La ley fue aprobada el pasado 27 de febrero por el Congreso, y queda pendiente la elaboración y publicación del reglamento respectivo, con el cual la legislación entrará completamente en vigencia.
Según la mandataria, este reglamento estará listo en «un tiempo razonable» y aseguró que «el mayor desafío» será generar conciencia en la población fumadora para que «cambie de actitud» y respete la ley sin necesidad de tener «un policía para cada persona».
La ley prohíbe fumar en sitios como edificios públicos, centros educativos públicos y privados, centros comerciales, lugares de trabajo, casinos, clubes nocturnos, discotecas, bares, cafeterías y restaurantes.
Además, en instalaciones deportivas, ascensores, cabinas telefónicas, cajeros automáticos, gasolineras, transporte público, paradas de autobús, cines, teatros, bibliotecas, auditorios y museos.
La ley también prohíbe todo tipo de publicidad del tabaco y obliga a las empresas tabaqueras a publicar mensajes preventivos en las cajetillas de cigarros que abarcarán el 50% de las superficies principales y el 100% de las laterales.
Además, se crea un impuesto de 20 colones (0.04 dólares) por cada cigarrillo, es decir cerca de 0.8 dólares por cajetilla de 20 cigarrillos.
Chinchilla explicó hoy que el 60% del dinero recaudado con el impuesto al tabaco se destinará a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), el 20% al Ministerio de Salud, el 10% al Instituto de Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA) y el 10% restante se dirigirá al deporte.
La mandataria afirmó que con esta ley, avalada también por la Sala Constitucional, se disminuirá el gasto de la CCSS en la atención de pacientes con enfermedades asociadas al tabaco, cuyo monto asciende a unos 140 millones de dólares anuales.
Cada año los hospitales públicos, que son administrados por la CCSS, realizan 35,000 consultas y 31,000 internamientos por enfermedades asociadas al tabaco, lo que se resume en 55,000 días de incapacidades.
Con esta ley Costa Rica cumple con el Convenio Marco contra el Tabaco de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y a ella se oponen las empresas tabacaleras y organizaciones de restaurantes y bares, que consideran que su clientela disminuirá al no poder fumar en sus establecimientos.
Datos de la CCSS indican que en los últimos años se registró en Costa Rica, país de 4.3 millones de habitantes, una disminución de 2.8 puntos en el porcentaje de la población que fuma.
En el año 2006 la población fumadora era del 17% y para 2010 bajó al 14.2%, según la información más reciente de las autoridades.
