Tegucigalpa – En la impunidad se encuentra la muerte de 31 personas que perdieron la vida en manifestaciones o desalojos post electorales en Honduras, revela un informe divulgado hoy por el estatal Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh).
– Hasta ahora, el Ministerio Público ha presentado 18 requerimientos fiscales contra diferentes personas por los delitos de asociación ilícita, robo agravado, incendio, daño y atentado gravado.
Ante esta situación, el ente estatal de derechos humanos, instó al Ministerio Público a investigar a profundidad cada uno de los casos e inicie las acciones judiciales pertinentes hasta lograr la condena de los responsables de esas acciones delictivas.
En el segundo informe sobre la crisis post electoral, el Conadeh establece que en sus oficinas a nivel nacional, han recibido e investigado 81 quejas relacionadas con fallecimientos, lesionados y otros hechos derivados de los acontecimientos post electorales.
Añade que han realizado 76 inspecciones en los distintos hospitales públicos, centros de salud y clínicas privadas, donde constataron las condiciones de salud de las personas heridas o lesionadas durante las manifestaciones, tomas y desalojos.
El documento detalla que, producto de las inspecciones realizadas en las zonas de conflicto por desalojos de manifestantes en tomas de carreteras, hospitales y oficinas de Medicina Forense, así como de los testimonios de familiares de víctimas, han podido verificar el fallecimiento de 31 personas.
Muertes, que según el Conadeh, tienen una posible relación con manifestaciones o desalojos, por lo que han solicitado, a la autoridad correspondiente, los dictámenes de Medicina Forense y expedientes clínicos, para su debida investigación y remisión al Ministerio Público.
El ente estatal de derechos humanos exhortó a la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) que avance en las investigaciones conducentes a precisar las causas, circunstancias y responsables de la privación de vidas humanas, durante el período post-electoral.
Señala que personal del Conadeh ha realizado supervisiones e inspecciones a los diferentes juzgados y tribunales de la República, en los que verificó que, a nivel nacional, el Ministerio Público, ha presentado 18 requerimientos fiscales.
Requerimientos que, de acuerdo a las investigaciones del Conadeh, han sido presentadas contra diferentes personas por los delitos de asociación ilícita, robo agravado, incendio, daño y atentado gravado, también en relación a hechos o acciones ejecutadas durante la etapa post electoral.
El Conadeh reiteró su petición, al Ministerio Público, para que investigue a profundidad los hechos que tuvieron como consecuencia la muerte de 31 personas, así como los lesionados y otros daños ocasionados durante este periodo.
Además, que inicie las acciones judiciales pertinentes hasta lograr la condena de los autores intelectuales y materiales de tales acciones delictivas.
“El Conadeh, en observancia de lo que dispone su Ley Orgánica, solicita al Fiscal General de la República que le informe periódicamente sobre el estado en que se hallan y avanzan las anteriormente mencionadas actuaciones instadas al Ministerio Público”.
Roberto Herrera Cáceres, titular del Conadeh, reiteró su condena a los actos de violencia que han traído como consecuencia la pérdida de vidas humanas, lesionados de gravedad, daños a la propiedad y a los derechos humanos de terceras personas.
Además, hizo un nuevo llamado a quienes ejercer el derecho de reunión y de manifestación para que lo hagan de manera pacífica y sin armas.
A los cuerpos de seguridad del Estado les instó a observar y aplicar los protocolos internacionales sobre el uso de las armas y de la fuerza, de conformidad con su obligación de proteger los derechos humanos de todas las personas.
Recordó que toda vulneración de derechos humanos implica el deber de identificar y sancionar a los responsables y adoptar medidas de reparación y de no repetición a favor de la víctima o sus familiares.
“Condenamos toda actitud de incitación o promoción del odio, la hostilidad y la violencia en el país”, dijo el ombudsman hondureño.
Finalmente exhortó a propiciar el diálogo democrático, sin condiciones, inclusivo y dirigido exclusivamente al bien común de la hondureñidad, para asegurar la libertad personal y la justicia social, sobre la base de la protección, respeto y promoción de los derechos humanos de todos los habitantes.
