Tegucigalpa – La Coalición Ambiental de Honduras (COAH) emitió un comunicado donde reitera su rechazo a la «Ley Especial de Fomento a las Inversiones por medio de la Eficiencia de los Procesos de Licenciamiento Ambiental», presentada por el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo el salvavidas de 156 mil empleos.
La COAH en cambio expresa profunda preocupación por el contenido, enfoque y forma en que se ha presentado esta propuesta legislativa, que actualmente se encuentra en su segundo debate.
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“Consideramos irresponsable y peligrosa la narrativa que plantea un falso dilema entre empleo e institucionalidad ambiental. Honduras necesita inversión y empleo, pero no a costa del debilitamiento de los controles técnicos, de la participación ciudadana ni de la integridad de los ecosistemas. No se puede hablar de sostenibilidad si se excluye a quienes históricamente han defendido el agua, los bosques y la vida frente a megaproyectos mal regulados”, cita el comunicado de los ambientalistas.
La red de organizaciones sociales, colegios profesionales, comunitarias, territoriales y ambientales, que integran la COAH recuerda en tal sentido que en Honduras ya existe una ley de licenciamiento ambiental.
“Por ello, rechazamos la falsa disyuntiva entre licencias ambientales y generación de empleo. La falta de una nueva ley no pone en riesgo los empleos, lo que verdaderamente los amenaza es mantener un modelo extractivo desordenado, sin reglas claras, sin transparencia ni consulta previa, que provoca conflictos socioambientales, incrementa la violencia y perpetúa la corrupción”, señaló la COAH.
Para esta coalición, el verdadero riesgo es una ley que legaliza la omisión de evaluaciones rigurosas. “Esta ley, tal como está redactada, debilita la institucionalidad, excluye la consulta previa, libre e informada, y abre paso a una aprobación acelerada de proyectos extractivistas sin garantizar derechos ambientales ni sociales”.
Asimismo, destacó que las decisiones legislativas deben basarse en evidencia, principios constitucionales y compromisos internacionales, no en cifras alarmistas sin sustento técnico ni estudios previos de impacto socioambiental.
Mediante el comunicado, los ambientalistas llaman a la Presidencia del Congreso Nacional a detener la iniciativa y abrir un verdadero proceso participativo, respetuoso y transparente, mientras que al Gobierno pide fortalecer las capacidades humanas y logísticas de la Secretaría de Recursos Naturales (Serna) e instituciones forestales, de minería y otras vinculantes, y no sustituir la protección ambiental con promesas de agilización sin control.
“A la ciudadanía hondureña llama a mantenerse vigilante, informada y activa frente a los intentos de legalizar el ecocidio. Honduras merece un desarrollo con justicia ambiental, no licencias sin responsabilidad. El desarrollo sostenible no se construye con leyes exprés, sino con reglas claras, participación y respeto a los derechos humanos y de la naturaleza”, finaliza el comunicado. VC
