El proyecto manda conceder amnistía para aquellos ciudadanos que hayan intentado o consumado los delitos de traición a la patria, la forma de Gobierno, terrorismo, sedición, delitos políticos y comunes conexos, usurpación de funciones, delitos cometidos por los particulares contra el ejercicio de los derechos garantizados por la Constitución de la república, delitos de desobediencia y abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios.
El proyecto dice que no quedan comprendidas “todas aquellas acciones constitutivas de delitos relacionados a actos de corrupción como malversación de caudales públicos, enriquecimiento ilícito, cohecho y otros tipificados en la legislación penal, al igual que los delitos de lesa humanidad y violación de los derechos humanos”.
El proyecto abarcará las acciones que fueron intentadas o consumadas en el período del 1 de enero del 2008 al 30 de enero del 2010.
Los tribunales competentes deberán de oficio o a petición de partes sobreseer toda causa que estén conociendo y que estén comprendidas en este proyecto, dice el proyecto.
Agrega que las acciones investigativas y demás diligencias que a la fecha se encuentren en proceso en las oficinas del Ministerio Público deberá procederse por este órgano contralor del estado a su archivo administrativo al amparo de la gracia que por el presente se decreta.
El proyecto entrará en vigor 20 días después de su publicación en el Diario Oficial La gaceta.
“Es una amnistía general que abarca los delitos políticos y comunes conexos pero determinados estos últimos, como son abuso de autoridad y desobediencia”, explicó el secretario del Congreso Nacional, Rigoberto Chang Castillo.
“Se excluyen todos los delitos relacionados como corrupción, malversación y desviación de fondos”, agregó el congresista.
La amnistía podrá aplicarse de oficio o a petición de partes, explicó.
El proyecto fue aprobado por los diputados de la bancada nacionalista, con la abstención de las bancadas del Partido Liberal, del Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (PINU-SD) y la oposición del izquierdista Partido de Unificación Democrática. La bancada de la Democracia Cristiana dejó en libertad de votar a sus diputados. De ellos el diputado Augusto Cruz Asencio se opuso al proyecto.
El diputado nacionalista Oswaldo Ramos Soto dijo no estar de acuerdo con el proyecto “porque vía delitos comunes conexos va a quedar exonerada de responsabilidad todas las personas que intervinieron en esos hechos lamentables que estuvieron a punto de botar y destruir el estado de derecho y nuestra democracia representativa”.
El diputado liberal José Ángel Saavedra expuso, en representación de la bancada del Partido Liberal que se abstenían de apoyar el proyecto porque lo correcto es esperar la conformación de una comisión de la verdad, y solo después se puede hablar de perdón y olvido.
Dijo que la amnistía no forma parte del acuerdo Tegucigalpa San José y que incluso fue rechazada por las dos partes involucradas en la crisis política.
La Unificación Democrática dijo oponerse porque no pueden olvidarse los hechos acaecidos en el país durante la crisis, ni los muertos ni la salida del ex presidente Zelaya del poder.
El diputado pinuista, German Leitzelar, dijo que su bancada está en contra del proyecto por considerar que no es correcto que se beneficien a personas que han cometido actos no ligados a los hechos. Se necesita un análisis más profundo, que toda la sociedad lo conozca, declaró.
El diputado liberal Wenceslao Lara también expresó su oposición al proyecto porque, dijo, no se pueden olvidar lo que hicieron quienes intentaron romper el orden constitucional en Honduras, y amenazaron hasta de muerte a personas que como él se oponían a sus pretensiones
“Yo no quiero amnistía, yo defendí a mi país porque quiero vivir aquí, que mis hijos vivan aquí”, señaló.
En representación de la mayoritaria bancada nacionalista, el diputado Celin Discua dijo que estaban apoyando el proyecto porque “queremos contribuir para que no se vuelva a cometer en el país esos errores, nadie puede volver a someter al pueblo hondureño a una aventura de esas”.
Dijo que para la bancada nacionalista, después de lo sucedido, deja claro que después de los acontecimientos es necesario buscar la armonía”.
“Todos estamos consientes del mandato que se nos dio de luchar por la mayoría del pueblo, por eso la bancada nacionalista apoya categóricamente el dictamen”, señaló.
El presidente electo Porfirio Lobo Sosa abogaba desde su elección, el 29 de noviembre anterior, por la aprobación de una amnistía que, en su opinión, ayude a reconciliar la familia hondureña.
Más temprano informábamos
Congreso Nacional conoce proyecto de amnistía
Tegucigalpa – El Congreso Nacional de Honduras comenzó a conocer la tarde de este martes un proyecto de amnistía política, que beneficiaría a todos los involucrados en los hechos políticos ocurridos antes y después del 28 de junio, fecha en la que salió del poder el hoy ex presidente Manuel Zelaya Rosales.
Según los legisladores, procede la emisión de un decreto de amnistía como contribución para propiciar la conciliación, la paz y la armonía de la familia hondureña.
El diputado nacionalista por el departamento de Santa Bárbara, Mario Pérez, presentó el proyecto a la Cámara Legislativa.
Según el documento leído por Pérez, el decreto de amnistía debe acordarse “en beneficio de todos los que hayan incurrido en tentativa de delito o delito consumado de carácter político y delitos comunes conexos y no en consideración a determinadas personas o sea limitado a los delitos establecidos en el Código Penal vigente y que expresamente deben ser consignados en el decreto de amnistía”.
El anteproyecto de ley justifica la solicitud de la amnistía “ante los acontecimientos suscitados en el primer semestre del año 2009, consecuencia de tres años y medio de permanente inestabilidad política que agravó las condiciones socio económicas de la población por la errática conducta administrativa del Poder Ejecutivo, situación que desencadenó los sucesos ocurridos a partir del 28 de junio de 2009, que obligó al Congreso Nacional, Poder Judicial y órganos contralores del estado a tomar medidas de salvaguarda y protección de la forma de Gobierno y preservación del sistema democrático ante la inminente intención del rompimiento del orden constitucional con el avieso propósito de reformar la Constitución de la República y derogar por esa vía las normativas pétreas”.
La amnistía permitirá que el Gobierno constitucional proceda a depositar en las nuevas autoridades electas la construcción del país para un nuevo período constitucional, justifican.
La cámara es consiente que es una imperiosa necesidad servirse de todos los medios legales y profesionales que conduzcan a alcanzar la unidad de propósito dentro de los hondureños porque está segura que es el único camino que dará como resultado positivo la fundamentación jurídico política indispensable para encontrar la solución a los problemas sociales, económicos y políticos de la nación, agrega.
Señala que buscar y lograr la consolidación de la familia hondureña solamente es posible “si se cubren con el manto del olvido todos aquellos actos, hechos, acciones y sucesos que hayan marcado diferencias entre los hondureños”.
La comisión legislativa encargada de elaborar el anteproyecto dijo que “la amnistía es general, que no puede otorgar a personas determinadas, sino que se brinda a todas aquellas personas que han incurrido en la comisión de delitos políticos y comunes conexos”.
Tras conocer el documento, el presidente del Legislativo, Juan Orlando Hernández, nombró la comisión para que dictamine el proyecto, que se supone se conocerá y aprobará hoy mismo.
Hernández había dicho a primeras horas de la mañana que hoy entraba a conocerse el documento, pero que no podía asegurar que sería aprobada este día, aunque no descartó que la misma sea aprobada mañana a primera hora, antes de la toma de posesión.
La aprobación de la amnistía no significa que entre en vigor de inmediato, declaró el presidente del Legislativo.
