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Congreso interrumpe abruptamente la jurisdicción del Poder Judicial, sostienen magistrados destituidos

Tegucigalpa – Los cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional destituidos este miércoles por el Congreso Nacional, calificaron la acción del Legislativo como lesiva y que violenta el principio de separación de poderes contenido en la Constitución.
 

– La destitución es totalmente ilegítima, ilegal e injusta, pues trastoca los principios constitucionales que nos amparan, y obedece evidentemente a razones políticas y no jurídicas, dicen los defenestrados magistrados.

Mediante un comunicado, los ahora ex magistrados afirmaron que se ha interrumpido abruptamente la función jurisdiccional del Poder Judicial, de tal manera que se ha producido una alteración del orden constitucional, ya que el Congreso no tiene facultades para ello.

El Congreso Nacional determinó esta madrugada despedir de sus cargos a cuatro de los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional: José Antonio Gutiérrez Navas, Gustavo Enrique Bustillo Palma, Rosalinda Cruz Sequeira y José Francisco Ruiz Gaekel.

El magistrado José Antonio Gutiérrez Navas fue el encargado de leer el comunicado ante los medios de prensa. El profesional del derecho lamentó la posición del Congreso Nacional y calificó la acción como un momento triste en la historia del país.

En ese sentido, los ex magistrados se pronunciaron ante la comunidad nacional e internacional vertiendo la siguiente misiva:

1- El 25 de enero de 2009 fuimos juramentados por el soberano Congreso Nacional que hoy nos destituye ilegalmente del cargo y en tal fecha prestamos el juramento de ley -Prometo ser fiel a la República, cumplir y hacer cumplir Constitución y las leyes- lo cual lo hemos llevado a cabalidad, inspirándonos en el respeto de nuestra legislación vigente, además en los principios éticos de cada uno de nosotros.

2- La Sala de lo Constitucional ha empeñado su dedicación al trabajo jurisdiccional encomendado, de acuerdo a los preceptos legales que nos rigen especialmente la Constitución de la República, los convenios y tratados vigentes y la Ley Sobre Justicia Constitucional.

3- Que nuestra destitución es totalmente ilegítima, ilegal e injusta, pues trastoca los principios constitucionales que nos amparan, y obedece evidentemente a razones políticas, no jurídicas, ya que los suscritos han emitido sus fallos de manera razonada e independiente, sin sujeción a ningún tipo de presión.

4- Que el “procedimiento” de destitución que se efectuó no tiene fundamento legal alguno. La aparente causa en que se sustento tal acción fue el que nuestra “conducta administrativa” de acuerdo a la atribución contenida en el numeral 20 del artículo 205 de la Constitución de la República y el informe que se leyó en la Cámara Legislativa se refiere a un fallo, emitido por la Sala de lo Constitucional que aún no es firme, por cuanto no hubo unanimidad y en consecuencia ha pasado al conocimiento y decisión del pleno de la Corte Suprema de Justicia. Dicho fallo fue dictado conforme a Derecho y como producto de la función jurisdiccional del Poder Judicial. Cabe recordar que los magistrados de las diferentes salas de la Corte Suprema de Justicia o tenemos funciones administrativas, porque así lo dispuso el mimo Congreso Nacional, desde enero del año 2011. El único encargado de todas las funciones administrativas es el señor presidente de la Corte, Jorge Alberto Rivera Avilés.

5- Que en nuestra destitución se han violentado nuestros derechos constitucionales, como el debido proceso, el derecho de defensa, el derecho a ser oído y otros derechos fundamentales, reconocidos en el ámbito jurídico nacional como internacional y que haremos valer por las vías legales.

6- Que la acción realizada por un sector del Congreso Nacional violenta el principio de separación de Poderes contenido en la Constitución y ha interrumpido abruptamente en la función jurisdiccional de este Poder del Estado, de tal manera que se ha producido una alteración del orden constitucional, pues el Congreso Nacional no tiene facultades para ello.

7- Lamentamos profundamente los acontecimientos acaecidos que en nada benefician a nuestra amada Patria.

8- Finalmente manifestamos a todas las personas a quienes nos dirigimos que nos sentimos satisfechos de la labor que hemos cumplido, pues no hemos hecho nada más que cumplir con la promesa a que nos hemos referido, y que la población tenga la seguridad que hemos cumplido con nuestros deberes.

9- Estaremos siempre listos para defender la soberanía del Estado y estaremos vigilantes de que no se continúe irrespetando nuestra Carta Magna ni los principios que rigen el Estado de Derecho.

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