Tegucigalpa – Honduras cuenta con una especie de ejército irregular conformado por guardias privados de “compañías” de seguridad que operan al margen de la ley, sin permiso y mucho menos certificación alguna.
-El diputado Bernardo Enrique Yllescas, estima que los 700 grupos armados irregulares manejan alrededor de medio millón de armas, muchas de las cuales circulan ilegalmente.
Diversos sectores de la sociedad hondureña urgen al Congreso Nacional para que apruebe la nueva ley que regulará a las más de mil empresas de seguridad privada que operan en el país, de las cuales unas 700 actúan ilegalmente.
Diputado Enrique Medina Yllescas
Según el vicepresidente del Congreso Nacional Bernardo Enrique Medina Yllescas, unos 100 mil hombres laboran para las empresas privadas de seguridad que operan en el país y que cuentan con más armas que las poseen las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Esta afirmación también es compartida por miembros de la comisión depuradora de la policía hondureña quienes debatieron y socializaron la Ley de Portación de Armas con los congresistas actuales.
Ese sobre armamentismo plantea la necesidad urgente de regular el funcionamiento de las llamadas “compañías de seguridad” a través de una ley que ya está en Congreso Nacional y que es parte del marco de las reformas al sistema de seguridad del Estado.
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Sin control
El dirigente de la sociedad civil y miembro de la Comisión Especial para el Proceso de Transformación y Depuración de la Policía Nacional, Omar Rivera, aseveró que el número de agentes con las que cuentan las compañías de seguridad privada, supera con creces a la totalidad de miembros de las Fuerzas Armadas y a los de la institución policial, juntos.
“Ellos manejan más de 100 mil hombres y mujeres que prestan servicios de seguridad sin los rigurosos procesos de control”, aseveró Rivera.
Insistió en que se debe ejercer control y supervisión sobre el desempeño de las empresas privadas de seguridad y las policías locales que dependen de las municipalidades, y para ello ya se cuenta con un documento, en buena parte, consensuado.
A juicio de Rivera, esa potencial ley viene a llenar un gran vacío pues “estas empresas privadas de seguridad son muy grandes, pese al registro oficial que indica que hay unos 30 mil agentes de empresas de seguridad privada, que aseguran que –extraoficialmente- cuentan con una nómina entre 80 mil y 100 mil hombres y mujeres a lo largo y ancho del país, son un enorme contingente, un verdadero ejército, aún más grande y poderoso que las Fuerzas Armadas y Policía Nacional juntas, por lo que es inadmisible que no sean debidamente certificadas y supervisadas” apostilló.
En ese sentido, con la nueva ley que está para discusión y aprobación en el Congreso Nacional, se busca regular que el recurso humano que presta su servicio para esas empresas esté garantizado, certificado y no tenga antecedentes penales.
Además, en el proyecto de la ley se establece que las armas que utilizan esas agencias deben estar debidamente inscritas en el registro balístico.
Igualmente se exige a los propietarios de esas agencias privadas de seguridad a que respeten los derechos laborales de los empleados, lo que incluye el pago de sus prestaciones y que no se cometan abusos en las jornadas de trabajo, violaciones recurrentes en la actualidad.
Según los registros de la Secretaría de Seguridad, en Honduras operan unas 900 compañías privadas de seguridad, las que cuentan con unos 75 mil hombres.
Abusos laborales
Diputados de diversas bancadas consultados, indicaron que hay muchos abusos que cometen los propietarios y gerentes de esas empresas que van en detrimento de los guardias de seguridad privada.
Agregaron que incluso hay denuncias que varias de esas empresas son dirigidas por exoficiales de la Policía y de las Fuerzas Armadas que han sido depurados.
Las quejas y denuncias en contra los propietarios de varias empresas de seguridad privada, por violaciones a los derechos laborales de sus empleados son constantes en los medios de comunicación.
Fernando, empleado de una empresa de seguridad privada que presta los servicios en el resguardo de farmacias, ventas de pollos y comercialización de ropa, entre otros negocios, aseguró que las violaciones de los derechos laborales son tales que los empleados no cuentan con ninguna previsión social mínima.
Agregó que en muchos casos no pagan el décimo cuarto salario ni el aguinaldo y tampoco les otorgan vacaciones, además de que en varios casos los obligan a excederse de su jornada de trabajo sin que se les reconozcan las horas extras.
Los guardias privados desempeñan un papel protagónico en zonas donde la seguridad del Estado no logra dar cobertura.
Indicó que varias empresas de seguridad privada lo que hacen para evitar ser sancionadas es contratar a empleados únicamente por un lapso de dos meses, que es el período de prueba, y luego los despiden y después de un tiempo los vuelven a llamar y así los mantienen en ese círculo vicioso aprovechándose de la necesidad que afrontan los guardias en un país donde los problemas de empleo superan el 40 por ciento en relación con la Población Económicamente Activa.
Una queja constante acerca de las agencias de seguridad privada es que la empresa o institución que los contrata le paga a la compañía, pero los propietarios o administradores no cumplen sus obligaciones a tiempo en cuanto al desembolso de los sueldos a sus trabajadores que tampoco cuentan con un seguro de vida, a pesar de la alta peligrosidad que representa resguardar un negocio. Decenas de guardias han muerto simplemente porque los delincuentes quieren robarles el arma de reglamento.
Asimismo, es un reducido grupo de empresas las que ofrecen capacitación a sus empleados y muchas por el contrario les cobran a sus empleados hasta las municiones que requieren durante sus jornadas laborales.
“Existen múltiples denuncias que estas empresas privadas de seguridad operan ilegalmente, violan los derechos laborales de sus empleados y ejecutan operativos que son facultad exclusiva de los entes operadores de justicia”, afirmó el dirigente de sociedad civil Omar Rivera quien acotó que esas compañías también utilizan equipamiento y vehículos que se asemeja al de la Policía Nacional, Ministerio Público y Fuerzas Armadas.
“Andan patrullando en carros con luces intermitentes y hasta existen acusaciones que algunos agentes investigan, dan seguimiento y hasta capturan en algunas regiones del país y eso es inadmisible”, cuestionó.
Guardias son contratados para brindar seguridad en zonas residenciales.
Grupos armados irregulares
El vicepresidente del Congreso Nacional y vicepresidente de la comisión de seguridad y prevención ciudadana, Bernardo Enrique Medina Yllescas, manifestó que, en la socialización de la ley, se han tomado en cuenta las casi 700 compañías sin permiso de operación que están activas en el país.
Acotó que existen alrededor de 350 empresas que son las que operan de manera legal en Honduras, pero las irregulares son unas 700 las que manejan cerca de medio millón de armas en el mercado, muchas de las cuales circulan de manera ilegal.
Indicó que las empresas legales con o sin fines de lucro no van a tener ningún problema con la nueva ley, el conflicto lo afrontan las empresas que no tienen las armas registradas, no cuentan con el permiso de la Secretaría de Seguridad, no poseen la constitución de sociedad, ni cuentan con permisos de parte de las municipalidades.
Principal unidad de almacenamiento de la policía en Tegucigalpa. Las armas han permanecido en este depósito durante años.
Advirtió que para esos grupos armados al margen de la ley, sólo habrá dos opciones, o se legalizan o desaparecen, pero “esta es una bomba de tiempo porque contratan gente que tienen problemas de antecedentes penales o policiales, han asesinado gente en sus pueblos o en sus aldeas y por eso aceptan cualquier tipo de prebenda económica que no se le puede llamar salario, muchos de ellos están ganando cinco mil o seis mil lempiras sin derecho a absolutamente nada, estos grupos no tributan y por ende no le generan ningún tipo de beneficio a su colaborador porque tampoco se le puede llamar empleado”.
En ese sentido, la regulación va orientada a brindar un ambiente seguro a la ciudadanía en general, al empresario serio y responsable y a las personas que necesitan un trabajo digno, externó.
Insistió que esas más de 700 empresas de seguridad sin los permisos regulares, “no respetan a nada ni se fundamentan en nada, cómo van a estar respetando el clima laboral si ni siquiera respetan a la autoridad”.
“Venimos drásticos, lo digo en mi condición de vicepresidente del Congreso Nacional y vicepresidente de la comisión de seguridad, venimos enfocados en regular todo este tipo de situaciones”, comentó Medina Yllescas, quien aseguró que se les está dando la oportunidad a esos 700 grupos armados irregulares para que busquen legalizarse ya que de lo contrario van a desaparecer.
Policía decomisan armas a pandilleros que se hacían pasar por guardias de seguridad.
Apremia aprobación
Reiteró que la socialización de la ley continúa e incluso a algunos de esos grupos armados se les ha permitido que se acerquen y lo mismo ocurre con aquellas empresas legales con o sin fines de lucro pues se aspira a que se establezca un ambiente de consolidación, de generación de empleo, de desarrollo socioeconómico en beneficio de las necesidades que se están dando, justificó.
En ese sentido, Medina Yllescas estimó que la ley se aprobaría en el próximo mes de junio.
Muchos sectores del país, como la Comisión Especial para el Proceso de Transformación y Depuración de la Policía Nacional y organizaciones de la sociedad civil consideran que la aprobación de la ley para regular las empresas de seguridad privada no debe dilatarse más en la Cámara Legislativa.
En ese sentido, se espera que una vez pasado el período del feriado de Semana Santa el dictamen de la ley sea sometido a discusión ante el pleno del Congreso Nacional.
