A la ceremonia asistieron el vicepresidente hondureño, Elvin Ernesto Santos, y la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Vilma Morales, entre otros invitados.
El defensor del pueblo hondureño expresó que son «erróneas» y «sin fundamento jurídico», las afirmaciones de algunos miembros de los cuerpos de seguridad pública cuando dicen que «la defensa y protección de los derechos humanos, sólo favorece a los delincuentes y siempre perjudica a las víctimas del delito».
Esas afirmaciones han causado «una grave confusión entre la población, de ahí la necesidad de exponer algunas razones que le devuelvan la razón a la razón», subrayó.
«La creencia de que la defensa y protección de los derechos humanos beneficia sólo a los delincuentes, lo repito, es falsa, todos, sin distinción, tenemos el mismo derecho para gozar de todos y cada uno de los derechos consagrados en la Constitución de la República de Honduras», acotó Custodio.
En lo que respecta a la justicia, indicó que «debe ser efectiva, pronta y expedita», mientras que «el Ministerio Público, como representante social, debe brindar orientación adecuada y ser una institución eficiente en la protección de la sociedad».
Custodio señaló que es aberrante pensar que una política de seguridad ciudadana pueda consistir en tolerar, por ejemplo, detenciones ilegales o arbitrarias o en desconocer los derechos del detenido o procesado, o de la propia víctima.
«Al contrario -la política de seguridad- debe garantizar un equilibrio entre los derechos del delincuente y los de la víctima, así como con los de la sociedad en general, que espera que el delito sea investigado y sancionado para evitar la impunidad en cualquiera de sus formas», añadió.
Dijo que un alto porcentaje de las quejas presentadas en las comisiones de derechos humanos es de víctimas que han quedado desamparadas ante la impunidad, la inacción o ineficiencia del sistema de procuración y administración de justicia.
Custodio considera que ni la defensa ni la protección de los derechos humanos son un obstáculo para prevenir, combatir y controlar el crimen, y que la impunidad por ineficiencia de la policía también genera violencia.
En Honduras, enfatizó, se requiere el interés del Estado y la sociedad para que la formación del policía se oriente hacia el respeto al orden legal y de los derechos humanos de todas las personas.
También hace falta la dignificación de la actividad policial, porque el policía es un servidor público encargado de la seguridad; la participación de la sociedad en la evaluación de sus necesidades, así como en los planes de seguridad pública y «la adopción, por parte de los cuerpos policiales, de códigos de conducta o de ética».
La semana de los derechos humanos finalizará el próximo 30 de octubre.
