El CNA llamó a todos los sectores políticos y económicos a unirse solidariamente con las aspiraciones de la ciudadanía para resguardar los derechos del pueblo hondureño a una Corte Suprema de Justicia que contribuya decididamente a hacer efectivo el Estado democrático de Derecho de Honduras.
En un comunicado, el CNA dijo que el estado constitucional de derecho vigente en Honduras atribuye a la Junta Nominadora la función pública de resguardar los derechos del pueblo hondureño a una CSJ imparcial, independiente, ética y socialmente responsable y efectiva.
“El Congreso Nacional tiene la atribución expresa de elegir (en primera o segunda elección) a los magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia solamente de esa nómina de candidatos y candidatas que le presentará la Junta Nominadora”, expuso el CNA.
Señaló que “el Congreso Nacional no está autorizado a elegir o reelegir aspirantes no incluidos en esa nómina y cualquier acto, en ese sentido, será constitucionalmente nulo, salvo que la Junta Nominadora no efectuase propuestas o lo hiciere en cantidad inferior al mínimo de cuarenta y cinco que constituye su obligación”.
“Lo establecido por nuestra Constitución responde igualmente a estándares internacionales que Honduras hace nacionalmente suyos y en los cuales se prescribe que cuando se permita la reelección de los magistrados y magistradas actuales, los aspirantes deben someterse al mismo procedimiento de selección único y predeterminado, bajo los principios y criterios de evaluación del resto de los aspirantes a ser electos. Esos estándares reiteran derechos ciudadanos y principios constitucionales hondureños sobre el derecho a la igualdad que ampara a los aspirantes, y prohíben, a ese efecto, toda discriminación”, añadió.
