La Ley de Emergencia Fiscal y Financiera tiene como propósito “atender de manera integral y responsable la crisis fiscal y financiera por la cual atraviesan actualmente las finanzas públicas, a fin de restablecer su equilibrio y reactivar el crecimiento económico sostenible mediante la adopción de medidas de carácter fiscal y financiero”, dice el artículo uno de la nueva legislación.
El presidente del Congreso Nacional, Juan Orlando Hernández, dijo que la declaratoria le permitirá al país acceder de manera rápida y expedita al apoyo de organismos financieros internacionales, entre ellos el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo.
Igual lo señaló el diputado del Partido de Innovación y Unidad Social Demócrata (PINU-SD), Toribio Aguilera, quien dijo, además, que la legislación, propuesta por el Poder Ejecutivo, va dirigida a reconstruir la situación fiscal del país, que actualmente no dispone de los recursos para reactivar la producción, el empleo.
Comentó que la ley es la llave que los organismos internacionales “necesitan para lograr que sus directorios nos den toda la consideración necesaria que necesitamos en este momento”.
Según el congresista, con esta Ley, los proyectos que normalmente toman de 24 a 30 meses, puedan ser considerados en menos de un año.
El diputado del Partido Unificación Democrática (UD, de izquierda), Edwin Pavón, en nombre de su bancada se opuso a la nueva legislación por considerar que algunas de las medidas fiscales y financiera aprobadas serán trasladadas al pueblo, y por considerar que “el momento procesal legislativo no es el adecuado y no se necesita esta declaratoria”. En su opinión debió haberse aprobado antes de la aprobación de la Ley del Presupuesto.
Los diputados aprobaron la Ley, en uno de tres debates, al término de una jornada de trabajo iniciada el sábado, en la que también aprobaron el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República, y la Ley de Fortalecimiento de los Ingresos, Equidad Social y Racionalización del Gasto Público, que incluye una serie de medidas fiscales, entre ellas el aumento del 12 al 15 por ciento del impuesto sobre ventas a la telefonía fija y móvil, y al Internet.
