Guatemala – La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) ha destacado desde su creación en 2007 por haber revelado varios casos emblemáticos que han puesto en jaque a Gobiernos, funcionarios, narcotraficantes o empresarios. En 2019 terminará su misión por decisión del Gobierno.
Según su mandato, la Comisión debe investigar la existencia de cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad, colaborar en su desarticulación, y hacer recomendaciones al Estado «incluyendo las reformas jurídicas e institucionales necesarias».
Por sus filas han pasado tres comisionados: el español y exmagistrado en su país Carlos Castresana (2007-2010), el costarricense y ex fiscal general Francisco Dall’Anese (2010-2013) y el colombiano y exjuez colombiano Iván Velásquez, quien será el último tras anunciar este vieres el Gobierno que no renovará el mandato de este ente, que vence en septiembre de 2019.
Castresana dimitió por el «incumplimiento» del Estado guatemalteco con su compromiso de combatir la impunidad, mientras que Dall’Anese no renovó contrato «por asuntos personales», luego de que el expresidente Otto Pérez Molina (2012-2015) se quejara ante Naciones Unidas por su «participación» en «algunos procesos» legales en el país.
Velásquez no parece que pueda resistir los embates de quienes lo quieren fuera, manifestado claramente a través de la decisión del presidente, Jimmy Morales, de no renovar las funciones del ente y ordenar la inmediata transferencia de capacidades a las entidades locales de seguridad y Justicia.
Precisamente, el 27 de agosto de 2017 el mandatario declaró «persona non grata» al jurista colombiano y ordenó su salida inmediata del país por considerar su trabajo como una injerencia extranjera, pero la Corte de Constitucionalidad frenó su expulsión por considerarla ilegal.
Desde 2009, la Cicig demostró sus alcances de investigación con casos de alto impacto, como el apoyo a la Fiscalía en la investigación de una malversación de 15 millones de dólares por parte del expresidente Alfonso Portillo (2000-2004), quien fue declarado culpable en las cortes guatemaltecas y estadounidenses, luego de su debida extradición.
También en 2009 otra investigación contra la Administración de Portillo que involucró a 32 militares guatemaltecos, entre ellos el general retirado Enrique Ríos Sosa, hijo del general golpista Efraín Ríos Montt, quienes estaban acusados de haber participado en el desvío de 905 millones de quetzales (unos 113 millones de dólares) del presupuesto del Ministerio de la Defensa.
En 2010, tras un año de grave crisis institucional que debilitó el Gobierno del entonces presidente Álvaro Colom (2008-2012), el llamado caso Rosenberg llegó a instancia final en la que fueron sentenciaros nueve implicados en el asesinato del abogado Rodrigo Rosenberg, quien culpaba de su muerte en un vídeo difundido tras su fallecimiento al entonces mandatario guatemalteco.
El resultado de la investigación de la Cicig fue categórico en señalar que Rosenberg había preparado su propia muerte y había sido utilizado para desestabilizar al Gobierno por personas que hoy están prófugas, como Luis Mendizábal, o que aún se encuentran en proceso penal, como los hermanos Estuardo y Francisco Valdés Paiz.
En abril de 2011, la Comisión destapó el caso del homicidio de 16 personas en un autobús que iba de Guatemala a Nicaragua, por el que fueron condenadas siete personas, entre las que destaca el narcotraficante Marvin Montiel Marín, alias el «Taquero», quien también es investigado por la muerte del reo Byron Lima Oliva, el «Rey de las cárceles».
Ese año la Cicig también apoyó en la persecución de los funcionarios del Ministerio del Interior del Gobierno de Óscar Berger (2004-2008), Carlos Vielman, Erwin Sperisen y Alejandro Giammattei, acusados de participar en la masacre de reos en la Granja Penal Pavón.
Desde 2014, en sintonía con la ex fiscal general Thelma Aldana, se desvelaron varios procesos como el control de presidios del reo Byron Lima Oliva -asesinado en 2016-, la caída del sanguinario narcotraficante Haroldo Mendoza y de la intromisión del Gobierno de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti en las comisiones de postulación y jueces y magistrados en la Corte Suprema de Justicia.
Pero en 2015 el sistema dio vuelta con el caso «La Línea». La Cicig y la Fiscalía desvelaron una organización conformada por cuatro subestructuras, superior, media, mandos de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y vistas de aduanas.
Según las pesquisas, la estructura evadió impuestos con el apoyo de exfuncionarios. Decenas de personas están acusadas, entre ellas Pérez Molina, que renunció a la Presidencia por este caso, y Baldetti, su vicepresidenta.
A partir de entonces, cayeron estructuras que se apoderaron del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social a través de la venta de medicamentos, liderada por el exsecretario privado de Colom, Gustavo Alejos.
Se descubrió la presunta «cooptación del Estado» del Partido Patriota que drenó todas las entidades de Gobierno, hasta llegar al hijo y hermano del presidente Jimmy Morales y las estructuras de financiación ilegal que también involucran al presidente Morales.
Motivo por el que este mes de agosto volvieron a presentar una solicitud de desafuero contra el presidente guatemalteco.
