En muchos países de nuestro continente, Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, El Salvador, Panamá y Perú, los gobiernos se esfuerzan por llevar a sus expresidentes a los tribunales, acusándoles, normalmente, de corrupción. A la lista de países latinoamericanos debemos ahora agregar a Estados Unidos, donde el expresidente Trump enfrenta ya varios juicios en los tribunales de aquel país. Quienes promueven las acusaciones y los juicios usualmente enarbolan la bandera de la lucha contra la corrupción, mientras que los acusados se defienden alegando persecución política y tildan el proceso de ser una cacería de brujas. Sin conocer los detalles de cada caso es imposible determinar si en efecto se trata de corrupción y no de persecución. No obstante, podemos analizar las posibles consecuencias de esta ola política en la conducción de nuestros países. Veamos qué podemos observar y concluir.
Lo primero que habría que señalar es que el supuesto afán por combatir la corrupción hace menos probable que las nuevas generaciones participen en política. Una persona correcta y proba que podría estar interesada en participar en política para contribuir al desarrollo de su país deberá ahora considerar que aún después de vacar el cargo podría encontrarse con una demanda en los tribunales de justicia por supuesta corrupción. Con el paso del tiempo hemos venido exigiendo cada vez más de quienes aspiran a la presidencia de la República. El último requisito fue la presentación de una declaración jurada de bienes, la cual, al ser en efecto pública, incrementa para el expresidente y su familia el riesgo de extorsión o secuestro. A esto ahora se debe agregar la probabilidad, o certeza, dirían algunos, de ser demandado al concluir el período para al cual fue electo. Esta situación seguramente resultará poco atractiva para quien no sea un político tradicional, es decir para alguien que no pretenda vivir de la política. En otras palabras, estamos cerrándole las puertas a aquellas personas que no sean políticos profesionales. Se volverá imposible servir por cuatro u ocho años y luego retirarse de la política y volver al sector privado. El conjunto de políticos honestos, trabajadores y capaces se volverá cada vez más pequeño. El perdedor será muestro país ya que no contaremos con el aporte de un importante grupo de personas bien intencionadas.
Por supuesto que el supuesto combate a la corrupción puede interpretarse como una persecución política puesto que, con muy pocas excepciones, en los países en cuestión el Poder Judicial está subordinado al Poder Ejecutivo. Muy pocas personas opinan que el Poder Judicial es independiente del Poder Ejecutivo, y que por tanto el sistema judicial es usado frecuentemente como un instrumento para perjudicar a los enemigos políticos del presidente de la República. Para una significativa parte de la población, lo que el gobierno presenta como un combate a la corrupción no es más que una persecución política.
Por supuesto que el presidente sabe que sus opositores tratarán de aplicarle la misma medicina que el ha recetado al expresidente, y esto tiene consecuencias nefastas para la vida política de la nación. La reacción natural del presidente es la de protegerse mediante su permanencia perpetua en el poder, ya sea directamente, como el caso de Maduro en Venezuela, o indirectamente mediante la transferencia del poder a un cónyuge o un pariente, como supuestamente se propone hacer Ortega en Nicaragua. En pocas palabras, esta nueva tendencia que vemos en nuestros países alimenta las corrientes autocráticas y dictatoriales que siempre están presentes en nuestra región. Lo que pareciera ser un noble y encomiable propósito, al final resulta ser un obstáculo más para el establecimiento de la democracia.
En nuestro caso, es evidente que debemos combatir la corrupción, pero no mediante la cacería de brujas y la persecución política, como ya ha ocurrido en por lo menos un caso. Lo que necesitamos es la CICIH, una comisión con respaldo internacional y con independencia total e iniciativa propia. Solo si contamos con una instancia con capacidad financiera propia y con la libertad absoluta de investigar y denunciar en los tribunales cualquier acto de corrupción, incluso los supuestamente cometidos por funcionarios del gobierno de turno, podremos concluir que se trata de una verdadera lucha contra la corrupción y la impunidad. Caso contrario, lo que veremos será persecución y no lucha contra la corrupción. Apoyemos, por tanto, la venida de la CICIH. No seamos cómplices de la corrupción o del circo político que genera la persecución, con nuestro silencio.
