Tegucigalpa – La admisión del recurso de inconstitucionalidad interpuesto con el afán de dejar sin valor el convenio firmado entre el Estado de Honduras y la Organización de Estados Americanos (OEA) para el funcionamiento de la MACCIH, generó una ola de rechazo en todos los estratos de la sociedad de Honduras.
– El recurso de inconstitucionalidad es otro eslabón en una serie de hechos que pretenden obstaculizar la lucha contra los corruptos en Honduras.
– Desde la semana pasada fueron notorios una avalancha de mensajes de apoyo a la Misión Anticorrupción, lo que presagiaba que algo estaba por ocurrir.
– Aunque para unos el recurso puede ser la lápida de la MACCIH, otros creen que el mismo no tendrá eco en la CSJ, pero sí se manda un mensaje con ello.
Muy temprano, este martes, la opinión pública fue sorprendida luego que portavoces de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), confirmaran que la Sala de lo Constitucional admitió un recurso de inconstitucionalidad en contra del convenio firmado entre el Estado y la OEA para dar vida a la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH).
Abog. Juan Carlos SánchezLa acción es promovida por Juan Carlos Sánchez, abogado defensor de los imputados en el sonado caso “Red de Diputados”, que imputó a cinco exparlamentarios acusados por manejo irregular de fondos públicos y que luego fueron “salvados” por una reforma aprobada en la última sesión de la cuarta legislatura que ordenó que las diligencias en ese sentido fueran conocidas primero por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), antes que la Fiscalía. De ahí que la jueza encargada del caso, Alma Consuelo Guzmán -que fungió como diputada en el período 2010-2014- ordenó archivar las acciones judiciales y mandarlas al ente contralor.
Con base a lo explicado por fuentes oficiales del Poder Judicial, el documento estará siendo enviado al Congreso Nacional y en un plazo de cinco días hábiles remitirá los antecedentes del proceso de ley impugnada con un informe del mismo.
Luego, el Ministerio Público tendrá seis días hábiles para emitir el correspondiente dictamen sobre el decreto legislativo 23-2016 emitido el 7 de abril de 2016, que ratificó el convenio entre el Estado de Honduras y la Organización de Estados Americanos (OEA).
El hecho generó pronunciamientos de entes de sociedad civil, Fiscalía y la propia MACCIH, quienes coincidieron que la reforma a la Ley de Presupuesto llevaba el mensaje implícito de “blindar a los corruptos”, tomando en cuenta las investigaciones que realizaba la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (Ufecic) a más de 60 parlamentarios.
De ahí se descubrió lo que se conoce como “fe de erratas”, que es el proceso que siguió el Congreso desde el momento que aprobó la reforma a la Ley de Presupuesto y el texto publicado en el diario oficial La Gaceta.
Las denuncias dan cuenta que lo publicado se cambió, es decir se le agregó un párrafo que no fue leído en la Cámara Legislativa. Esto generó que un grupo de parlamentarios salieran al paso para justificar “el error” en una fe de errata que luego fue llevada para su rectificación en La Gaceta.
Los parlamentarios involucrados en el suceso dijeron que se trataba de una fe de errata, procedimiento que ha sido utilizado al menos 80 veces en los últimos tres períodos legislativos.
Seguidamente, la MACCIH, a través de Ufecic, comenzaron las diligencias para entablar acciones contra los diputados involucrados en el error, según ellos voluntario, que lo calificaron en su momento como un delito grave.
Es así que al menos media docena de actuales diputados y una exparlamentaria han acudido “voluntariamente” a la Ufecic a ponerse a las órdenes para el curso de las investigaciones. Se acordó tomarles declaración el próximo 6 de abril tras el asueto de la Semana Santa.
Molestos diputados
Diputado Mario PérezEn el caso de los diputados Mario Pérez y Tomás Zambrano, ambos reaccionaron molestos por versiones que trascendieron en las redes sociales en el sentido que sobre ellos había requerimientos fiscales por las investigaciones de Ufecic en este apartado.
Ambos congresistas coincidieron que el tratado firmado entre el Estado de Honduras y la MACCIH en todas partes del documento menciona “la secretividad” de las acciones, por lo que fustigaron que hayan salido a relucir sus nombres a la palestra.
Pérez afirmó que “estamos tranquilos, somos abogados penalistas y sabemos que ahí no ocurrió ningún acto ilegal, por eso preferimos someternos al proceso investigativo. Nos llama la atención que cuando se lee el convenio de la MACCIH por todos lados se topa con un término ‘secretividad’ en las investigaciones, lo que nos llama la atención es que en forma reiterada se ha venido violentando esto que fue acordado por las partes, que las investigaciones que está realizando la Ufecic deben ser secretas y no públicas hasta que no tenga un elemento de requerimiento fiscal”.
En tanto, Zambrano ejemplificó que “es más fácil ocultar un embarazo que una investigación que realiza el Ministerio Público”, al tiempo que se mostró sorprendido porque por un lado les dicen que el expediente está bajo secretividad y en la realidad es todo lo contrario.
Revisar el convenio
Diputada Welsy VásquezInmediatamente al conocer el recurso de inconstitucionalidad al convenio que dio vida a la MACCIH, distintos diputados de varias bancadas se pronunciaron con opiniones divididas.
Para el caso, la diputada Welsy Vásquez dijo estar a favor para que se revise si la MACCIH ha cometido o no abusos en sus acciones en el país.
“Es una noticia importante para todos los hondureños, no sé quién presentó el recurso, pero creo que si la MACCIH ha cometido un abuso en el país se debe revisar”, dijo Vásquez.
Decepción por recurso
Diputado David ReyesOtro, que habló sobre el tema fue el diputado del Partido Innovación Nacional y Unidad Social Demócrata (Pinu-SD), David Reyes, quien exteriorizó sentirse decepcionado por las trabas que se ponen en el país para que no exista lucha contra la corrupción.
“Este es el primer paso para darle muerte a la MACCIH. No debieron de admitir este recurso ya que es un convenio del Estado de Honduras con la OEA”, declaró Reyes.
Prosiguió que “lo que pretendemos es combatir la corrupción y la impunidad en un país en la que tenemos los índices más altos a nivel mundial de corrupción. Nos parece indignante que la Corte Suprema de Justicia admita este recurso”.
MACCIH debe seguir un rol
Diputado Elvin SantosMientras, el jefe de la bancada del Partido Liberal, Elvin Santos, manifestó que la MACCIH proporciona acompañamiento a las instituciones hondureñas. “Tenemos que estar claros que el propósito fundamental es que el país avance, que reciba la asesoría, la guía y el acompañamiento para procurar justicia donde se ha entronizado el crimen organizado y la corrupción”.
Reconoció que se necesita apoyo internacional para que luego nuestras instituciones se ordenen y hagan mejor su trabajo. “Es importante que reconozcamos que la MACCIH tiene un rol y debe enmarcase en un tiempo determinado y no en uno indefinido”, puntualizó.
Recurso no tiene futuro
Abog. Jair LópezBajo el criterio del abogado penalista Jair López, el hecho de admitir un recurso de inconstitucionalidad no significa que el mismo sea declarado con lugar, por lo que debe de pasar por un proceso que señala la ley.
En ese sentido, López detalló que la Sala de lo Constitucional debe de escuchar la opinión del Ministerio Público y verificar si el recurso no solamente recibe las condiciones de forma sino de contenido para que sea exitoso.
“El gobierno es soberano y la Constitución permite la suscripción de convenios internacionales y la MACCIH ha sido creada para eso, la verdad que no creo que la MACCIH vulnere el marco legal, de tal manera creería que un recurso de esa naturaleza pueda prosperar”, argumentó.
Carece de interés
Abog. Edmundo OrellanaEl exfiscal de la República, Edmundo Orellana, lamentó que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) haya admitido un recurso de inconstitucional cuando el mismo carece de interés legítimo.
“Hay un contexto en el cual opera la Sala de lo Constitucional, hace poco inadmitió unos recursos de inconstitucional porque sostuvo que carecían de legalidad y ahora admiten uno y le dan trámite para efectos de tomar una decisión con la mismas características”, explicó Orellana.
Agregó que “habrá que ver si hay intereses legítimos para admitir ese recurso sobre el convenio de la MACCIH, ese convenio que viene a contribuir con el Ministerio Público, al Poder Judicial en la investigación criminal, no tienen nada que ver con la acción de los particulares”.
Orellana añadió que “soy de la opinión que la Sala ha demostrado el sesgo que tiene en estos asuntos porque es una decisión contraria a lo que decidió en el caso de reformar el decreto de la Ley de Presupuesto. Esta es una decisión que causará un daño al país, a la imagen y al gobierno porque supuestamente llamó a la OEA para que viniera acá”.
Mal mensaje del país
Padre Germán CálixEl padre Germán Cálix dijo que es urgente proteger instituciones como la MACCIH y la Fiscalía como instrumentos necesarios para la lucha contra la corrupción e impunidad.
Para Cálix este extremo pretende que los corruptos sigan siendo favorecidos amparándose en la impunidad.
Valoró que el recurso “es un mal mensaje y una mala acción” que se pretende mandar. “En los gobiernos existen intereses de todo tipo, hay gente muy honesta con el deseo que las cosas se hagan bien y otro grupo que solo vela por sus beneficios”.
