Tegucigalpa – Hoy inició el proceso de traspaso del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantaríllanos (SANAA) a las alcaldías, más conocido como municipalización de agua, el cual se acompaña con protestas, críticas y amenazas de impugnación del proyecto.
El regidor municipal por el Distrito Central, Rafael Barahona, aseguró que “la municipalidad se ha estado preparando desde el año pasado que inició el proceso”.
Agregó que ya han capacitado al equipo técnico de la municipalidad y cuentan con una disponibilidad de más de 70 millones de dólares, financiados por organismos internacionales y el gobierno para la ejecución del proyecto.
Asimismo, indicó que en la Alcaldía han establecido un modelo de gestión, “completamente público para el manejo del agua, en virtud que los excedentes no van a enriquecer a un particular, sino que servirán para proyectos de agua y saneamiento de la capital”.
Barahona certificó que las tarifas por este servicio, “se mantendrán estables por lo menos dos años, además vamos a volver el sistema más eficiente”.
Adicionó que “en vez de operar con mil 400 trabajadores, se va a operar con 800, que son los que necesita el sistema para operar en el Distrito Central”.
Impugnación
Ante la situación de municipalización del agua, el presidente de la Asociación de Juntas de Agua de la capital, Manuel Amador, anunció que se apersonarán a la Corte Suprema de Justicia para hacer efectiva una impugnación a este proceso.
“Estamos preocupados con la municipalización del agua, en el acta que ellos firmaron anteriormente para el traspaso, ya que hay unas condiciones previas a la firma del acta notarial que no se ha cumplido”, expresó.
Refirió que para este proceso se tenía que “preparar personal, incluso técnico, pero están incumpliendo todo este tipo de condiciones”.
Acotó que tampoco se están comprometiendo a pagar el pasivo laboral de las personas que han venido trabajando para el SANAA y “prácticamente los trabajadores están en la calle y sin derecho alguno”.
“Por todo esto, nosotros vamos a impugnar ante la Corte Suprema de Justicia, mediante acto reclamado y enjuiciar criminalmente a este tipo de usuarios que irresponsablemente quieren hacer esta firma”, advirtió.
Además anunció que “vienen las sanciones respectivas de todas las juntas de agua de la capital porque no les vamos a ceder este espacio y que el agua sea entregada a la empresa privada”.
Brazos caídos
Debido a los anuncios que la alcaldía ha realizado de que solamente se requiere de una población laboral de 800 personas y no más de mil 500 como funcionan actualmente, empleados del SANAA se encuentran “de bazos caídos”.
El vicepresidente del sindicato de SANAA, Óscar García, confirmó que se encuentran en el plantel o las instalaciones, pero “de brazos caídos y a la espera de lo que pueda ocurrir porque hoy se firma el traspaso”.
“Nosotros estamos vigilantes a que se cumpla con los derechos laborales de todos los que laboramos para el SANAA”, acotó al indicar que el pasivo laborar a nivel nacional es de uno cinco mil millones, pero sólo en Tegucigalpa es de unos cuatro mil millones.
Son mil 557 los empleados que pertenecen a la metropolitana.
García refirió que hoy se firma el traspaso, pero que la alcaldía todavía no toma el control de los activos de la institución porque para ello se requiere de un proceso.
Protestas
Empleados del SANAA que se encuentran suspendidos y miembros de las juntas de agua protestaron a inmediaciones del parque El Obelisco, exigiendo el pago de sus derechos y una respuesta de reintegro.
Pablo Rodríguez, uno de los empleados afectados, dijo que la protesta es porque se encuentran suspendidos desde hace cuatro meses y sin pago para sostener a sus familias.
En ese sentido remarcó que “esta será una lucha hasta que la empresa nos diga cuando y como nos va a pagar”.
De su lado, Adalid Irías de la Comisión de Protección al Consumidor, calificó como “preocupante que de entrada estén hablando de un suboperador para que administre y maneje el agua potable en el Distrito Central”.
