Policía, tras una investigación científica y rigurosa.

Indicaron que esperan que el expediente de estos 53 policías que ahora se van para sus casas, les sea enviado, de lo contrario, lo pedirán para iniciar sus propias investigaciones y determinar si la mayoría de los cesanteados amerita ser llevado a los tribunales de justicia.

La Policía ha dicho que los separados fueron desechados en su mayoría por “faltas graves” y porque tenían entre 25 y 30 años de servicio en la Policía.

Se anuncia para la próxima semana nuevos rechazados, pero la cúpula policial se resiste a dar los nombres de los cesanteados bajo el argumento de “protección de imagen”, un hecho que en tanto no se indique qué es y qué no es una “falta grave” no debe impedir el derecho de la ciudadanía a conocer la identidad de los que se van porque no cumplieron bien su trabajo, como parte del interés público por encima del interés privado, cuando el primero por su trascendencia debe anteponerse al segundo, según establecen los avances del derecho positivo moderno.

De momento, los crímenes de la periodista Paz Villalobos y de Alfredo Landaverde siguen sin avances sustanciales y Honduras sigue trascendiendo por sus índices de violencia, el retiro de los voluntarios del Cuerpo de Paz de Estados Unidos a partir de este mes de enero y por las presiones internacionales que piden acabar con la impunidad en esta nación ubicada en el corazón de la América Central.

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