Tegucigalpa, Honduras. Fieras con poder transitorio se defienden como políticos panza arriba: chillan, gruñen, patalean, bloquean… pero no rinden cuentas. Para ellos, la exigencia ciudadana es un ataque, no un derecho.
Se enamoran de puestos de cuatro, cinco y siete años, como si el cargo público fuera una estirpe de nacimiento.
En 2011, Antoni Gutiérrez-Rubí escribió que “la política democrática está cada vez más vigilada por los ciudadanos”. Tenía razón. Pero a las autoridades no les gusta que las vigilen: cuestionan y atacan. Alegan que “antes no vigilaban”, que “esa corrupción siempre ha existido” o que “solo los atacan porque no son ellos los del poder”. Excusas recicladas de un manual que conocemos de memoria.
Se muestran tolerantes con la corrupción, pero intolerantes con el pueblo. Ese es su verdadero himno.
En Honduras, el ánimo fiscalizador que llegó tarde… pero llegó. ¿Cómo no? Si cargamos 12 años y 4 meses de narcodictadura, con un expresidente preso en Estados Unidos por narcotráfico y con un Gobierno que sigue promoviendo y apañando una corrupción generalizada, que encierra la gestión pública en cajas fuertes y que nos mantiene con un Índice de Percepción de la Corrupción que nos exhibe como uno de los peores del istmo.
¿Y aún se atreven a quejarse de que exigimos cuentas? Pobres. No entienden que el “soberano” ya no se conforma con promesas, por más pauta que negocien.
Como advierte Gutiérrez, los medios perdieron el monopolio de la información, al igual que la política perdió el privilegio del poder absoluto. Hoy se puede informar sin medios y hacer política sin partidos. Y eso incomoda, pues del control pasaron al descontrol.
Esas fieras pasajeras se enfrentan contra la sociedad civil y la prensa. No soportan al CNA ni a la ASJ por meterles lupa en la gestión pública. Prefieren atacarlos antes que abrir sus cuentas. Igual pasa con los medios: es más fácil llamarlos “sicarios de la verdad” que explicar con pruebas en qué se gastaron los fondos públicos.
Pero más les vale que se vayan acostumbrando a la vigilancia, a los datos abiertos, a las auditorías, a hacerse a un lado para que el pueblo acceda a la información.
El autor advierte que el paisaje político se ha teñido de desconfianza, indignación y desesperanza. Ese es el mayor peligro: que el hartazgo con los políticos se convierta en hartazgo con la política y la democracia misma. Que la gente deje de creer en elecciones libres, transparentes y justas, y que la indiferencia termine abonando a gobiernos sin brújula, convencidos de que el pueblo les debe a ellos… y no al revés.
La salida es clara: participación activa y vigilancia constante. No basta quejarse, hay que fiscalizar cada lempira, cada voto, cada decisión… aunque sigan chillando.
Gutiérrez lo anticipa: “La política será vigilada, observada, escrutada… porque ya se puede, como nunca antes en la historia”. La era del “todo para el pueblo pero sin el pueblo” está muriendo. Y quienes no entiendan que hoy hay un ejército cívico, invisible, múltiple y sin reverencias, terminarán aplastados por la historia.
En la política vigilada y la democracia vigilante está verdaderamente el arma para luchar contra funcionarios con la corrupción arraigada, que se creen invencibles simplemente porque no son los de antes, sino los de ahora.
