Tegucigalpa – La lucha contra la corrupción en Honduras se ha apalancado en torno a dos figuras claves para el Estado de Derecho y la institucionalidad: la instalación de la CICIH y la elección de la próxima Corte Suprema de Justicia, dos hechos en los cuales ha puesto sus ojos la ciudadanía y la comunidad internacional, elevando así la presión al gobierno de la presidenta Castro y a las elites políticas representadas en el parlamento.
La instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH), aparte de ser una promesa de campaña de la presidenta Xiomara Castro, es un clamor popular por frenar el delito de la corrupción, institucionalizado por décadas en el país, pero con una capacidad de mutar y de enraizarse en las estructuras del Estado que parece un cáncer difícil de exterminar. Honduras ocupa el segundo lugar de países más corruptos de Centroamérica y en el ranking de percepción de corrupción de Transparencia Internacional, ocupa el lugar 157 de 180 países medidos a nivel mundial.
La esperanza en la lucha contra la corrupción se centró en la instalación de la MACCIH, tras el clamor de la marcha de las antorchas, y cuando la Misión empezó a tocar intereses, las conspiraciones crecieron, hasta que la expulsaron del país. La MACCIH había entablado junto a la Ufecic del Ministerio Público al menos trece procesos judiciales de corrupción, unos sobreseídos por el poder judicial, otros en proceso y otros más en apelación.
La salida de la MACCIH dejó un sabor amargo entre la ciudadanía y la población en general, que ha cuestionado el actuar de la justicia y avaló la propuesta de la entonces candidata presidencial, Xiomara Castro, en alianza con el Partido Salvador de Honduras (PSH), de traer una nueva misión internacional, esta vez con las Naciones Unidas, que se llamaría CICIH. Ese fue uno de los factores que abonó al contundente triunfo de la ahora presidenta Xiomara Castro.
10 meses de burocracia
Sin embargo, han pasado diez meses de gobierno, y la llegada de la CICIH se pierde entre esos corredores laberínticos de la burocracia gubernamental. Un primer borrador de Naciones Unidas definiendo los términos y condiciones bajo las cuales podría operar la CICIH en el país, no fue del agrado del gobierno que empezó a objetar soberanía y aspectos constitucionales, enviando una contrapropuesta en la cual prácticamente se rechazaba la independencia de la CICIH, el gobierno pedía nombrar a quienes integrarían la Misión y se reservaba algunas acciones relacionadas con reformas penales y rechazaba que la CICIH se volviera un querellante adhesivo, es decir, que pudiera acusar penalmente indistintamente del Ministerio Público. La contrapropuesta del gobierno era una Misión de “acompañamiento” para diagnosticar lo que ya se ha diagnosticado en el país.
En la estira y encoge de borradores, respuestas y contrapropuestas, el tiempo ha pasado y la CICIH no termina de aterrizar. El gobierno anuncia una nueva misión a Nueva York para seguir avanzando y dar “buenas noticias”, mientras en el parlamento se enredan proponiendo reformas constitucionales que, a criterio de los expertos, son innecesarias y solo buscan dilatar la llegada de la misión internacional contra la corrupción. Vericuetos legales que buscan disfrazar el control que se quiere tener de la CICIH, una vez instalada en el país, advierte en un informe el Consejo Nacional Anticorrupción.
La permanencia de la CICIH, sostiene el secretario de transparencia, Edmundo Orellana, debe ser al menos para tres períodos gubernamentales, a fin de que se sienten bases sólidas para la institucionalidad y la recuperación de confianza y credibilidad en las instituciones, en especial, los operadores de justicia. Orellana, en un foro sobre justicia, dijo que la estadía de la CICIH costaría al menos 20 millones de dólares, que serían financiados por la cooperación y éstos no iban a depositar recursos por un periodo limitado de tiempo.
Mientras el gobierno intenta aplacar las voces que establecen que la llegada de la CICIH depende de una voluntad política que recae estrictamente en el poder ejecutivo; en la ciudadanía y sectores de sociedad civil, las presiones por la tardanza para suscribir el convenio crecen, el dedo sigue puesto en la llaga y en los sondeos de opinión pública, la lucha contra la corrupción es una apuesta hacia la cual no renuncian los hondureños.
Esa lucha la han ligado a otro factor clave en materia de democracia y fortalecimiento institucional: la elección de la próxima Corte Suprema de Justicia, poniendo presión así hacia otro poder del Estado como es el Congreso Nacional, donde se elegirá el próximo poder judicial para un período de siete años.
La presión por la CSJ
La veeduría ciudadana se mantiene en paralelo hacia esos dos poderes del Estado, el poder Ejecutivo con la CICIH, y el Poder Legislativo con la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia. Ambos hechos los identifican como claves en la lucha contra la corrupción, de ahí que su mirada y reclamos se agudicen a medida que avanzan o se estancan los procesos. El poder ejecutivo y las elites políticas representadas en el parlamento, a diferencia de años anteriores, no está sola en la toma de decisiones para la CICIH y la elección de un poder judicial; son muchas las miradas y presiones que les recuerdan que el país no puede continuar por los senderos de la corrupción y la impunidad. Las presiones van hacia el cumplimiento de promesas de campaña de forma transparente.
A esa presión interna, se suma la mirada de la comunidad internacional que ha apostado en fortalecer el proceso de la Junta Nominadora responsable de la selección de una nómina de al menos 45 aspirantes a ser seleccionados en la lista que se enviará al Congreso Nacional, para que éste elija 15 magistrados y se conforme el nuevo poder judicial.
A esa apuesta se suman misiones internacionales de veeduría internacional con destacados personajes conocedores del accionar de la justicia, la lucha contra la corrupción, el acceso a la información y la democracia, haciendo del proceso de elección de la nueva corte de justicia uno de los procesos más vigilados del país a lo interno y externamente. Los expertos José Ugaz, Juan Jiménez Mayor y Edison Lanza, entre otros, son parte de misiones internacionales que toman el pulso a la elección del nuevo poder judicial.
La elección de la próxima corte de justicia perfilará como será la lucha contra la corrupción, la conformación y llegada de la CICIH, también lo hará. El combate a la corrupción es un clamor que hace sentir su fuerza en los países del llamado triángulo norte centroamericano, y en el reciente Foro de Donantes sostenido a fines de octubre en Tegucigalpa, los expertos advirtieron de cómo la corrupción daña las democracias y erosiona las instituciones.
En Honduras, según estudios de organismos locales e internacionales, cada segundo se pierden al menos dos mil lempiras a causa de la corrupción, y que ésta se ha afincado en al menos 15 áreas críticas, entre ellas financiamiento de campañas, narcotráfico, contratación pública, recaudación fiscal, entre otros.
En el caso de la Corte Suprema de Justicia, la elección para los nuevos inquilinos ha entrado a su fase final, y en el congreso suman los cabildeos para integrar una corte “a la medida” de los pactos políticos, pero la presión por una corte de justicia “a la medida” de los intereses del país también ha entrado en ese debate, donde la primera presión se hace sentir hacia la Junta Nominadora, para después llegar al parlamento, donde las elites política ahí representadas también han comenzado sus cábalas en torno al poder judicial que quieren entregar a los hondureños. PD
