Por: Luis Cosenza Jiménez
Mucho se ha dicho recientemente sobre el déficit en las finanzas de la ENEE y sobre el desempeño de EEH.
Se trata de temas que gravitan pesadamente sobre las finanzas nacionales y sobre la paz social. Pero, ¿estamos frente a problemas heredados por la Administración Hernández, o frente a problemas creados por esa misma Administración? ¿Será que la Administración Hernández está ahora cosechando los resultados de sus desaciertos? Veamos la información disponible para que la lectora llegue a sus propias conclusiones.
Comencemos por colocar el problema en perspectiva. La ENEE padece de un problema estructural: sus gastos son más altos que sus ingresos. Siendo esto así, el problema no puede resolverse simplemente endeudando a la ENEE, como la Administración Hernández ha hecho. Hay que reducir gastos o aumentar ingresos, o hacer ambas cosas. Ahora bien, la pregunta obligada es por qué son sus gastos tan altos, y la respuesta es que, principalmente, las tarifas que la ENEE paga por las compras de energía a los privados son excesivamente caras. ¿A qué se debe eso? Simplemente a que esta Administración, al igual que las dos que le antecedieron, abandonaron las licitaciones para la compra de energía, recurriendo en su lugar a la contratación mediante procesos opacos y a precios fijados entre políticos y empresarios. Como podrá recordar el lector, esta Administración promulgó una nueva ley para el sector eléctrico, y esa ley estipula que las contrataciones para la compra de energía y potencia deben hacerse al amparo de licitaciones públicas. Pues bien, la ley se aprobó en enero de 2014, pero no fue publicada por el Presidente hasta en junio de ese año. En esos seis meses se adjudicó un gran número de contratos, sin licitación, y con base en tarifas arbitrarias. De hecho, de allí resultaron los famosos contratos para el suministro de energía fotovoltaica con tarifas de quince, y hasta dieciocho, centavos de dólar por kilovatio-hora. Esta, sin duda, es la peor contratación que se ha hecho en el sector y es ahora repudiada por la misma Administración que la propició. Han llegado al extremo de negarse a cumplir con lo que ofrecieron a los inversionistas, violentando así el estado de derecho. En conclusión, esta Administración es responsable de los precios más altos que paga la ENEE por la compra de energía. El déficit que ahora preocupa a las autoridades fue exacerbado por esta Administración. En efecto, uno cosecha lo que siembra.
Cabe señalar que a estas alturas hay como 94 contratos (PPAs) para proyectos de energía, otorgados discrecionalmente y sin licitación, sin fecha de inicio y que suman 1,400 MW, con lo cual se cubriría el crecimiento de la demanda por aproximadamente los próximos diez a quince años. No obstante, recientemente escuché al presidente de la Comisión de Energía del Congreso hablar de aprobar otros contratos más, sin licitación, por supuesto. Esto contradice lo requerido por la legislación vigente y obliga a preguntar por qué se insiste en seguir una ruta que ha llevado al elevado déficit de la ENEE que podría desembocar en la quiebra de la empresa. ¡Siguen sembrando mala hierba y luego se quejan de los resultados!
En cuanto al contrato con EEH, cuando lo adjudicó esta Administración sabía perfectamente que se trataba de un contrato lesivo para los intereses de la ENEE y del país. A pesar de ello, y por razones que solo ellos saben, procedieron a adjudicarlo. Para cumplir con el contrato EEH ha tomado las medidas que la ley y los Reglamentos le permiten, y por ello ha incurrido en la ira de las autoridades. Todo el problema se pudo haber evitado simplemente no otorgando el contrato. Ahora le impiden a EEH hacer uso de los recursos que la ley pone a su disposición, con lo cual le proporcionan los argumentos para justificar por qué no podrá cumplir con las metas de reducción de pérdidas contempladas en el contrato. En realidad, la situación es aún peor ya que la ENEE incumplió el contrato desde el inicio. El monto a pagar a EEH durante el primer año del contrato asciende a alrededor de ciento setenta y tres millones de dólares, con lo cual la ENEE se ahorró ese mismo año unos cincuenta y dos millones de dólares por concepto de la reducción de las pérdidas eléctricas en cuatro puntos porcentuales. No obstante, la ENEE decidió que no pagaría más que diez millones mensualmente, porque supuestamente eso es todo lo que podía pagar (en realidad, ni eso puede pagar ya que sus finanzas son deficitarias). Al no pagar lo que contractualmente se había pactado, la ENEE violentó el contrato y le ha dado a EEH los argumentos para que eventualmente presente una demanda en contra de la empresa. Además, la ENEE no podrá alegar incumplimiento de contrato por parte de EEH cuando la misma ENEE incumplió el contrato desde el inicio. De cualquier forma, todo el viacrucis de la ENEE y de los consumidores se habría evitado si la Administración Hernández no hubiera suscrito un contrato que a todas luces era inconveniente para los intereses nacionales. Nuevamente, se cosecha lo que se siembra.
Según entiendo la tragicomedia que vivimos recientemente tuvo su origen en una disputa entre los socios de EEH. Al parecer, el problema se solventó con la salida de los socios hondureños, quedando ahora como socios de EEH únicamente la empresa colombiana y el sindicato de la ENEE (con el ocho por ciento de las acciones). Aunque no he podido confirmarlo, se dice que el acuerdo se logró mediante el compromiso de un pago mensual de ochocientos mil dólares, de los inversionistas colombianos a los hondureños, por el resto de la vigencia del contrato, es decir, durante un poco más de cinco años. Si eso es así, se trataría de un pago de un poco más de cincuenta millones de dólares, alrededor de mil doscientos millones de lempiras. Nuevamente, si la noticia es cierta, cabe preguntarse qué tan bondadoso es el contrato que otorgaron a EEH que permite un acuerdo tan generoso. Los afortunados patriotas hondureños probablemente aportaron más su capacidad de cabildeo con las autoridades que efectivo para constituir la sociedad. Después de todo, era necesario convencer a las autoridades para que procedieran a adjudicar un contrato oneroso a pesar de haberse recibido tan solo una oferta en la licitación.
Toda esta situación deja un mal sabor en la boca, justo cuando la lucha contra la corrupción parece hacer amainado. La MACCIH brilla por su ausencia y los diputados han aprobado legislación para fomentar la impunidad. Seguimos lanzando gasolina al fuego. Vemos lo que ocurre en la vecina Nicaragua y no aprendemos. Al final, como siempre, cosecharemos lo que hemos sembrado.
