Tegucigalpa – La comisión legislativa que investigó los 13 casos emblemáticos de corrupción en Honduras dejó pocas respuestas, una de las más destacas está ligada al hallazgo de pago de sobornos millonarios a un alto cargo del Ministerio Público. Igualmente se confirmó la existencia de cheques provenientes de empresas fantasmas a nombre de movimientos del oficialista Partido Nacional, así como del propio instituto político.
– Pocas respuestas ofreció la Comisión Multipartidaria, pese a la expectativa que se había creado en torno a 13 casos emblemáticos de corrupción.
– Diputados de todas las bancadas se mostraron insatisfechos por los resultados del informe y coincidieron que lo revelado “es algo que todo el mundo lo conoce”
– La muerte de más de una decena de mujeres por someterse a tratamientos adulterados en hospitales de la red sanitaria pública, fue uno de los pocos hallazgos.
En el caso del supuesto soborno al alto funcionario del Ministerio Público, la Comisión recomendó suspenderlo del cargo mientras se le sigue una investigación minuciosa. No se conoció el nombre de este funcionario y también se mencionó de la posibilidad de llamar a interpelar a la Cámara al fiscal general del Estado, Óscar Fernando Chinchilla.
La malversación de fondos públicos amparados en el proyecto denominado Cuarta Urna también fueron retomados por los diputados, quienes detallaron los abusos de autoridad y malversación de caudales públicos.
La comisión ofreció una serie de recomendaciones que se encaminan a pedir mayor diligencia, especialmente al Poder Judicial, Tribunal Superior de Cuentas y luego al Ministerio Público.
Con un retraso de más de cuatro horas los comisionados legislativos multipartidarios llegaron a la Cámara e iniciaron una perorata cronológica que fue leída por el coordinador Mario Pérez, nacionalista de Santa Bárbara.
Iniciaron relatando detalles de investigaciones en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) en las que dijeron existen 21 líneas de investigación, 14 en proceso de investigación y seis judicializadas.
Entre los casos judicializados se mencionó lo que todo el pueblo conoce:compra sobrevalorada de ambulancias, afiliación del Migrante (compra sobrevalorada de pasajes aéreos-cero resultados), Transferencias entre regímenes, Coimas a viceministros, empresas fachadas o de portafolio y el contrato Dimesa.
También se comunicó sobre las líneas de investigación abiertas: falsificación de incapacidades, obras de desarrollo físico, contrato Swichtf-Core, contrato Mofihss, compra de pasajes aéreos, declaración del ex presidente de la República Porfirio Lobo Sosa, coimas Naco, equipo de hemodinamia, deducciones a empleados del IHSS, influencias a altos funcionarios del Ministerio Público, contrato JC Maradiaga, contrato Sistema de Digitalización (Cosem), proveedor inversiones Sierra y los cheques al Partido Nacional.
El aporte de nuevos elementos en el descalabro financiero del Seguro Social fue casi nulo, al menos eso se colige del informe presentado la noche del jueves.
En el apartado de las coimas, el informe cita que otro miembro de la Junta Directiva del IHSS, representante del sector empresarial, ejerciendo su cargo directivo, solicitó y recibió soborno de $692 mil para agilizar pagos a la empresa Cosem.
Muerte de mujeres por tratamientos vencidos
Otro de los puntos del informe se refiere a la investigación mediante denuncia de la Procuraduría General de la Republica en 2015, en relación a procesos de licitación que violentaron las normativas legales para la compra de medicamentos en distintos hospitales del país.
Existen 24 líneas de investigación y corresponde a distintos departamentos del país, en algunos casos hay sobrevaloración más de un cien por ciento (100%) en algunos casos.
En algunos casos los medicamentos no llegaron al lugar donde correspondían, existieron compras fraccionadas, productos vencidos, productos de mala calidad que pudieron haber causado la muerte entre 11 y 13 mujeres por óvulos en mal estado.
Soborno a alto funcionario La comisión informó que se abrió una línea de investigación, por supuesto soborno a un funcionario del Ministerio Público, el cual fue entregado por personas investigadas en actos delictivos cometidos en el caso del IHSS. Por este caso se presentó requerimiento fiscal en fecha 3 de junio contra Roberto Cardona, quedando pendiente de decisión fiscal la situación del funcionario activo del Ministerio Público. En este caso el MP ha concluido una línea de investigación, quedando pendiente la tramitación del respectivo juicio. La comisión recomienda al Ministerio Público que de existir los méritos legales suficientes contra el alto funcionario de la Fiscalía proceda a ejecutar las acciones legales correspondientes. En el caso de los asesinatos de Alfredo Landaverde y Alfredo Villatoro, apenas se mencionaron detalles conocidos por la opinión pública. Nada nuevo y trascendental en las diligencias de la Fiscalía hondureña.
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Recomendaciones principales
La comisión señala que queda a criterio del pleno la comparecencia del Fiscal General a ese poder del Estado, por cualquiera de los mecanismos legislativos existentes.
Además, que el alto funcionario dentro del Ministerio Público, sea apartado de sus funciones mediante cualquier acción administrativa, mientras está en proceso de investigación la denuncia presentada en su contra, para no influir ni incidir en este proceso de investigación y para que la misma sea trasparente.
Sugieren a los operadores de justicia: Secretaría de Defensa y Seguridad, Ministerio Público, Poder Judicial, Procuraduría General de la República y Tribunal Superior de Cuentas, que actúen de forma coordinada en la investigación, procesamiento y enjuiciamiento de todos los casos de corrupción para lograr que no queden en la impunidad.
Que a la brevedad posible se discutan y aprueben las reformas legislativas necesarias a fin de adecuar nuestro sistema legal en consonancia con la política de combate a la corrupción.
Y finalmente, que el presidente del Congreso instituya con carácter de permanente a esta Comisión a efecto de darle seguimiento a todas las recomendaciones planteadas en el informe.
La Comisión Multipartidaria estuvo conformada por los nacionalistas: Mario Alonso Pérez, David Guillermo Chávez y Renán Inestroza; los liberales: Hugo Hernández y María Aracely Leiva; de Libre: José Edgardo Castro, Edgardo Antonio Casaña; del PAC: Jaime Enrique Villegas, Marlene Alvarenga; de la bancada independiente: Audelia Rodríguez Rodríguez; del Pinu: Doris Alejandrina Gutiérrez; de la UD: Edwin Roberto Pavón; y de la DC: Augusto Cruz Asensio.
La lectura del informe duró dos horas y todo el documento fue leído por el parlamentario Mario Pérez.
