– También eleva las penas para los que cobran “impuesto de guerra”
– Delitos de extorsión y chantaje ya no serán fiables
El artículo uno del decreto dice que “sí con ocasión de cometerse este delito se le da muerte a la víctima, a su conyugue o compañeros de hogar, a un miembro de su familia dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad o cualquier otra persona que tenga relación laboral con la víctima o con la persona jurídica extorsionada; se le impondrá al culpable la pena de privación de libertad de por vida (cadena perpetua)”.
Además, sanciona la extorsión con penas de reclusión de quince a veinte años y una multa de cincuenta salarios mínimos, especificando que “comete el delito de extorsión quien, mediante amenazas, intimidación o violencia, y con el fin de obtener para si o para la organización delictiva que integre, dinero o bienes, obligare a hacer o dejar de hacer alguna”.
Y agrega: “además, que obligare a la persona natural o jurídica a suscribir documento para obtener pagos de dinero o a suscribir, otorgar, entregar o destruir una escritura publica o cualquier otro documento publico o privado. Las penas se aumentarán en un tercio si el culpable es servidor público”.
Sobre el chantaje, y tras la reforma, el artículo 222 dice: “comete el delito de chantaje e incurrirá en la pena de reclusión de seis a doce años quien con amenazas de imputaciones contra el honor o el prestigio o de violación o divulgaciones de secretos con perjuicio en uno o en otro caso para el ofendido, su familia o la entidad en cuyas gestión intervenga o tenga interés, exigiere la entrega de una cantidad de dinero u otros bienes”.
“Con la elevación de las penas, ahora la extorsión y el chantaje no son delitos fiables, lo que significa que el delincuente no seguirá haciendo de las suyas en libertad”, explicó Tomás Zambrano, presidente de la Comisión de Dictamen.
Anteriormente, la extorsión y el chantaje eran castigados de 3 a 9 años, lo que los convertía en delitos fiables.
“Pedimos que el Poder Judicial y el Ministerio Público apliquen las leyes, porque si no, de poco sirve el trabajo realizado por el Congreso Nacional. En los últimos seis meses hemos tomado decisiones para darle seguridad a los hondureños y me parece que no hay un esfuerzo del Poder Judicial”, lamentó el parlamentario Sergio Castellanos.
Por su parte, el vicepresidente del parlamento hondureño, Marvin Ponce, expresó que “la gente ha estado muy esperanzada en esta medida, porque a diario son miles de compatriotas que sufren el impuesto de guerra”.
Después de algún tiempo de mantener en espera la reforma al delito de extorsión, la Cámara Legislativa decidió aprobar en un solo debate esta ley que vendrá a contrarrestar el mal llamado “impuesto de guerra” que mantiene en zozobra a miles de hondureños.
