Tegucigalpa- El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) presentó una denuncia en contra de una alta exfuncionaria del Poder Ejecutivo que fungió durante el periodo 2010 -2014, ante el Ministerio Público por el delito de malversación de caudales públicos.
El jefe de la Unidad de Investigación y Seguimiento de Casos del CNA, Odir Fernández detalló que después de haber conocido los hechos, abrió una línea de investigación en donde identificó que el 28 de junio del 2011 la exfuncionaria denunciada abrió una cuenta de cheques en una institución bancaria a nombre de la oficina que ella representaba.
Asimismo, dijo que se constató que la Secretaría de la Presidencia transfería mensualmente fondos a esa cuenta, con el objeto de que esos fueran utilizados para los gastos administrativos en los que incurría esa oficina, para el sostenimiento de la misma; de igual manera se identificó que esa cuenta también era alimentada por transferencia de fondos de otras instituciones también dedicadas a proyectos sociales.
En seguimiento a la investigación sostenida por el CNA se logró verificar que, en la administración de esa cuenta, la exfuncionaria era la única persona autorizada para la emisión de cheques y retiro de fondos; en razón de lo anterior una de las acciones denunciadas es la transacción financiera atípica que se realizó el 22 de enero del año 2014, cinco días antes que la exfuncionaria vacara en su cargo.
Posteriormente la denunciada se personó a la ventanilla de la institución bancaria a fin de retirar la cantidad de 12 millones 272 mil 051 lempiras con 42 centavos, y luego depositarlos a su cuenta personal en el mismo banco.
Por su parte, la titular del CNA, Gabriela Castellanos, dijo que consecuentemente, el CNA considera de manera técnica y jurídica, que el ilícito se perfecciona con el incumplimiento de las disposiciones reglamentarias establecidas por la Secretaría de Finanzas, en donde prohíbe la apertura de cuentas para la administración de fondos públicos en la banca privada.
En este proceso investigativo, el Consejo remitió al Ministerio Público (MP) un expediente que contiene elementos fehacientes e irrefutables que determinan la responsabilidad penal de la denunciada, por tal razón se imputa la supuesta comisión del delito de Malversación de Caudales Públicos por Apropiación, consistiendo en que “El funcionario o empleado público que se apropie de caudales, bienes o efectos cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada por razón de su cargo o que sin habérsele confiado interviene en dichos actos por cualquier causa”, según lo prescrito en el artículo 370 del Código Penal hondureño, explicó la funcionaria.
Agregó que por todo lo anterior y en uso del derecho a la libertad de expresión consignado en la Constitución de la República, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como el derecho de petición, el Consejo Nacional Anticorrupción presenta ante la Secretaría General del Ministerio Público la denuncia correspondiente, en virtud que el perjuicio ocasionado al Estado, es de alto impacto y sobre todo promoviendo un delito que históricamente, los entes encargados de impulsar la acción penal pública difícilmente han podido probar, debido a la complejidad para acreditar que los funcionarios se apropian del dinero para su beneficio personal.
Castellanos pidió al Ministerio Público agilizar el proceso y presentar requerimientos fiscales porque ya dieron todos los medios probatorios.
“Nosotros ya señalamos que es una alta exfuncionaria. Lo que si queremos mencionar es que el CNA presentó un expediente con pruebas y esperamos que el Ministerio Público actúe a la brevedad posible, porque con todo lo que hemos presentado en el expediente, rápidamente deben presentarse los requerimientos fiscales”, explicó Castellanos.
Agregó que “nosotros creemos que el Ministerio Público puede actuar de manera rápida porque estamos entregando elementos probatorios”.
