Tegucigalpa – Si las cárceles hondureñas son consideradas una bomba de tiempo a causa de la sobrepoblación y la presencia de grupos criminales que dirigen la vida penitenciaria, la aparición de dos casos de COVID-19 en igual número de establecimientos viene a agregar una conflictividad adicional, señalan los expertos.
-Datos oficiales del INP indican que la actual población penitenciaria es de 21 mil 200 privados de libertad en 26 centros penales del país.
– Dos casos de privados con COVID 19 se han reportado durante la pandemia.
Justamente la superpoblación de los centros penales hondureños, donde normalmente sobrepasa el 100 por ciento de la capacidad original, es un caldo de cultivo para una enfermedad cuyo virus causante requiere del acercamiento para una explosiva propagación.
Las políticas recomendadas por los expertos sanitarios de que el coronavirus se combate con el aislamiento social, la distancia de al menos 1.5 metros entre los individuos, el uso de mascarillas y el lavado de manos constante, tienen sus antípodas en las cárceles de Honduras.
El sistema penitenciario hondureño consta de 26 centros penales, de alta, mediana y baja seguridad, y tres centros anexos que operan en batallones militares.
Los 26 centros penales deberían albergar como máximo 8 mil reclusos, pero a inicios de año el sistema mantenía más de 21 mil detenidos. Recientemente fueron liberados más de 900debido justamente a la aparición de la pandemia del COVID-19.
Con el último caso confirmado el viernes, por las autoridades de la Secretaría de Salud en la Penitenciaría Nacional “Marco Aurelio Soto” en Támara, hizo saltar las alertas de autoridades y organismos que velan por los derechos de los detenidos.
El Instituto Nacional Penitenciario (INP) decretó el sábado emergencia sanitaria en el principal centro de detención del país, la cárcel para varones de Támara, donde se encuentran más de 7 mil reclusos, prohibiendo el ingreso de otros reos y las visitas.
La actual población penitenciaria es de 21 mil 200 privados de libertad en 26 centros penales del país
El caso de Támara, por ser el principal establecimiento y más numeroso, ha movilizado a las autoridades, organismos de derechos humanos y la asociación de familiares, ya que el fin es controlar la situación sanitaria y evitar una propagación descontrolada, en un centro propicio por el hacinamiento, el agua insuficiente, a causa de un deterioro en la tubería que suministra el vital líquido, y que hasta la fecha no hay mascarillas suficientes que se les proporcionen a los detenidos.
Los familiares de los presos reclaman que se les dote de mascarillas y otros materiales de bioseguridad a sus parientes detenidos, como una forma de protegerlos del COVID-19.
Las autoridades de salud ya aplicaron pruebas de COVID-19 a más de 20 reclusos que se encontraban en la celda donde dio positivo el reo.
Uno fallecido
El pasado 20 de abril se dio el primer caso de un reo que falleció a causa del coronavirus en el centro de máxima seguridad de Ilama, conocido popularmente como “El Pozo”.
Las pruebas médicas y la autopsia confirmaron que tenía el virus que causa el COVID-19, pero extrañamente los demás reos de su celda y módulo no fueron contagiados.
Muerte inexplicable
La presidenta de los familiares de privados de libertad, Delma Ordóñez, relató que inicialmente se manejó que el prisionero murió de un ataque cardiaco, según los análisis preliminares en la clínica del centro penal.
Sin embargo, refirió que el mismo día que el Instituto Nacional Penitenciario (INP), negó que el reo muriera de coronavirus, en San Pedro Sula, los especialistas en virología confirmaron que el convicto falleció por COVID-19.
“Nosotros estamos altamente preocupados, estamos exigiendo, queremos saber realmente si esa muerte fue por COVID-19 y si es por esa razón, que actúen rápidamente para realizar todas las pruebas a los demás privados de libertad”, demandó Ordóñez.
Indicó que son 90 los reos que tuvieron contacto con el fallecido de los cuales cuatro convivían y dormían en la misma bartolina, “pero el señor que murió era asintomático, no tenía ningún síntoma, pero murió de COVID-19”.
Situación preocupante
Existe preocupación en los parientes porque no tienen ningún tipo de comunicación con los prisioneros.
Sobre la situación durante la pandemia en las cárceles hondureñas, el presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (Codeh), Hugo Maldonado, indicó que han estado en contacto con los familiares e incluso con los mismos privados de libertad y de parte de los parientes existe preocupación porque no tienen ningún tipo de comunicación con los prisioneros.
En ese sentido, le han pedido al Codeh que visite las cárceles para conocer cuál es la situación de salud en que se encuentran los privados de libertad y en cada recinto que han visitado, los reos establecen que para ellos estar presos no es un problema, sino que no poder ver a sus familiares si es un verdadero problema pues son sus parientes quienes les abastecen de alimentación y de medicamentos.
Apuntó que ha estado al habla con autoridades del INP, para ver cómo se aplican los protocolos para que en el interior de los centros penitenciarios no vaya a haber ninguna persona que genere contaminación entre la población carcelaria.
“En el Codeh, hemos hecho llamamientos al INP, inclusive firmamos juntos la declaratoria de no visita, restringir las visitas de los privados de libertad para que ningún familiar vaya a llevar el virus al interior de los centros penales”, apuntó Maldonado.
Maldonado también se refirió a la situación que viven las privadas de libertad en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), ya que ellas le habían manifestado al Codeh, su preocupación por un eventual contagio en esa cárcel y el Sinager aceptó hacer una intervención. Se reportó que tras la evaluación de las autoridades, ninguna privada de libertad resultó positiva por COVID 19.
Tuberculosis principal aliada del COVID
El activista de derechos humanos considera que las cárceles, no sólo en Honduras, con la pandemia del COVID-19 son una bomba de tiempo como lo ocurrido en una prisión de Ohio, Estados Unidos donde mil 800 privados de libertad resultaron contagiados con el virus y hasta amotinamientos han sucedido en centros penales de algunos países latinoamericanos.
Refirió que, a nivel de Honduras, Guatemala, El Salvador y el mismo México, las cárceles dejan mucho que desear y los problemas de salud son varios, donde la primera enfermedad, amiga o hermana del COVID-19, es la tuberculosis al igual que la hipertensión, la diabetes y las cardiopatías, entre otras.
“Con uno de ellos que se contagie, perdemos la batalla y la guerra y los esfuerzos que se han hecho a nivel de país y la otra problemática que tenemos es que, en la cárcel de mujeres de Támara (PNFAS), varias privadas de libertad tienen allí a sus pequeños hijos, hasta recién nacidos, conviviendo con ellas”, apuntó.
Hay medidas de bioseguridad
El acceso de visitas está restringido y sólo se permite la llegada de representantes de organismos de derechos humanos
No obstante, la portavoz del INP, Digna Aguilar, aseguró que en las cárceles hondureñas se están aplicando las medidas de bioseguridad como la descontaminación de toda persona que ingresa a cualquiera de los centros penitenciarios, el personal médico le hace una evaluación, mientras que las personas de primer ingreso no tienen ningún tipo de contacto con el resto de la población penitenciaria ya que se les aplica ese protocolo y entran a cuarentena de un solo y es hasta el día 15 después que el médico ha estado evaluándolo ya pasa al recinto general.
Señaló que la Secretaría de Salud ha estado apoyando al INP, en la aplicación de las pruebas rápidas de COVID-19 a todos los privados de libertad que van ingresando al sistema penitenciario, aunque independientemente del resultado, el prisionero es puesto en cuarentena al igual que se hace con los deportados y semanalmente se están descontaminando las instalaciones de todos los centros penitenciarios.
Recordó que aparte, el acceso de visitas está restringido y sólo se permite la llegada de representantes de organismos de derechos humanos y de funcionarios de la Secretaría de Salud que han estado colaborando en la supervisión para que los protocolos se apliquen de manera adecuada.
Aguilar afirmó que se está proveyendo de mascarillas a los privados de libertad, principalmente a la población penitenciaria mayor de edad y con enfermedades de base, personal que trabaja en cocina, médicos, trabajadores de aseo, los receptores de productos que pasan por un proceso de descontaminación.
Problema global
Sobre este tema, el coronel Agustín Avelar, especialista en seguridad, manifestó que el hacinamiento en las cárceles es un problema global.
Acotó que lo que hay que evitar que el COVID-19 vaya a llegar a las cárceles por el peligro que representa precisamente ese hacinamiento por lo que considera urgente dotar del equipo de bioseguridad tanto a los reclusos como al personal que maneja las cárceles.
Según el Poder Judicial en el marco de la pandemia de COVID-19, 962 privados de libertad se han visto beneficiados con las medidas de preliberación, libertad condicional, conmuta, cumplimientos y revisión de medidas, en el caso de menores infractores.
En lo que respecta al beneficio de preliberación, se destacan 548 internos que corresponde al 57% del total; con la medida de libertad condicional fueron favorecidos 173 reclusos, que son el 18%; 161 recibieron conmuta, que equivale al 17%, cumplimiento de pena 56 y revisión de medidas en el caso de menores son 24, que representan el dos por ciento.
