Consejo de Ministros discute en privado “lluvia” de proyectos

Tegucigalpa – El Consejo de Ministros extraordinario, presidido por la designada presidencial, María Antonieta Guillén, celebrado en privado este lunes en Casa Presidencial, aprobó un decreto ejecutivo mediante el cual se autoriza la concesión a una entidad bancaria del manejo del sistema migratorio y emisión de pasaportes, así como otro para conceder el sistema del registro de la propiedad.
 

En ese sentido, en uno de los decretos se autoriza a la Comisión para la Promoción de la Alianza Público Privadas (Coalianza), a la Secretaría del Interior y Población y a la Dirección General de Migración y Extranjería, para que suscriban con un banco del sistema, el contrato de fideicomiso para la “Estructuración, Financiamiento y Desarrollo del Proyecto de Modernización, Mejoramiento, Administración y Operación del Sistema de Control Migratorio y Emisión de Pasaportes de Honduras”.

En el contrato se argumenta que en los últimos años, el gobierno ha tomado la determinación de modernizar la gestión migratoria implementando mecanismos y plataformas tecnológicas que permitieran un mayor control y seguridad en la emisión de pasaportes y control migratorio, tomando en cuenta la estrecha vinculación del control migratorio en todos sus aspectos con la seguridad poblacional que promueve y protege el Estado de Honduras.

Añade que sin embargo, la implementación de las modificaciones al sistema de control migratorio ha presentado una serie de dificultades que deterioran la calidad del servicio ofrecido al ciudadano y asimismo comprometen la seguridad del Estado.

En ese sentido, arguye que la dinámica internacional de la integración ha creado y generado nuevos fenómenos migratorios que obligan al Estado a actualizarse y garantizar procesos eficientes y seguros que permitan un control efectivo de los movimientos migratorios, emisión de pasaportes y administración del sistema migratorio nacional.

En el decreto se esgrime que se requiere en el país un sistema migratorio que permita disponer de bases de datos confiables, proporcione información en tiempo real sobre todos los movimientos migratorios vinculados a las entradas y salidas del país, garantice sistemas de control eficientes sobre los ciudadanos y extranjeros residentes o migrantes, tecnifique los sistemas de prestación de servicios migratorios incluido el sistema de emisión de pasaportes, garantice una regulación migratoria eficaz que permita controlar la comisión de actos ilícitos y salvaguarde la seguridad nacional.

En atención a esos argumentos, la Secretaría del Interior y Población, declara que por razones de interés público y de seguridad nacional se hace indispensable una pronta solución al problema actual a fin de que el Estado de Honduras cuente con procesos y medidas óptimos en materia de control migratorio, adoptándose la determinación de suscribir el contrato de fideicomiso para dotar al país de un ágil, eficiente y seguro control migratorio para el ciudadano hondureño y el extranjero migrante.

El patrimonio del fideicomiso lo constituyen los recursos generados por la recaudación de tasas, tarifas, multas, sanciones y demás ingresos que se generan por la totalidad de los servicios que presta la Secretaría del Interior y Población y la Dirección General de Migración y Extranjería como resultado de la regulación de la permanencia y control migratorio manejada e implementada y demás derechos que forman parte del sistema de regulación de la permanencia y control migratorio.

En ese sentido, el contrato de fideicomiso se constituye con el fin de financiar, diseñar, agilizar, modernizar, operar y transferir el Proyecto de Modernización, Mejoramiento, Administración y Operación del Sistema de Control Migratorio y Emisión de Pasaportes de Honduras, estructurando y coordinando a través del comité técnico del fideicomiso, el o los procesos de selección competitivo que concluyan con la contratación de uno o más operadores privados con el objeto de desarrollar con los bienes y derechos fideicomitidos, las tareas relacionadas con el proyecto.

En atención a lo previsto en la Ley para la Promoción y Protección de Inversiones, queda debidamente facultado el fiduciario para poder emitir bonos y colocarlos privadamente o en bolsa, así como para utilizar cualquier otro medio lícito que a su criterio garantice el financiamiento del proyecto y la continuidad de su operación.

Para la adecuada estructuración, financiamiento, diseño, construcción y operación del proyecto se podrá constituir otros fideicomisos, utilizar vehículos de propósito especial u otros instrumentos jurídico-financieros que se consideren necesarios a criterio del fiduciario.

En el decreto, las partes acuerdan que todos los recursos que se capten o generen por la ejecución y puesta en operación del proyecto, serán administrados por el fiduciario, quien se encargará de efectuar los pagos que correspondan.

Por otro lado, el Consejo de Ministros extraordinario también aprobó un decreto donde se autoriza al presidente de Coalianza, José Antonio Pineda y al abogado Javier Tomás Dacarett en su condición de secretario ejecutivo y representante legal del Instituto de la Propiedad; como concedentes, para que suscriban con el mismo banco del sistema nacional, el contrato de fideicomiso de administración del proyecto denominado “Sistema de Administración de la Propiedad de la República de Honduras”.

El patrimonio del fideicomiso lo constituye la cesión de los derechos de administración del sistema de la propiedad, las tasas que cobra actualmente el Instituto de la Propiedad (IP), los sistemas para la administración y operación de los servicios actualmente prestados por esa institución, los planos catastrales, libros de registro y cualquier otro bien mueble que sea necesario para el desarrollo del proyecto “Sistema de Administración de la Propiedad de la República de Honduras”, que incluye los estudios y recursos financieros que gestione el fiduciario mediante la implementación de mecanismos adecuados que permitan financiar la estructuración del proyecto.

Los flujos de efectivo que generan los diferentes componentes pasarán al fideicomiso una vez publicado en el diario oficial La Gaceta, el decreto legislativo que aprueba este contrato. Estos flujos podrán ser utilizados para la contratación de estudios y otras actividades asociados al proyecto, establece el decreto.

En este contexto, Coalianza ha iniciado un proceso para la búsqueda de un banco o grupo de bancos que se encargue de la estructuración del Sistema de Administración de la Propiedad de la República de Honduras, que incluya los servicios de: registro de la propiedad inmueble, registro mercantil, registro de la propiedad intelectual y registros especiales.

Se refiere a personas jurídicas civiles, sentencias, concesiones y franquicias otorgadas por el Estado, información cartográfica, información geográfica, patrimonio histórico, patrimonio cultural, patrimonio de la humanidad, áreas protegidas, reservas turísticas y otras que el IP cree o incorpore.

Asimismo, la administración de la información geográfica sobre los bienes inmuebles con la identificación de los recursos naturales, agropecuarios y la infraestructura del país, asociada esa información al registro de la propiedad inmueble.

Ese sistema puede incluir información sobre las medidas y la geo-referenciación de los predios, su forma geométrica, superficie, linderos, colindancias, límites territoriales municipales, departamentales y nacionales; ubicaciones, uso actual y potencial del suelo y demás atributos económicos y jurídicos que perfeccionen el inventario de los bienes inmuebles y recursos del país.

En la reunión también se termino de aprobar el decreto ejecutivo mediante el cual se autoriza la suscripción de un contrato para el diseño, construcción, financiamiento y transferencia de las obras de infraestructura y mejoramiento de la red vial de San Pedro Sula.

Además, se aprobó un decreto ejecutivo, mediante el cual se autoriza la suscripción de un contrato de fideicomiso para el proyecto para la recuperación de pérdidas en la distribución de agua, potabilización y tratamiento de aguas servidas en los servicios que presta el Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA).

Desde finales del año pasado, el Consejo de Ministros extraordinario, ha sido convocado en al menos cinco ocasiones para aprobar contra el reloj, una lluvia de contratos en los que se han concesionado varios servicios relacionados con infraestructura, energía y servicios que hasta ahora ha prestado el Estado.

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