«Ahora resulta que incautar bienes a banqueros que quebraron al país, pero ellos siguieron prósperos, es atentar a la libertad de expresión», se lamentó Correa al defender la legalidad de la medida adoptada por la gubernamental Agencia de Garantía de Depósitos (AGD).
Cuestionar esa decisión es como decir a «los delincuentes, narcotraficantes y atracadores banqueros: compren medios de comunicación y así nunca les podrán embargar nada porque será un atentado contra la libertad de expresión».»¿Quién puede sostener tamaña tontería?», se preguntó el mandatario.
La AGD se incautó el pasado martes de 195 empresas pertenecientes al llamado «Grupo Isaías», vinculado al banco cerrado Filanbanco, que está bajo investigación judicial.
Entre esas empresas figuran varios medios de comunicación, incluidos los canales TC-Televisión, Gamavisión y Cable Noticias, que actualmente operan con normalidad tanto en su programación regular como en sus informativos, aunque sus instalaciones están aún resguardadas por la policía.
Por su parte, la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (AEDEP) expresó hoy su rechazo a posibles acciones en contra de la libertad de expresión que pudieran derivarse de la incautación de los tres canales de televisión citados.
Indicó que el Gobierno tiene la «obligación moral y legal» de garantizar la plena vigencia de los derechos a la libre expresión y difusión del pensamiento, «que podrían afectarse si se manipula el contenido noticioso, analítico y de opinión de esos medios».
Pese a que la AGD ha insistido en que la medida no atenta a la libertad de expresión y en que solamente se trata de asunto financiero relacionado con Filanbanco, la preocupación se mantiene en algunos medios.
El gerente del Canal TC-Televisión, Jorge Kronfle, recurrió la decisión de la AGD y presentó un recurso de amparo constitucional, por considerar que la incautación fue ilegítima.
Por contra, la Asamblea Constituyente, liderada por el movimiento oficialista Acuerdo País, aprobó el miércoles un mandato, con fuerza de ley, que protege la decisión de la agencia gubernamental.
La resolución de la Asamblea determina que la incautación no será susceptible de recusación ni de una acción de amparo constitucional y amenaza con procesar a los jueces que, eventualmente, acojan alguna medida contra la decisión de la AGD.
José Guerrero, abogado de los propietarios del «Grupo Isaías», criticó la resolución de la Constituyente y dijo que es una «violación de los principios jurídicos que rigen en la sociedad universal», ya que «no se puede legislar con carácter personal» y la Asamblea tampoco tiene atribuciones para ello.
A juicio de Guerrero, se trata de «un problema político, no jurídico» y agregó que el asunto es «gravísimo» porque se han incautado empresas «que son sociedades anónimas» y pertenecen a varios accionistas.
La AGD es la entidad encargada de recuperar el dinero que el Estado destinó para sanear a una veintena de bancos intervenidos tras la crisis financiera que se desató en el país en los años 1998 y 1999, considerada la peor de la historia nacional.
Esa agencia mantiene un juicio por supuesta malversación de dinero del Estado entregado a Filanbanco, propiedad de los hermanos Roberto y William Isaías, cuya extradición de Estados Unidos solicitó Ecuador.
Las pérdidas de esa empresa, según la Junta Bancaria, ascienden a 661 millones de dólares.
