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Consejo de Ministros amplia decreto de emergencia para cárceles del país

Tegucigalpa – En Consejo de Ministros celebrado este martes se aprobó la ampliación del decreto de emergencia para la atención de los distintos centros penitenciarios del país, en el que se incluye la Granja Penal de Comayagua.
 

En ese sentido, el ministro de Seguridad, Pompeyo Bonilla presentó el proyecto de decreto ejecutivo para ampliar la emergencia en el sistema penitenciario emitida el 15 de octubre 2010 y prorrogado el 06 de septiembre de 2011, publicado en el diario oficial La Gaceta, en noviembre de ese mismo año, para que sea prorrogado por ocho meses más, con el propósito de atender esa problemática, agregando ahora a la granja penal de Comayagua.

Un incendio consumió la cárcel de Comayagua dejando un saldo de una mujer y 359 reos fallecidos, convirtiéndolo en la peor tragedia carcelaria en América Latina.

La iniciativa de ampliación del decreto de emergencia autoriza a la secretaría de Seguridad y a la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), para que por medio de los procedimientos de contratación directa, celebre los contratos de obras públicas, suministro de bienes ó de servicios y consultorías, incluidas a las requeridas por el reciente incendio acontecido el pasado martes en el centro penal de Comayagua.

Amplió que ambas instituciones podrán gestionar y ejecutar fondos, a fin de que sean asignados a esa emergencia. Bonilla detalló que con el afán de transparentar la inversión de los recursos, ambas dependencias se encargarán de brindar un informe a los órganos contralores del Estado.

“Me atrevo a decir que en los próximos siete meses, le estaremos dando una respuesta al pueblo hondureño, en ese tema, todo depende con la agilidad con la que trabajemos todos”, visualizó el funcionario. Bonilla manifestó que en un término de cinco a seis meses, se tendrá la capacidad de albergar los primeros dos mil 400 reos y con la posibilidad de explorar en la zona norte, ese mismo esquema.

La ministra de la Presidencia, María Antonieta Guillén, añadió que la ampliación de esa emergencia, ante la eventualidad en el centro penal de Comayagua, quedará siempre vigente la de 2010 y 2011.

Guillén aseveró que ese decreto en su artículo 02, contempla que la Secretaría de Seguridad, en conjunto con la Comisión para Alianzas Público Privadas (Coalianza), explore las posibilidades del esquema en el proceso de remodelación, ampliación y operación de los centros penitenciarios existentes en el país y para la construcción de nuevas cárceles.

Por su parte, la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Ana Pineda, presentó un anteproyecto de decreto encaminado a revisar la situación de los problemas penitenciarios que afrontan los privados de libertad, el que fue aprobado por el pleno de ministros y ministras.

Afirmó que el objetivo de la iniciativa es generar oportunidades de rehabilitación para los reclusos y mejorar las instalaciones físicas de las distintas cárceles del país. Pineda dijo que para tal propósito se creará una comisión interinstitucional para la atención y prevención de la situación de los centros penitenciarios, priorizando los decretos de emergencia ya existentes en 2010 y en 2011, incluyendo la Granja Penal de Comayagua.

Detalló que la comisión estará integrada por el ministro de Seguridad, Pompeyo Bonilla, que por razones de su competencia la presidirá; la secretaría de Justicia y Derechos Humanos; la ministra de Desarrollo Social, Hilda Hernández; el ministro de Interior y Población, Áfrico Madrid; el titular de Planificación y Cooperación Externa, Julio Raudales; el director del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), Edgardo Martínez; el titular de Copeco, Lisandro Rosales y el director del Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia (IHNFA), Felipe Morales.

Además, informó que en menos de una semana se ha logrado la normalización de ese centro penal, referente a las visitas de los familiares a los privados de libertad.

El Mandatario Lobo Sosa, planteó la elaboración de un plan estratégico a corto, mediano y largo plazo, para la prevención de desastres en los centros penales, así como la revisión de las estructuras físicas y sanitarias de los mismos.

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