Recientemente el Departamento de Estado de Estados Unidos publicó un documento sobre el Clima de Negocios que impera en Honduras. El escrito comienza por reconocer la ventaja geográfica que tenemos al estar muy cerca del mercado más grande del mundo, hace un recuento de nuestros recursos naturales y de la voluntad de trabajo de nuestra gente. Sin embargo, inmediatamente nos dice que (me he permitido traducir el documento para facilitar su análisis) “los inversionistas mencionan que la corrupción, el crimen, la deficiente infraestructura y el débil o inexistente Estado de Derecho son las principales razones por las cuales Honduras no atrae la inversión privada que necesita para estimular el crecimiento económico incluyente”. Luego agrega que “Los mensajes de la Administración anunciando una crisis financiera preocuparon los mercados financieros internacionales incrementando el riesgo-país. Para financiar el déficit presupuestario el gobierno anunció que utilizará las reservas internacionales, lo cual podría agregar presión inflacionaria sobre la economía.” El documento luego aborda en más detalle la situación que priva en nuestro país, como veremos en seguida.
El informe continúa diciendo que las “políticas adoptadas han incrementado dramáticamente la incertidumbre sobre el retorno que producirán las inversiones”, y luego se centra en la nueva ley aprobada para el sector eléctrico. Al respecto dice que “la nueva ley amenaza a los generadores privados con la venta obligada a ‘un precio justo’ si no reducen sus tarifas a un nivel que satisfaga al gobierno. La Ley no ofrece una garantía de pago por las futuras compras, estipula que las inversiones nuevas en el sector deben ser, en su mayoría, hechas por el Estado y casi elimina las transacciones privadas en energía. Como resultado de la nueva Ley varias empresas privadas han abandonado los proyectos que habían pensado desarrollar en Honduras y ahora exploran las oportunidades para invertir en otros países”.
El informe lamenta que no se haya dialogado con quienes habían invertido en las ZEDEs y opina que el gobierno se expone a “potencialmente significativas demandas” y además ha alimentado las preocupaciones en cuanto a la falta de compromiso del gobierno con el Estado de Derecho. Igualmente expresan su preocupación por la derogación de la Ley que permitía el trabajo por hora, y agrega que “todos los inversionistas enfrentan retos, incluyendo el servicio eléctrico no confiable y caro, la corrupción, la aplicación impredecible de los impuestos, un alto nivel de criminalidad, un bajo nivel educativo y deficiente infraestructura”. Por otro lado, “la invasión de terrenos privados constituye un creciente problema y las leyes que rigen el desalojo se aplican deficientemente.”
El documento también dice que los representantes de los inversionistas internacionales han manifestado su preocupación ya que temen que “varias políticas de la Administración Castro han deteriorado el clima de inversión en Honduras, y que la tendencia de aprobar leyes importantes muy rápidamente, con poca consulta y sin considerar los efectos secundarios y terciarios de esas leyes ha generado preocupación en cuanto a la estabilidad y predictibilidad del ambiente de negocios.
Se menciona además que los requisitos regulatorios son complejos y lentos, y por tanto son vulnerables a la corrupción. Las regulaciones a nivel municipal también pueden desalentar la inversión. En cuanto al sistema judicial, se dice que los inversionistas informan de favoritismo, presiones externas y sobornos. También mencionan la baja calidad de la representación legal que bridan nuestros profesionales.
Al final, el informe dirige sus comentarios más fuertes al sector eléctrico cuando dice que “debido a los años de mala administración y de corrupción, la ENEE pierde más de treinta millones de dólares mensuales y su deuda suma más que el 10% del PIB. Con la Ley aprobada en mayo de 2022 el gobierno ha revertido la legislación que buscaba la reforma del sector y que mandaba la separación de la ENEE en unidades independientes para distribución, transmisión y generación. La Ley también debilitó al regulador de energía eléctrica y eliminó el operador independiente del sistema. Expertos en el sector dicen que las decisiones para el despacho son mucho menos transparentes después de la eliminación del operador independiente, lo cual desincentiva la nueva inversión. El sector eléctrico enfrenta serios problemas estructurales, incluyendo altos niveles de pérdidas eléctricas, un sistema de transmisión que requiere mejoras, la vulnerabilidad de los costos de generación a los precios volátiles del petróleo, tarifas que no reflejan los costos actuales y los altos costos de los PPAs que fueron adjudicados a empresas con buenas conexiones políticas en lugar de recurrir a un procedimiento de contratación justo y transparente. Muchos negocios han instalado sus propios sistemas de generación para complementar, o sustituir, a la ENEE debido a los frecuentes apagones y las altas tarifas.”
Es así como el Departamento de Estado percibe el clima de negocios en nuestro país. Es un análisis franco. Seguramente muchos coincidirán con la mayoría de, sino todo, lo planteado en el documento. El reto ahora es cómo podremos superar las deficiencias señaladas. Afortunadamente a nadie se le ha ocurrido, al menos hasta ahora, usar el calificativo de “injerencista” o “intervencionista”, por lo que pareciera que aún quienes detestan a los autores del informe encuentran difícil desmentirlo. En cuanto al sector eléctrico, debemos recordar que “errar es de humanos, pero rectificar es de sabios” y deberían proceder a derogar la Ley que aprobaron ya que representa un retroceso y un obstáculo para la modernización del sector. Si no lo hacen, pagaremos las consecuencias. Recordemos que Estados Unidos es el accionista más importante en el Fondo y que para lograr que su Directorio apruebe un programa con Honduras se deberá derogar la Ley aprobada o modificarla a tal grado que se atienda las observaciones y defectos que propios y extraños hemos repetidamente señalado.
