Managua – La Comisión de la Verdad, Justicia y Paz lamentó este martes la posición de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) de no aceptar ser «testigo y acompañante» en el diálogo entre el Gobierno y la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia para encontrar una salida a la crisis local.
«La Comisión de la Verdad, Justicia y Paz lamenta la posición de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, de inhibirse de participar en calidad de testigos en el encuentro por el entendimiento y la paz», informó el organismo en un comunicado.
La CEN declinó el viernes una invitación para participar como testigo y acompañante en las negociaciones, tras haber ejercido como mediadora en el diálogo nacional iniciado en mayo pasado, y que el Gobierno abandonó en julio, cuando el presidente Daniel Ortega acusó a los sacerdotes de apoyar un supuesto «golpe de Estado fallido».
La Comisión de la Verdad, criticada por diversos sectores que dudan de su trabajo y su independencia del Gobierno, señaló al Episcopado de fallarle a Nicaragua.
«Eludir esta oportunidad es faltar a la responsabilidad histórica y al anhelo de paz de los nicaragüenses», según se lee en el comunicado.
El mismo mensaje fue dedicado a la Alianza Cívica por parte de la Comisión de la Verdad.
La Alianza anunció el domingo pasado su retiro de las negociaciones y se mostró dispuesta a retornar «una vez que el Gobierno de Nicaragua brinde al país muestras contundentes para encontrar soluciones integrales a la crisis que vive el país y que contribuyan al ambiente de paz».
Entre las muestras de «buena voluntad» que reclama la Alianza al Gobierno está la liberación de los manifestantes presos por participar en protestas contra el presidente Daniel Ortega, y el restablecimiento de las libertades públicas.
El Gobierno ratificó este martes el «invariable compromiso del Estado nicaragüense con la mesa de conversaciones, según lo acordado en la hoja de ruta firmada el día 5 de marzo del 2019», que no incluye la discusión de los temas centrales, como son la justicia para las víctimas de la crisis y el retorno a la democracia.
La apertura del Gobierno se da cuando penden sobre Nicaragua sanciones de Estados Unidos con la Ley Magnitsky Nica y la amenaza de la Unión Europea de otras medidas similares contra Ortega y sus allegados.
Nicaragua sufre una grave crisis que ha dejado 325 muertos desde abril del año pasado, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque algunos grupos locales humanitarios elevan a 561 las víctimas mortales, mientras que el Ejecutivo solo reconoce 199 y denuncia un intento de golpe de Estado.
Organismos humanitarios además reportan de 340 a 777 detenidos, cientos de desaparecidos, miles de heridos y decenas de miles en el exilio.
El Consejo Permanente de la OEA ha comenzado a aplicar la Carta Democrática Interamericana (CDI) a Nicaragua, lo que podría culminar con su suspensión del organismo continental.
