Los jueces suspendidos de manera provisional son: Ramón Enrique Barrios Maldonado, Juez de Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula; Karla Lizeth Romero Dávila, Juez de Tribunal de Sentencia de Francisco Morazán; Yesika Dolores Granados, Juez de Tribunal de Sentencia de Francisco Morazán; Angel Ubence Perdomo Cárcamo, Juez de Letras de Santa Bárbara; Norma Lizeth Fuentes Morales, Juez de Letras de Familia de Tegucigalpa; Luis Alonso Chacón Valladares, Juez de Letras de la Sección Judicial de Yoro; Martha Georgina Escalante, Juez del Juzgado de Letras de Choloma, Cortés; y, Yamilé Delgado Dubón, Secretaria General del Juzgado de Letras Penal de San Pedro Sula.
Según informe oficial presentado por la Inspectoría de Tribunales las causas se relacionan con retardos injustificados en la administración de justicia, cambios de medidas violentando lo establecido en el ordenamiento jurídico, incumplimiento a resoluciones dictadas por Tribunales Superiores como las Cortes de Apelaciones y la Sala Constitucional, entre otras.
Inspectoría de Tribunales presentó un informe en el cual concluyen que existen los méritos suficientes para esta suspensión por las irregularidades cometidas en la administración de justicia.
La Secretaría General del Consejo de la Judicatura notificará la decisión y llamará a los funcionarios suspendidos para que se presenten a su correspondiente audiencia de descargo a fin de que hagan uso de su derecho a la defensa.
El pasado 3 de diciembre, el Consejo de la Judicatura suspendió a cinco jueces del sistema de justicia hondureño, mientras se someten a audiencias de descargo por presuntas irregularidades en el ejercicio de su profesión.
Hace unos días, el vicepresidente del Consejo de la Judicatura, Teodoro Bonilla, prometió “resoluciones históricas” en torno a los 91 expedientes de presuntas irregularidades de empleados judiciales que estaban en poder de ese ente.
