Tegucigalpa /San José – Los estamentos del poder en Costa Rica han sido sacudidos por el mayor escándalo de corrupción y narcotráfico en un caso que también toca a Honduras, Guatemala, México y Estados Unidos. En el siguiente trabajo Insight Crime recoge la información que mantiene la atención regional sobre la penetración del crimen organizado en el poder. Por su importancia, Proceso Digital lo recoge para trasladarlo a sus cibernautas, bajo la condición del crédito requerido:
La reciente captura del exministro de Seguridad de Costa Rica y la información revelada alrededor del caso, evidencia los entramados de corrupción y narcotráfico que envuelven al gobierno en lo que podría ser el mayor escándalo de narcotráfico en la historia del país.
El 23 de junio, Celso Gamboa Sánchez, exministro de seguridad de Costa Rica entre 2014 y 2015, fue capturado en San José, centro del país, tras una solicitud de extradición presentada por Estados Unidos. La solicitud, a la que InSight Crime tuvo acceso, alega conexiones entre redes de narcotráfico y altos cargos políticos costarricenses. El arresto se produjo después de la aprobación de una reforma constitucional en mayo de 2025, que habilita la extradición de ciudadanos costarricenses por delitos vinculados al narcotráfico.
Según la solicitud de extradición presentada por Estados Unidos, Gamboa enfrenta cargos por conspiración y complicidad para traficar y distribuir cocaína con destino a Estados Unidos. Las autoridades estadounidenses lo identifican como el coordinador en Costa Rica de una red narcotraficante regional vinculada al grupo criminal colombiano Clan del Golfo, también conocido como los Gaitanistas o Urabeños, y al Cartel de Sinaloa, uno de los principales actores criminales de México.
De acuerdo con una investigación realizada por la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (Drug Enforcement Administration, DEA), presentada en el marco de la acusación en su contra, Gamboa presuntamente desempeñaba un papel crucial coordinando la recepción de cocaína en Costa Rica enviada por el Clan del Golfo y otras redes narcotraficantes colombianas y panameñas. Luego, la droga era almacenada y redistribuida hacia Honduras, Guatemala, México, y Estados Unidos.
Según declaraciones de fuentes confidenciales en 2023, incluidas en la investigación de la DEA, Gamboa afirmó tener la capacidad de recibir cargamentos de cocaína a través de las costas atlántica y pacífica costarricenses, asegurando que el gobierno de Rodrigo Chaves Robles —actual presidente del país— facilitaría la entrada de estos cargamentos sin interferencias.
Por su parte, Chaves Robles negó cualquier vínculo con el exministro y acusó al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de no investigar adecuadamente. Sin embargo, Randall Zúñiga, director del OIJ, calificó el arresto como un “hito” y “un paso importantísimo en la lucha contra la criminalidad”.
Análisis de InSight Crime
La evidencia reciente que vincula al gobierno de Costa Rica con redes de narcotráfico revela cómo la corrupción se expande a la par del creciente protagonismo del país en el mercado de drogas, alcanzando los niveles más altos del gobierno.
El caso Gamboa no es el único escándalo de corrupción que atraviesa a altos mandos costarricenses. El 1 de julio, la Corte Suprema solicitó al Congreso retirar la inmunidad del presidente Chaves Robles para poder enfrentar cargos por corrupción relacionados con la contratación de consultorías financiadas por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) en 2023.
A estos hechos se suman una ola de casos recientes que involucran jueces, fiscales, abogados y personal administrativo presuntamente responsables de robar propiedades y terrenos en desuso para, por medio del fraude registral, lavar dinero y repartir ganancias.
Hasta ahora, los casos de corrupción ligados al narcotráfico se habían dado, mayoritariamente, a escalas menores en instituciones locales como funcionarios de tránsito, funcionarios de salud que facilitaban el traslado de droga en ambulancias, policías involucrados en robos de cargamentos y venta de droga, e incluso funcionarios judiciales que filtraban información operativa a grupos criminales.
Si bien otros funcionarios de alto nivel han sido vinculados al tráfico de drogas, como el caso de José Fabio Pizarro Espinosa, exdirector de la policía de Costa Rica, o del expresidente del BCIE, Ricardo Alem, Gamboa es el funcionario de más alto nivel en ser arrestado por presuntos vínculos con traficantes de drogas.
En los últimos años, Costa Rica ha cobrado mayor relevancia como punto de tránsito de la cocaína dirigida a Europa y Estados Unidos. Solo en 2024, las autoridades incautaron 27 toneladas de cocaína, 5,6 más que en 2023, mientras que las cifras de homicidios se dispararon en zonas estratégicas para el narcotráfico como Limón, el principal puerto del país.
A medida que Costa Rica asume un rol cada vez más central como país de tránsito, los grupos narcotraficantes han intensificado sus esfuerzos por establecer alianzas con actores locales como Gamboa, permitiéndoles consolidar rutas y capacidad logística, volviéndose más sofisticados y poderosos. Fuente: Insight Crime
