Tegucigalpa – El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) expresó hoy su preocupación por la persistencia de hechos violentos contra defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia, por lo que exhortó al Estado hondureño a garantizar condiciones adecuadas para salvaguardar su vida e integridad personal.
A través de un comunicado, el ente estatal señaló que los hechos de violencia contra defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia van desde ataques a la integridad física, tentativas de asesinatos, asesinatos, criminalización, campañas de desprestigio, deslegitimación de su labor y altos índices de impunidad.
Ante esta problemática, el Conadeh recomendó al Ministerio Público, investigar bajo los estándares de la debida diligencia reforzada, los hechos que originan los riesgos para estas poblaciones vulnerables.
Mientras que, al Mecanismo Nacional de Protección recomendó que adopte todas las medidas necesarias a efecto de que las personas beneficiarias de medidas de protección emitidas por el propio Mecanismo o por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), sean efectivas para resguardar su derecho a la vida e integridad personal.
Honduras es considerado como uno de los países más violentos en el mundo para la defensa de los derechos humanos, establece en el comunicado.
A continuación, Proceso Digital reproduce el comunicado emitido por el Conadeh:
La titular del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), Abg. Blanca Saraí Izaguirre, en el ejercicio de su mandato convencional, constitucional y legal, con independencia funcional, técnica y de criterio; ante la persistencia de los desafíos estructurales que recaen sobre las personas defensoras de derechos humanos, se pronuncia en los términos siguientes:
1. El Conadeh expresa suma preocupación por la persistencia de los desafíos estructurales y los hechos de violencia que recaen sobre las personas defensoras de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia. Estos desafíos se reflejan en los casos que han sido conocidos por las diferentes unidades de esta Institución Nacional de Derechos Humanos (INDH) pues, de acuerdo con los relatos recopilados, los hechos son continuos y giran en torno a: a) ataques a la integridad física; b) asesinatos y tentativa de asesinatos; c) criminalización; d) campañas de desprestigio; e) deslegitimación de su labor; y, f) altos índices de impunidad.
2. Al respecto, el Conadeh reitera y hace eco sobre lo establecido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (OACNUDH) en alusión a que Honduras es uno de los países más violentos en el mundo para la defensa de los derechos humanos.
Asimismo, esta INDH ha señalado al Estado, anteriormente, que esta población se encuentra en una condición acentuada de vulnerabilidad y que, mientras se sostenga la debilidad institucional y la falta de respuesta adecuada, el alto riesgo al que son sometidos por su labor defensorial será latente.
3. Así, el Conadeh advierte que la existencia de un mecanismo de protección para estas poblaciones no es, por sí solo, una medida suficiente para garantizar sus derechos humanos debido a que no mitiga las situaciones y contexto origen del riesgo. Por lo cual, el CONADEH recuerda que el cumplimiento de la obligación de prevención y protección del Estado requieren una serie de acciones conjuntas y coordinadas con todas sus instituciones que permitan superar estos desafíos, tales como: a) prevenir razonablemente la materialización de violaciones de derechos humanos; b) abstenerse de presentar acciones penales injustificadas; c) asegurar que las y los funcionarios adopten un discurso público con enfoque de derechos humanos; d) investigar bajo el estándar de debida diligencia todas las violaciones de derechos humanos; y, e) asegurar a las víctimas y sus familiares una reparación adecuada y oportuna.
4. Por tanto, el Conadeh recomienda: Al Ministerio Público, investigar bajo los estándares de la debida diligencia reforzada, los hechos que originan los riesgos para estas poblaciones vulnerables; y, al Mecanismo Nacional de Protección adoptar todas las medidas necesarias a efecto de que las personas beneficiarias de medidas de protección emitidas por el propio Mecanismo o por la CIDH, sean efectivas para resguardar su derecho a la vida e integridad personal. (RO)
