Tegucigalpa- En un nuevo pronunciamiento público, la Coalición Ambiental de Honduras (COAH), expuso todos sus argumentos por los cuales rechaza el proyecto penitenciario que impulsa el Ejecutivo, para construir una cárcel de máxima seguridad en las Islas del Cisne.
-La cárcel en Islas del Cisne es catalogada por COAH como «ecocrimen».
-La zona alberga el Banco de Peces Rosalinda, el segundo arrecife más grande del mundo y es un santuario de tiburones.
Honduras se enfrenta a una creciente polémica tras la decisión del partido en el gobierno de seguir adelante con la construcción de un Centro Penitenciario de Máxima Seguridad en las Islas del Cisne, en el Mar Caribe.
Esta acción ha sido criticada por diversos sectores que acusan al gobierno de doble discurso y moral, ya que, a pesar de las advertencias sobre los riesgos ambientales, financieros, sociales y legales, la administración ha decidido proceder, expone el comunicado.
A lo largo de más de 70 pronunciamientos públicos, organizaciones de la sociedad civil y entidades públicas y privadas han manifestado su oposición al proyecto.
La Coalición Ambiental de Honduras (COAH), ha liderado estos esfuerzos, argumentando a través de diversos medios de comunicación los graves daños que la construcción causaría al entorno natural.
Costos elevados e impacto ambiental
Entre los puntos más destacados señalados por la COAH se encuentran los altos costos de construcción y mantenimiento del centro penitenciario, que se estiman en no menos de 2,000 millones de lempiras y cerca de 5,000 millones anuales, respectivamente. Además, el transporte de personal y visitantes a la remota ubicación de las Islas del Cisne implicaría costos significativos, con un estimado de 11,000 lempiras por persona para un viaje de ida y vuelta.
Desatención a la opinión técnica
La COAH ha subrayado que su opinión técnico-científica ha sido ignorada por las autoridades, incluyendo al ministro de la Secretaría de Recursos Naturales (SERNA) y el director de la Policía Militar de Orden Público (PMOP).
Estas instituciones, junto con otras entidades responsables de la protección de la biodiversidad, no han mostrado preocupación por el impacto ambiental del proyecto.
Riesgos ecológicos y legales
El proyecto, que pretende desarrollarse en un Parque Nacional Marino con una rica biodiversidad, ha sido catalogado por la COAH como un «ecocrimen». La zona alberga el Banco de Peces Rosalinda, el segundo arrecife más grande del mundo y es un santuario de tiburones. La COAH advierte que los impactos ambientales serán directos y devastadores para la fauna y flora locales, incluyendo especies endémicas y migratorias.
Además, la construcción del centro penitenciario violaría numerosas normativas nacionales e internacionales, entre ellas el Convenio sobre la Diversidad Biológica y el Convenio 169 de la OIT.
Rechazo social y continuación de la lucha
La COAH ha pedido en repetidas ocasiones audiencias con el ministro de la SERNA y la Presidencia de la República, sin éxito. Han publicado 45 temas sin resolver relacionados con el proyecto y han reiterado su disposición a buscar alternativas viables.
Asimismo, recuerda el escrito que la sociedad hondureña, en su mayoría, no apoya el desarrollo del proyecto y responsabiliza a la actual administración de los daños ambientales y las repercusiones económicas para los grupos étnicos y las comunidades costeras. La COAH continuará pronunciándose contra las violaciones y atropellos a la naturaleza, buscando medidas para un desarrollo adecuado de los proyectos.
La COAH, concluye que el gobierno de Honduras sigue adelante con un proyecto ampliamente criticado por su falta de viabilidad y los enormes riesgos que conlleva. La comunidad ambiental y gran parte de la sociedad hondureña han dejado claro su rechazo, mientras el mundo observa las repercusiones de esta controvertida decisión. LB
