Tegucigalpa – El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), insistió en reformar y ampliar la vacatio legis del nuevo Código Penal que entra en vigencia el 10 de noviembre del presente año.
“La posición del Cohep es la misma que se amplíe la vacatio legis y que deba haber una reforma integral de la misma”, declaró en conferencia de prensa el director ejecutivo del Cohep, Armando Urtecho.
Relató que 12 días después de la publicación del Código Penal en el diario La Gaceta, Cohep propuso una vacatio legis de dos años, es decir, los seis meses previos a la vigencia y los 18 meses posteriores.
“Nadie acompañó la propuesta del Cohep y hoy hay varios sectores que piden que se extienda el plazo la cual consideramos que es correcto porque algunos ni siquiera los han leído”, aseveró.
El directivo del Cohep consideró que debe ser tomado en cuenta la opinión del Poder Judicial antes de que entre en vigencia.
Enfatizó que el Código Penal debe ser un instrumento que dé certeza a las personas, protección de bienes y la seguridad jurídica que mande un mensaje que se adapte a la realidad hondureña y se sobrepongan a los problemas.
Urtecho indicó que es difícil aceptar el criterio de los legisladores para que hayan reducido penas y que solo entorpece la justicia.
Medidas anticrisis
Siguió que el Cohep presentó en mayo al gobierno hondureño un planteamiento de anticrisis para reducir el impacto de la desaceleración económica.
Lamentó que la respuesta del Gobierno a la propuesta fue convocar mesas de trabajo con secretarios del Estado cuyas reuniones se fueron diluyendo con el tiempo.
“Los ministros no están haciendo su trabajo y el planteamiento anticrisis los hicieron cuando tienen la soga en el cuello”, dijo.
Por su parte, el gerente de política económica del Cohep, Santiago Herrera, afirmó que el problema de la desaceleración económica es a nivel de Latinoamérica.
Indicó que el crecimiento económico del país será de 2.5 % basado en las proyecciones del Banco Central de Honduras (BCH).
Detalló que la desaceleración se acentuó por sequías, las exportaciones y caída de precios en el café y aceite de palma.
Añadió que otro problema es la falta de seguridad jurídica a las inversiones por protestas, saqueos, medidas anunciadas por funcionarios.
