Tegucigalpa – El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), denunció esta martes una trama de “corrupción legislativa” durante la aprobación del nuevo Código Penal que entra en vigencia el próximo 10 de noviembre.
– Se acusa penalmente a los diputados Mauricio Oliva, Mario Alonso Pérez, Tomás Zambrano, Román Villeda y el excongresista Alexander Agapito Rodríguez.
La directora ejecutiva del CNA, Gabriela Castellanos, dijo que luego de analizar las actas de aprobación del decreto 130-2017 (del Código Penal) procedieron a presentar una denuncia ante la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad y la Corrupción (UFECIC) porque se encontraron una serie de irregularidades cometidas durante la discusión, votación y aprobación de la nueva herramienta penal.
A criterio del CNA los parlamentarios incurrieron en delitos como abuso de autoridad y falsificación de documentos, siendo identificados como presuntos responsables los diputados: Mauricio Oliva, Mario Alonso Pérez, Tomás Zambrano, Román Villeda y el exdiputado Alexander Agapito Rodríguez.
Citó que el 17 de mayo de 2016 el diputado Mauricio Oliva presentó en la Cámara Legislativa el proyecto que contenía el nuevo Código Penal, dándose inicio a la discusión de los primeros siete artículos que se aprobaron en forma irregular sin contar con el respaldo de la mayoría simple (65 votos) como lo ordena la ley.
La funcionaria del CNA agregó que se dispensaron dos debates únicamente con el respaldo de 42 diputados, una abstención, 36 en contra y 49 no votaron, para un total de 128 diputados presentes en la Cámara.
Igualmente, señaló que al menos una treintena de artículos de la nueva normativa penal no contaron con el voto de 65 diputados que exige la Ley Orgánica de ese poder del Estado.
Más grave aún -citó Castellanos- hubo muchos artículos que se publicaron en La Gaceta bajo el decreto 130-2017 que nunca se discutieron en el hemiciclo.
“Entre las acciones más destacables y que concurren en la comisión de delitos fue cuando el 2 de agosto de 2017 los diputados presentes aprobaron con 70 votos a favor de los 128 diputados autorizados, las penas en los delitos contra la administración pública, específicamente la malversación de caudales públicos en sus diferentes modalidades, con penas que oscilaban entre los 6 y 9 años de prisión; sin embargo todo fue un plan concebido para delinquir, cuando el 8 de agosto de 2017 el exdiputado Agapito Rodríguez presentó una moción de reconsideración del acta del 2 de agosto, en donde ya se habían aprobado las penas de algunos delitos en contra de la administración pública; dicha acción jurídicamente era improcedente ya que la figura de reconsideración –en base al artículo 61 de la Ley Orgánica del CN- únicamente operará cuando se pretenda hacer una corrección de forma o redacción, pero en ningún momento el fondo del asunto, tal es el caso sobre la disminución de penas en artículos que garantizan el buen funcionamiento de la administración pública”, leyó Castellanos de un comunicado oficial.
Seguidamente, apuntó que el parlamentario Román Villeda sometió a votación la reconsideración del acta y la dio por aprobada con el voto favorable de solamente 52 diputados de los 128 autorizados, así se evidencia de la publicación del acta oficial del CN.
Varios representantes de sociedad civil, sectores organizados, dirigentes políticos y representantes de la iglesia católica acompañaron al CNA a realizar esta denuncia mediante una conferencia de prensa.
