Congreso Nacional comienza a conocer nueva Ley Contra el Lavado de Activos

Tegucigalpa – El Congreso Nacional inició la noche de este martes, la aprobación de una nueva Ley Contra el Lavado de Activos, donde además se incluye la lucha contra la corrupción pública y establece sanciones más severas para los culpables.
 

En ese sentido, fueron aprobados en primer debate, ocho de los 97 artículos que contiene la nueva normativa, los que fueron leídos por la prosecretaria del Congreso Nacional, diputada nacionalista por El Paraíso, Sara Medina.

El presidente de la comisión dictaminadora, diputado nacionalista por Valle, José Tomás Zambrano, explicó que la iniciativa fue enviada por el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Jorge Rivera Avilés y ha sido trabajada y socializada con la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), Ministerio Público, Oficina Administradores de Bienes Incautados (OABI), Banco Central de Honduras (BCH) y los diferentes órganos y entes del Estado que trabajan en la investigación y judicialización de las causas del delito del lavado de activos.

“Esta ley es un requerimiento al Estado de Honduras por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) contra el blanqueo de capitales, para que el país no aparezca en una lista gris en las evaluaciones que se van a estar ejecutando en los próximos meses, en la que estuvo el país hace un par de años”, explicó Zambrano.

Añadió que como exigencia ante esa situación, se pidió a Honduras un par de iniciativas como la Ley de Extinción de Dominio y la Ley Contra el Financiamiento al Terrorismo y gracias a que se aprobaron en el Congreso Nacional anterior, Honduras ya salió de salió de esa lista gris.

Indicó que la nueva Ley Contra el Lavado de Activos, viene a armonizar diferentes estamentos jurídicos en el país con la Ley Contra el Financiamiento del Terrorismo, la ley sobre privación definitiva de dominio de los bienes de origen ilícito y la ley sobre el uso indebido de tráfico de drogas.

“Viene a armonizarlas porque en esta lucha no pueden existir contradicciones o incongruencias en la legislación penal sobre todo en esta lucha contra el delito del lavado de activos”, acotó.

Enumeró que la nueva normativa contempla aspectos importantes ya que su finalidad es que viene establecer las medidas de prevención, detección y combate al lavado de activos como forma de delincuencia organizada.

Asimismo, la manera en que se fijan las medidas precautorias para asegurar la disponibilidad de los bienes que han sido incautados en la lucha contra el delito de lavado de activos y en ese sentido, la nueva ley no sólo establece las sanciones por esa conducta sino que se crea una comisión interinstitucional contra ese delito así como la prevención del delito del blanqueo de dinero y financiamiento al terrorismo.

Esa comisión elaborará las políticas públicas de prevención y combate a ese delito para lo cual van a integrar diferentes entes y organizaciones que trabajan en el tema y se hará un mantenimiento de los registros para que tengan de manera completa y diligente los reportes y requerimientos que realiza la unidad de inteligencia financiera.

Agregó que con la nueva ley, se deja claramente establecido que toda persona para transportar transfronterizamente más de 10 mil dólares o su equivalente tiene que hacer una declaración ya que actualmente esa disposición se ejecuta mediante un mandato del BCH y la CNBS.

Igualmente se establecen y se agregan muchas cuestiones reglamentarias que en este momento la CNBS trabaja en la información y la colaboración con el Ministerio Público en la supervisión de los sujetos obligados.

La nueva normativa también habla de la autonomía de la acción penal en todos los delitos del crimen organizado y sobre todo, tal como ha manifestado su preocupación el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva y otros diputados, por el delito de la corrupción, el tema del mal manejo de los recursos del Estado y los delitos contra la administración pública, en esta nueva legislación en el delito de lavado de activos, se incluyen toda la gama de delitos de crimen organizado, se incorporan los delitos de extorsión o impuesto de guerra que está causando un grave daño a la población hondureña.

Explicó que en este momento el Ministerio Público ejecuta una investigación contra un funcionario y lo acusa por un delito en contra de la administración pública y determina que ese funcionario posee cuentas que van más allá de sus ingresos por salarios y patrimonio familiar, la Fiscalía solamente le puede entablar una acción por enriquecimiento ilícito establecido en el Código Penal y para poder actuar tiene que esperar la autorización del Tribunal Superior de Cuentas (TSC).

Sin embargo, con la nueva reforma se le da un instrumento al Ministerio Público para que pueda actuar contra un funcionario que ha violentado la administración pública y de encontrarse culpable se le aumentaría la pena en un cuarto a los entre 15 y 20 años de reclusión establecidos.

Igualmente al Ministerio Público, se le otorgan nuevas modalidades de investigación que no las contempla la actual legislación y que incluyen la figura del informante, la entrega vigilada, el agente encubierto y la intervención de llamadas privadas.

Tarifas por bombeo de agua

En la sesión de este martes, el diputado nacionalista y vicepresidente alterno III, José Vicente León Rojas, leyó el informe emitido por una comisión especial, donde se concluye que un reglamento en el que se basa la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), para la aplicación de una tarifa especial es considerada sin existencia legal por la Procuraduría General de la República (PGR) al manifestar que el decreto 50-2010 no debe ser reglamentado.

Asimismo, establece que la vigencia del decreto 50-2010, es a partir de su publicación en el diario oficial La Gaceta el 25 de octubre de 2010 y no a partir de la resolución de cada solicitud presentada por las municipalidades, organizaciones no gubernamentales y juntas de agua, reconocidas por las alcaldías.

Señala que la ENEE debe de proceder a realizar el ajuste de las deudas que sostienen las municipalidades por el bombeo del agua a partir de octubre de 2010 en el sentido que se aplique dos lempiras por kilovatio.

Además, asevera que el argumento de la ENEE de que para la aplicación del decreto, las municipalidades no deben estar morosas con la empresa, es improcedente ya que el decreto no hace mención de esa estipulación.

Indica que las municipalidades han solicitado que las tarifas de pago por el bombeo de agua a los sectores más desposeídos en sus comunidades sea de dos lempiras, incluido el costo del kilovatio, alumbrado público y ajuste por combustible.

“Por lo anteriormente descrito, se ordena a la ENEE que aplique de inmediato y sin ninguna restricción el decreto 50-2010 a todas las municipalidades, ONG y juntas de agua reconocidas por las municipalidades”, advirtió León.

El pasado 6 de marzo, la diputada liberal Norma Aguilar, presentó una moción para que la junta directiva del Congreso Nacional dirija respetuosa exhortativa al gerente de la ENEE, Emil Hawit, para que cumpla con el decreto 50-2010 y proceda a la rectificación del convenio de pago de la municipalidad de Santa Rosa de Copán por concepto suministro de electricidad por más de 22 millones de lempiras. La petición también se extendió a las demás municipalidades.

Iniciativas del Ejecutivo

Asimismo, en la sesión de esta noche, el secretario del Congreso Nacional, diputado nacionalista por Santa Bárbara, Mario Alonso Pérez, introdujo al pleno tres iniciativas de ley remitidas por el Poder Ejecutivo una de las cuales se refiere a un convenio de crédito por cinco millones de dólares entre el gobierno de Honduras y el UniCredit Bank de Austria, los que serán destinados para la construcción del departamento de imagenología y equipamiento de las áreas críticas del hospital San Francisco de Juticalpa, Olancho.

Otra iniciativa es una reforma a la Ley para la Defensa y Promoción de la Competencia, contenida en el decreto 357-2005, orientada a reformar varios artículos de esa normativa.

Mientras tanto, el otro proyecto es un contrato de concesión de los aeropuertos Toncontín de Tegucigalpa, Ramón Villeda Morales de San Pedro Sula, Golosón de La Ceiba y el Juan Manuel Gálvez de Roatán.

Se trata de una modificación dos al contrato de concesión de esas terminales aéreas que ya existe, explicó Pérez.

En la sesión de este martes, un gran espació lo ocupó una amplia participación de los diputados de todas las bancadas representadas en la Cámara Legislativa, para expresar sendas manifestaciones de saludo y reflexión a los trabajadores hondureño con motivo de la celebración el próximo jueves Primero de Mayo, Día Internacional del Trabajo.

El presidente en funciones del Congreso Nacional, Antonio Rivera Callejas, cerró la sesión y convocó para una nueva reunión mañana miércoles a las 4:00 de la tarde, no sin antes anunciar la condecoración de que será objeto la ingeniera Irma Acosta de Fortín.

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