– El Código Procesal Penal es una ley para países desarrollados, se quejó Iván Mejía.
– La crisis política y luego la situación a lo interno de la Policía han obstaculizado el eficiente desarrollo de la DNIC.Los últimos crímenes emblemáticos, aún sin resolver, como los del zar antidrogas Julián Arístides González; el del ex jefe de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico, Alfredo Landaverde; el del periodista y coordinador de noticias de HRN, Ángel Alfredo Villatoro; el de la abogada Judith Alemán; el dos estudiantes universitarios; así como los más recientes, el del defensor humanitario Antonio Trejo Cabrera y el fiscal de los DDHH Manuel Díaz Mazariegos, son solo algunos ejemplos de la impunidad que reina y campea en Honduras.
Aunque gracias a algunas diligencias, en los casos anteriormente descritos, se ha logrado llevar a presuntos hechores materiales a recaudos carcelarios, se conocen muy pocos detalles sobre el origen de los crímenes, así como de sus autores intelectuales.
Además, cerca de 80 abogados han perdido la vida en forma violenta en los últimos tres años, en la mayoría de los casos no hay culpables tras las rejas.
El gremio periodístico también ha sido otro sector vulnerable frente a la criminalidad. Más de 30 comunicadores sociales fueron asesinados en los últimos cinco años, según datos oficiales del estatal Comisionado de los Derechos Humanos (Conadeh).
El mismo informe detalla que más de 51 mil hondureños engrosaron las estadísticas violentas desde el año 2000, siendo el 2011 el más violento con 86.5 homicidios por cada 100 mil habitantes, lo que ubica a Honduras como la nación más mortífera del mundo en una zona que no está en guerra.
Sobre los asesinatos emblemáticos “Lo que sucede es que vivimos en una sociedad donde las personas quieren saberlo todo y no es factible, tampoco es posible. Tenemos que educar a la gente que los interesados en saber cómo va un proceso investigativo, son en primera línea, los parientes de las víctimas y no el público en general… cuando las cosas se hacen del conocimiento público se pierde todo el peso procesal”, recalcó. El encargado de las comunicaciones de la Policía, ejemplificó que ya saben perfectamente quienes asesinaron recientemente a un periodista, “pero, ¿de que nos sirve decirlo si no lo hemos capturado aún?, además nos falta un elemento esencial para poderlo enjuiciar. Si usted analiza cuántos casos de comunicadores sociales se han judicializado, se encontrará que hay un alto nivel y algunos ya condenados”.
El vocero de la Policía hondureña, Héctor Iván Mejía Velásquez, dijo a Proceso Digital que muchos detalles en la investigación criminal no trascienden, pero descartó que esta unidad no haga bien su trabajo, pese a que la mayoría de los crímenes en este país centroamericano quedan en la impunidad.
Principales obstáculos en la investigación “Tiene que haber una revisión del sistema jurídico que impida que algunos delitos se sigan cometiendo con altos niveles de impunidad por las falencias que presenta la ley, principalmente cuando se refiere a delitos transnacionales”, dijo el vocero. Reiteró que a la DNIC y a la Policía no se le han dado los recursos tecnológicos, ni financieros, para funcionar. “Aún donde funciona la DNIC es un edificio alquilado, pero en este período se ha logrado comprar una instalación para poder trasladar a este cuerpo de investigación”. Asimismo, citó que hace cuatro años se determinó fortalecer a la Policía de Investigación, pero con la crisis política e institucional del cuerpo policial no se ha logrado avanzar. “A la DNIC le ha tocado atravesar esas falencias, lo que miramos es que terminamos atacando al más débil y no necesariamente al verdadero problema”. Mejía atribuyó al factor económico el principal obstáculo para operar eficientemente la DNIC, al tiempo que agregó que “tenemos el enorme problema que casi a nadie le gusta abordar: lo del Código Procesal Penal que es una ley para países desarrollados y no para los del tercer mundo, donde no tenemos infraestructura para ponerlo en práctica y en el cual el único beneficiado es el delincuente, porque ellos tienen todas las garantías”, explicó.
Mejía Velásquez es del criterio que el uso de tecnologías les impide actuar de manera más apropiada en cuanto a la investigación, al tiempo que se quejó del acompañamiento en tiempo real que reciben del Ministerio Público en los tribunales de justicia.
Ciudadanía vulnerable Recordó que la investigación estuvo bajo el mando del MP durante doce años y no dio resultados apropiados. Acotó que “antes había una desventaja extrema por parte de las personas que eran detenidas; sus defensores cuando enfrentaban algunos juicios alegaban que había manipulación y no había equilibrio procesal, no había un contrapeso, todo lo manejaba el Ministerio Público y eso fue un error”. Sugirió que “si la Fiscalía quiere su unidad de investigación hay que dárselas y que la utilicen en aquellos casos concretos en los cuales crean que la pueden utilizar… la secretaría de Seguridad debe tener su policía de Investigación como ocurre en todos los países del mundo”. Mejía puntualizó que cuando la Policía de Investigación estuvo bajo la tutela del Ministerio Público, colocaron a la población en una situación vulnerable, se cometieron muchos errores, “nosotros fuimos testigos de los errores que se cometieron a lo interno de la Fiscalía cuando tenían la investigación criminal. Estuvieron casi dos años en casos investigativos que luego tuvo que venir el FBI (Buro Federal de Investigación) a decirles que estaban equivocados”, puntualizó.
Ante los constantes reclamos por parte de autoridades de la Fiscalía, quienes demandan que se les traspase de nuevo el cuerpo de investigación por el pobre accionar de éstos en manos de la Policía Nacional, Mejía Velásquez arguyó que “la Fiscalía reclama la Policía de Investigación porque sienten que no tienen el poder que deberían tener, porque son de la idea errónea que teniendo policías de investigación es que van a tener más poder; eso más bien los pondrá en una situación más vulnerable, porque ya no tendrán excusas de no dar resultados en los procesos investigativos”.
