Tegucigalpa– El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) emitió hoy una serie de recomendaciones y recordó al Estado hondureño su obligación internacional de proteger y garantizar los derechos de las comunidades afectadas, en el proceso de instalación del proyecto multipropósito “El Tablón”, en Quimistán, departamento de Santa Bárbara.
El Estado de Honduras debe atender con seriedad las exigencias de las comunidades de Quimistán respecto del Proyecto Hidroeléctrico “El Tablón”, reza el comunicado emitido por el ente estatal.
Entre las recomendaciones, el Conadeh hizo un llamado a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) para que respete y acate la voluntad expresada por las comunidades afectadas en los cabildos abiertos y que “en caso de celebrar eventuales procesos de consulta, los mismos deben ajustarse a los estándares de la Consulta Previa Libre e Informada.
Además, le exhorta a garantizar el diálogo y la búsqueda de acuerdos de buena fe con las comunidades; y que asegure la transparencia y acceso a la información relevante sobre el proyecto.
Por su parte, a la Corte Suprema de Justicia, el Conadeh le instó a resolver el Recurso de Amparo, interpuesto por las comunidades, garantizando su tramitación conforme a los estándares de efectividad, celeridad y bajo un plazo razonable.
Comunicado No. 015-2025
La Titular del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), Abg. Blanca Saraí Izaguirre, en el ejercicio de su mandato convencional, constitucional y legal, con independencia funcional, técnica y de criterio; ante los hechos suscitados en el marco de la instalación del proyecto de la represa multifuncional El Tablón, se pronuncia en los términos siguientes:
- El Conadeh nota queelEstado,a través de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), se encuentra en proceso de instalación del proyecto multipropósito “El Tablón”, ubicado sobre el río Chamelecón, en el departamento de Santa Bárbara, en el límite entre los municipios de Quimistán y San Marcos.
- Durante las primeras etapas de este proyecto, el Estado sostuvo reuniones con diversas organizaciones comunitarias y realizó tres cabildos abiertos en el municipio de Quimistán, con el propósito de obtener el consentimiento de la población. No obstante, en dichos cabildos la comunidad expresó su negativa a la instalación del proyecto, señalando que afectaría la productividad de su ganadería, agricultura y producción avícola. Asimismo, las comunidades interpusieron un Recurso de Amparo ante la Corte Suprema de Justicia con el objetivo de frenar la ejecución del proyecto, el cual, a la fecha, no ha sido resuelto.
- Aunado a lo anterior, las comunidades afectadas han realizado diferentes protestas, siendo la más reciente la del 21 de julio de 2025. Durante esta manifestación fueron desalojadas por agentes de la Policía Nacional con tanquetas de agua, acción que derivó en la remisión de siete personas al hospital y seis detenciones de manifestantes.
- Al respecto, el Conadeh recuerda que la población de Quimistán es indígena, por lo que gozan del derecho a la Consulta Previa, Libre e Informada (CPLI) cuyo objetivo es garantizar el derecho su autodeterminación y su facultad de decidir sobre la procedencia o no de megaproyectos. Por lo tanto, el Estado tiene la obligación internacional de proteger y garantizar los derechos de las comunidades afectadas, en particular respecto de sus actividades tradicionales, su relación espiritual con el territorio, sus prácticas productivas y económicas, y sus formas de subsistencia. Además, en caso de que el proyecto obtuviese el consentimiento, el Estado sigue obligado a garantizar las medidas de reparación e indemnización tales como planes de reasentamiento y las compensaciones de justiprecio.
- Por tanto, el Conadeh recomienda a la ENEE: a) Respetar y acatar la voluntad expresada por las comunidades afectadas en los cabildos abiertos. En caso de celebrar eventuales procesos de consulta, los mismo deben ajustarse a los estándares de la Consulta Previa Libre e Informada; b) Garantizar el diálogo y la búsqueda de acuerdos de buena fe con las comunidades; y, c) Asegurar la transparencia y acceso a la información relevante sobre el proyecto. A la Corte Suprema de Justicia: a) Resolver el Recurso de Amparo, garantizado su tramitación conforme a los estándares de efectividad, celeridad y bajo un plazo razonable.
***Tegucigalpa, M.D.C., 22 de julio de 2025***
