La decisión le cayó como un balde de agua fría a la clase empresarial que venía de pedir un congelamiento de los salarios mínimos de los trabajadores, como un mecanismo para hacer frente a la crisis financiera mundial.
Los trabajadores, por su parte, recibieron la decisión con algarabía, ya que por primera vez, según algunos de sus dirigentes, el Gobierno vuelve sus ojos a los más desposeídos de la sociedad hondureña.
Otros, como el analista, abogado laboralista y ex ministro del Trabajo Germán Leitzelar, la decisión de Zelaya no es más que “una medida populista” con la que busca “ganar aplausos”.
Desconocen absolutamente la realidad del paísEl presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), Amílcar Bulnes, estimó que el aumento del salario mínimo es una medida que no está acorde con la realidad económica del país.
Quienes tomaron esta decisión “desconocen absolutamente la realidad que vive nuestro pueblo”, planteó.
Para el dirigente empresarial el alza al salario “es desproporcionada” y tendrá “consecuencias negativas” en la sociedad.
“Creo que el Gobierno no midió las consecuencias y se dejó ir por una realidad que nadie la va a desconocer y es la necesidad de que los trabajadores tengan un ingreso más importante”, indicó.
Es una decisión, señaló, “que no nos va a hacer más competitivos, que no nos va a traer más inversión (…). Algunas empresas definitivamente no van a poder soportar una planilla con estas condiciones”, advirtió.
Bulnes estimó que en el país “cada vez se achican los espacios” para la clase empresarial, contra la cual, se quejó, “permanentemente hay un ataque sin ninguna misericordia”.
“El empresario pareciera que es el causante de todas las desgracias del país y eso no es así, y yo creo que en estos momentos de crisis es la oportunidad para demostrar que los empresarios somos los responsables del desarrollo y la generación de empleo, no es ningún otro sector más que el sector privado”, anotó.
Leitzelar: Es una medida populista
German Leitzelar calificó la decisión de Zelaya como “una medida irresponsable”, una acción “populista” del presidente hondureño.
Para el conocido laboralista, “se debió de buscar un punto de coincidencia entre los sectores de la producción para que las medidas fueran extensivas”.
Dijo que “hubiera sido mejor un incremento que beneficiara a las mayorías y no un incremento tan alto que vaya a producir nada más efectos para una minoría”.
“Son medidas irresponsables del Gobierno, los empresarios y el sector laboral que los llevaran a buscar una solución que fuera la más adecuada”, indicó.
Leitzelar reconoció que el salario mínimo de los trabajadores hondureños “viene arrastrando un déficit histórico de un 40 por ciento”, y que era necesario ajustarlo. “Pero debió de hacerse bajo un estudio de responsabilidad, bajo un mecanismo que permitiera que los salarios se mejoraran”, apuntó.
Consideró que la decisión “es una medida populista, se quieren lograr los aplausos”.
El ex ministro del Trabajo en la administración del presidente nacionalista Ricardo Maduro también dijo entender la euforia de la clase trabajadora ante el anuncio oficial, ya que “una medida de éstas que creemos que nos favorece, nos agrada”.
“Pero cuando se toman en forma irresponsable, cuando no es en una economía que está en movimiento hacia el crecimiento sino en un proceso de contracción por la dependencia del mercado internacional, por la falta de una estructura formal en los mecanismos, usted va a favorecer de 2,8 millones de personas, va a lograr un impacto favorable a 200 o 300 mil personas que están dentro del servicio financiero, del gobierno y de algunas empresas de cierto nivel, muchas de las que ya están arriba del salario mínimo o muy cerca del salario mínimo que se aprobó”, explicó.
Leitzelar reveló que –tras el anuncio al aumento del salario mínimo- él, en su condición de abogado laboralista, ya ha recibido llamadas de medianas empresas que están analizando el impacto y están planteando que pueden hacer porque se ven obligados a reducir en un 50 por ciento su planilla laboral porque no van a poder resistir el impacto de la medida.
Leitzelar también advirtió que la medida es caldo para el incremento de la actividad del narcotráfico en Honduras. “Esto va a beneficiar al crimen organizado porque el alto grado de necesidad que va a producir la falta de empleo va a provocar que muchas personas se tengan que ver impulsadas a realizar actividades totalmente ilícitas”, advirtió.
Ante el dramático panorama, recomendó a los empresarios “que no vayan a ser extremos” en sus decisiones para enfrentar el cumplimiento de esta medida “y buscar mecanismos de comprensión y de solución que no vaya a provocar un masivo desempleo, que puede revertirse en perjuicio de todos nosotros porque puede provocar una mayor violencia callejera y un mayor movimiento del crimen organizado”.
Israel Salinas: “una buena decisión”
El otro lado de la moneda lo representan los dirigentes de la clase trabajadora que reaccionó feliz con el anuncio. El secretario general de la Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras (CUTH), Israel Salinas, dijo que para los trabajadores ha sido “una buena información, es una deuda histórica que tienen los trabajadores, por primera vez se está estableciendo una diferencia”.
Es más, consideró que “el presidente se quedó corto” en su decisión, ya que el costo de la canasta básica actualmente es de 6,200 lempiras, sin incluir la educación, la salud y la recreación.
Además, dijo que es una decisión que, por primera vez, ha superado “aquellos mecanismos de estira y encoje de las negociaciones que siempre, de manera calculada, llevaron a un punto de no entendimiento y que fueran los presidentes de la republica los que decidieran, siempre esas decisiones fueron sesgadas a favor de de los empresarios”.
“Hoy por primera vez se está estableciendo la diferencia, y yo creo que con justeza, con una visión de responsabilidad social de parte del presidente”, indicó.
Asimismo estimó que la clase empresarial está utilizando los anunciados impactos negativos de la crisis financiera mundial en el 2009 “como escudo para negar los derechos a los trabajadores a unas mejores condiciones de vida, y eso no es justo ni es humano”.
Según su análisis el próximo año, “no habrán despidos masivos”, como lo anuncian los empresarios.
Dijo, a manera de ejemplo, que el cierre de maquilas y el despido de trabajadores en ese sector se viene presentando desde antes de aprobado el polémico aumento al salario mínimo.
Señaló que la maquila es un sistema de inversión inestable que están entrando y saliendo empresas, pero se mantiene un promedio de puestos de trabajo de 130,000 puestos.
En medio de la polémica, Salinas dijo que a los empresarios no les queda más que “conformarse con ganar menos, ya no hay lugar para tanta bonanza”.
“Vamos a defenderla en las calles”
El asesor de la CUTH , José Luis Vaquedano, es de la opinión de que “la crisis mundial todavía no nos ha caído a nosotros, pero ya están dramatizando la crisis”.
“No podemos estar vendiendo miedo, lo que debemos hacer es concertar un gran acuerdo, un gran pacto nacional para ver como salimos de la crisis si es que nos llega a pegar fuerte”, apuntó.
No es posible que los empresarios estén diciendo que van a despedir trabajadores, creo que deben dar un poquito de lo que perciben, agregó.
Desde ya, el dirigente laboral advirtió que el aumento al salario mínimo es de obligatorio cumplimiento y que ningún empresario puede obligar a sus trabajadores a renunciar al mismo.
“A los trabajadores no se les puede obligar a renunciar al salario que le corresponde según la ley, si lo hacen, allí está el ministerio del Trabajo para que haga cumplir esa disposición legal”, advirtió.
Dijo que las organizaciones obreras defenderán a los trabajadores que se sientan vulnerados en sus derechos.
En iguales términos se pronunció el secretario general de la Central General de Trabajadores (CGT), Daniel Durón. “Nosotros lo vamos a defender este salario mínimo”, dijo el dirigente obrero, quien llamó a la clase trabajadora a estar atentos para defender el aumento a toda costa.
