Lobo reconoció que la estrategia actual para combatir el tráfico de drogas en Honduras y otros países de Centroamérica «no tiene resultado», pero abogó por aplicar medidas «integrales» que abatan la producción, distribución y consumo en vez de una eventual legalización.
Si América Central no combate el narcotráfico, «nos convertimos en un paraíso» de las drogas. La legalización «no es la solución», declaró Lobo en un acto oficial celebrado en la sede del Gobierno.
Ese mismo alegato lo presentó el pasado lunes el presidente de El Salvador, Mauricio Funes, al rechazar una eventual legalización, aunque admitió que esa medida supondría un «golpe a la estructura financiera de los carteles de la droga».
«No podemos permitir que nuestros jóvenes y nuestros niños tengan acceso fácil a la droga (…) ¿en qué vamos a convertir a Centroamérica? En un paraíso del consumo de la droga donde hay que venir a consumirla acá porque aquí no se va a perseguir», declaró Funes haciendo notar el «problema de índole moral» que crearía la despenalización.
Por su parte, la presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, habló el miércoles de la conveniencia de retomar una discusión que, recordó, «no es nueva», pero alertó que debe hacerse de forma «muy seria y rigurosa», porque la legalización no acabaría con el problema del narcotráfico en la región.
«No se puede pretender anunciar la simple legalización como esa varita mágica que nos va a desaparecer todo el problema de las drogas, es un debate importante que hay que asumirlo con mucha rigurosidad», expresó la mandataria costarricense.
El nuevo gobernante de Guatemala, Otto Pérez Molina, sirvió el debate el pasado día 11, cuando anunció que plantearía a sus colegas de América Central, México, Estados Unidos y Colombia analizar la «posibilidad» de despenalizar el tráfico y consumo de drogas como estrategia para detener los cientos de asesinatos relacionados con esa actividad en la región.
La idea, explicó entonces Pérez Molina, es llevar a la mesa de discusión el asunto de la despenalización que, explicó, serviría para detener los cientos de asesinatos que causa el comercio ilícito de drogas, así como los delitos relacionados con esa actividad.
También el director de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito, el ruso Yuri Fedotov, declaró esta semana en una entrevista con Efe en Viena que la legalización de la droga sólo agravaría el problema en Centroamérica, región que para él, lo que requiere es más apoyo internacional para combatir a los narcotraficantes.
Centroamérica, con 45.7 millones de habitantes, registra una tasa de 44 homicidios anuales por cada 100,000 habitantes, cuando la media mundial es de 8, según datos de las Naciones Unidas.
La extrema violencia en la zona se derivada principalmente de la actividad de los narcotraficantes y sus aliados, como las peligrosas «maras» o pandillas, especialmente en el llamado Triángulo Norte, conformado por El Salvador, Guatemala y Honduras.
Solo un día después del anuncio del presidente guatemalteco, Estados Unidos expresó, a través de su Embajada en Guatemala su total rechazo a la despenalización con el argumento de que la droga «es una gran amenaza a la salud pública y a la seguridad».
Washington considera que por Centroamérica transita hasta un 90 por ciento de las aproximadamente 700 toneladas métricas de cocaína que entran a Estados Unidos procedentes de Colombia.
Estados Unidos sostuvo que la despenalización del narcotráfico incrementará en la región delitos como «la trata de personas y el tráfico de armas ilegales, la extorsión y el secuestro, el robo de bancos, el robo de la propiedad intelectual y el lavado de dinero».
Centroamérica presentó en junio pasado en una Conferencia Internacional en Guatemala una Estrategia de Seguridad, y logró compromisos de apoyo financiero por valor de unos 2,000 millones de dólares, el 80% a través de créditos blandos, de parte de países «amigos» y organismos multilaterales.
En la reunión se explicó que el plan abarca cuatro líneas de acción con 22 proyectos, que incluyen el combate al narcotráfico, tráfico de armas y reinserción social de los delincuentes, y aunque no se concretó cuánto requiere exactamente para su puesta en marcha, se habló de unos 6,000 millones de dólares para tres años.
