Tegucigalpa – El paro que mantenían más de un centenar de miembros de las Fuerzas Especiales de la Policía Nacional fue conjurado en las primeras horas del viernes al suscribirse un acuerdo que pone fin al mismo entre los agentes del grupo amotinado y los representantes de la Secretaría de Seguridad, con la mediación del Comisionado Nacional de los derechos Humanos (Conadeh).
-Los policías que participaron en la sublevación podrán pedir su traslado voluntario a otra unidad o dirección policial.
Luego de alcanzar el acuerdo, el comisionado regional del Conadeh en la zona noroccidental, Wilfredo Castellanos, fue el encargado de leer los acuerdos y compromisos alcanzados.
En el documento, la Secretaría de Seguridad y la Policía Nacional se comprometen a agilizar los procedimientos para mejorar la alimentación que se brinda a las diferentes direcciones de la Policía Nacional, la cual debe cumplir con requisitos de salubridad necesarios para garantizar la salud de las personas miembros de la de la Policía Nacional y todas sus direcciones, realizando las gestiones para equipar las unidades metropolitanas de una cocina adecuada y espacios apropiados.
Un segundo acuerdo establece que la Secretaría de Seguridad y la Policía Nacional se comprometen a proveer a todas las direcciones de la Policía Nacional de sus uniformes y botas de calidad para el mejor desempeño de sus funciones a nivel nacional, acción que se iniciará en un lapso aproximado de 60 días calendario.
En tercer lugar, la Secretaría de Seguridad y la Policía Nacional, se comprometen a garantizar los procesos de información con todos los derechos que en base a ley tienen y que han evidenciado ser aún desconocidos por muchos miembros de la Policía Nacional, incluyendo posibilidades de capacitación en todas las unidades con énfasis en los temas relacionados a género.
La Secretaría de Seguridad y la Policía Nacional se comprometen a realizar, en conjunto con el Conadeh, las acciones necesarias para impulsar por las vías correspondientes la elaboración de iniciativas conducentes al goce de condiciones laborales necesarias.
El quinto punto señala que la autoridad representante de la Secretaría de Seguridad y Policía Nacional, también se comprometen a reuniones periódicas con los policías de las diferentes direcciones con el fin de mantener informados de todos los procesos concernientes a sus condiciones laborales, así como el establecimiento de una mesa de seguimiento para tener un espacio donde se puedan presentar las inquietudes de parte de los policías de las diferentes direcciones ante sus jefes o inmediatos o de la dirección superior.
En el sexto punto, la Secretaría de Seguridad y de la Policía Nacional, garantizan a la población hondureña el respeto a los derechos humanos de todas las personas a nivel nacional, incluidas aquellas que ejerzan su derecho a la manifestación pública y pacífica apegada a los estándares internacionales de derechos humanos.
En el séptimo, la Secretaría de Seguridad y la Policía Nacional se comprometen a no realizar procesos de sanciones disciplinarias o persecución laboral en contra de los policías que ejercieron su derecho constitucional de petición en el marco de este conflicto.
El octavo punto establece que los miembros de la carrera policial que participaron en el referido conflicto podrán abocarse a la Dirección de Recursos Humanos de la Policía Nacional para solicitar su traslado voluntario a cualquier otra unidad o dependencia policial.
Asimismo, se comprometen a agotar las instancias internas dentro de la Secretaría de Seguridad para dar a conocer sus peticiones a través de sus jefes inmediatos superiores y si ese canal falla, ante las autoridades de la dirección superior de la secretaría.
En el noveno y último punto, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos será el garante y dará seguimiento al cumplimiento de los acuerdos logrados por las partes manteniendo un expediente abierto para que se pueda registrar cualquier situación por cualquiera de las partes y revisar las diligencias de seguimiento correspondientes y formular las recomendaciones conducentes.
El martes por la noche elementos de la tropa Tigres y los antimotines, adscritos a las Fuerzas Especiales de la Policía Nacional, se acuartelaron y el miércoles buscaron el apoyo de las demás instancias policiales.
Ese mismo día incluso lanzaron gases a su máximo jefe, el comisionado general de la Policía Nacional, José Aguilar Morán, e incluso en videos circulados por redes sociales se observó que también hicieron disparos al aire.
La noche del miércoles se registraron tomas de carreteras y saqueos en diversos grupos comerciales dedicados a la venta de electrodomésticos y muebles.
