San Salvador – El Congreso salvadoreño otorgó hoy a la Fiscalía la potestad de ordenar el arresto de menores de edad involucrados en el accionar de las pandillas, como parte de las «medidas extraordinarias» con las que se busca frenar la ola de violencia que se ha cobrado la vida de 2.222 personas en 2016.
Con 78 de 84 votos posibles, este órgano de Estado modificó el artículo 52 de la Ley Penal Juvenil que solo otorgaba esa facultad a los jueces.
«El menor, sólo podrá ser privado de su libertad cuando fuere sorprendido en flagrancia o por orden escrita por el fiscal o, en su caso, del juez», reza el referido artículo modificado.
Según el decreto, que entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial, «actualmente existe una verdadera participación delincuencial de menores de edad en todo tipo de delitos» y «dentro de los grupos terroristas (pandillas)».
Destaca que estas estructuras utilizan a niños y adolescentes por «la poca rigurosidad de los procedimientos y sanciones legales» por lo que «se vuelve necesario tomar medidas firmes».
La iniciativa fue propuesta a inicios de abril por el fiscal general, Douglas Meléndez, quien aseguró que «nos estamos enfrentando en estos momentos a una expansión desbordada de las pandillas».
El Congreso también discute la posibilidad de juzgar a los menores de 18 años como adultos, debate que podría terminar con la denuncia del país centroamericano a tratados internacionales sobre derechos de la niñez y adolescencia.
Entre todo 2015 y el 7 de marzo de 2016 fueron procesadas en el país 156.250 personas por algún delito, de los que los menores de 18 años solo representan el 6,38 %.
De igual forma, en este período fueron condenados 12.231 salvadoreños, de estos el 8,79 % fueron niños o adolescentes.
Según las autoridades de Seguridad, los menores de edad son utilizados por las pandillas para acciones de vigilancia, cobro de extorsiones y hasta el sicariato.
El Salvador vive un recrudecimiento de la violencia, atribuido a las pandillas, que se ha cobrado la vida de 2.222 personas en lo que va del año, un 58 % más que en el mismo lapso de 2015, cuando se contabilizaron 1.404 muertes violentas.
