“En el Bajo Aguán debe cumplirse con la Ley, porque si cada quien se toma la ley en su mano este país puede llegar a una tragedia indescriptible”, precisó.
Reconoció que allí hay un problema grave, por lo que recomendó al Poder Ejecutivo darle prioridad a la solución de ese conflicto.
Comentó que allí hay campesinos, que dicen que están armados, y hay autoridad que dicen que están haciendo desalojos.
Bajo esas circunstancias, reiteró que allí, tiene que haber una atención prioritaria y resolver a fondo la situación.
“No es proclamando que yo tengo la razón que vamos a resolver los problemas en este país, hay que entrarle a fondo en este problema”, enfatizó.
Se debe respetar el derecho a la libre circulación
Custodio también se refirió a las protestas que ejercen algunos grupos de presión y es del criterio que la toma de calles, la toma de puentes es prohibida por la ley porque todos tenemos derecho a la libre circulación.
“Yo no puedo decir que la policía comete un delito por cumplir sus obligaciones de mantener el orden público y el libre transito en las calles y carreteras de este país”, puntualizó.
El ombudsman hondureño recomendó a las autoridades gubernamentales ser más responsables y evitar retardos administrativos que luego terminan en protestas como las realizadas por los alumnos en el Instituto Central.
Agregó que es razonable que se atienda de inmediato, se discuta, se explique y se resuelva por qué se están dando tantas protestas en el país.
“Tampoco estoy diciendo, con esto, que la gente tiene derecho a tomarse los edificios, hospitales, ministerios, carreteras, calles o puentes, yo siempre he sido contrario a esa conducta antisocial”, aclaró.
Según Custodio la institucionalidad del Estado de derecho señala los caminos para la realización de una protesta.
Responsabilizó a quienes aprovechan y manipulan las protestas estudiantiles y juveniles de cometer un serio error político. “Nos dañan a todos porque todos tenemos derecho a la paz y a la seguridad”.
La Constitución de la República en los artículos 78 y 79, garantizan la libertad de asociación y el derecho de reunión, respectivamente, siempre que sean lícitamente ejercidos en forma pacífica y sin armas.
Estos derechos, según Custodio, se continuarán respetando siempre y cuando no se destruya la propiedad pública que nos pertenece a todos y la propiedad privada cuyos dueños también tienen sus derechos legítimos aella.
En la UNAH es necesario determinar quién tiene la legalidad y la justicia
En lo referente al conflicto interno en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), expresó que allí existe otro problema en donde una parte alega institucionalidad y legalidad y la otra parte que quieren la restitución de los empleados que fueron despedidos.
Explicó que él no ha intervenido en los asuntos universitarios porque ellos en su Ley Orgánica metieron la figura del Comisionado Universitario.
Al respecto, recordó que en su momento recomendó que no se creara esa figura porque eso rompería la jurisdicción nacional única que debe tener el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos.
Ahora tenemos un Comisionado Universitario que no lo hemos escuchado y una abogada que ha nombrado el señor Presidente de la República para que lo asesore en materia de derechos humanos y estas autoridades no han resuelto absolutamente nada, señaló.
En su criterio es necesario determinar quién tienen la legalidad y la justicia y si el patrono tiene derecho a despedir y lo hace en forma adecuada hay que respetar esas decisiones.
