Tegucigalpa – Siete organizaciones locales e internacionales presentaron este miércoles el Observatorio por la Justicia de los Defensores del Río Guapinol para dar seguimiento al juicio contra ocho defensores del agua en Honduras presos hace más dos años por oponerse a un proyecto minero en el Caribe del país.
Los ocho ambientalistas están presos desde agosto de 2019, acusados de delitos de asociación ilícita, uso ilegal de armas, robo, privación injusta de la libertad e incendio agravado por oponerse al proyecto minero conocido como Guapinol, en el Caribe de Honduras, y su juicio se iniciará el próximo 1 de diciembre.
El Estado de Honduras debe garantizar a los «defensores criminalizados un proceso imparcial, público, transparente y apegado a los estándares en materia de derechos humanos, así como la rendición de cuentas», dijo Joaquín Mejía, del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC).
Detención prolongada
Según el Grupo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU, la detención de los ambientalistas «es arbitraria» y «no existen fundamentos jurídicos para mantener la privación de su libertad», destacaron las organizaciones durante la presentación virtual de la iniciativa.
La ONU a través de varias relatorías ha pedido a las autoridades hondureñas la liberación de los ocho ambientalistas y, en 2019 el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos había solicitado al Estado la protección de la vida e integridad de los defensores ambientales y sus comunidades.
«La detención prolongada, la forma en la que se ha desarrollado la investigación y la amenaza de una condena penal por el ejercicio de derechos reconocidos son actos contrarios al derecho internacional», dijo Clara Ferrerons, de la Organización Mundial Contra la Tortura.
Destacó que estos actos constituyen «indicios preocupantes sobre la existencia de un patrón de prácticas estatales en beneficio del poder corporativo, en el cual se usa la institucionalidad del Estado para favorecer intereses privados, incluyendo el uso de las herramientas legales para criminalizar la participación pública de la población y la defensa de derechos humanos».
Observación imparcial
El conflicto en Guapinol, según la Plataforma Agraria Regional del Valle de Aguán, Colón, se origina «por la ilegalidad de la concesión de la explotación minera a la empresa Inversiones Pinares (antes Emco Mining Company)».
El Observatorio por la Justicia documentará el desarrollo del juicio de forma imparcial y presentará información sobre su avance, así como análisis técnico-jurídicos que ayuden a «evaluar el cumplimiento del Estado hondureño en sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos», según las organizaciones.
Las organizaciones, entre ellas el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), llamaron al Estado de Honduras a garantizar las condiciones necesarias para la publicidad y transparencia del juicio.
También piden la presencia de observadores internacionales en las diligencias judiciales, por lo que han enviado al titular de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rolando Argueta, una solicitud para tener acceso al juicio.
El Observatorio también lo integran la Escuela de Derecho de la Universidad de Virginia, Front Line Defenders y la Federación Internacional por los Derechos Humanos. (ag)
