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Cejil denuncia que Honduras ha fallado en garantizar vida a reos en cárceles

Tegucigalpa – El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) condenó este martes las matanzas ocurridas en tres cárceles de Honduras, que dejaron como saldo 42 muertos, y denunció que el Estado ha fallado en su obligación de garantizar la vida e integridad de los presos.

«Condenamos enérgicamente estos hechos y denunciamos que el Estado de Honduras ha fallado en su obligación de garantizar el derecho a la vida y la integridad de las personas privadas de libertad», indicó el ente.

Enfatizó que las autoridades hondureñas «han profundizado las condiciones de riesgo mediante medidas que violentan estándares internacionales de derechos humanos».

Una riña causó el domingo la muerte de al menos 19 reclusos en una cárcel cercana a la capital hondureña, 48 horas después de otro que antes dejó 19 presos fallecidos en una prisión del departamento caribeño de Atlántida.

Otros cinco presos murieron el pasado día 14 en la cárcel de máxima seguridad del departamento oriental El Paraíso, conocida como la Tolva.

Tras la matanza en la Tolva, el poder Ejecutivo hondureña declaró el estado de emergencia en el sistema penitenciario Nacional, suspendió a las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario y del Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores por un periodo de seis meses.

Además, ordenó la intervención por seis meses del sistema penitenciario, compuesto por unas 30 cárceles, a través de una comisión integrada por la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (FUSINA).

«Aunque la militarización del sistema penitenciario hondureño no es un hecho novedoso, resulta preocupante que esta sea la respuesta del Estado ante el recrudecimiento de los hechos de violencia», enfatizó el Cejil, organización no gubernamental consultora ante la Organización de Estados Americanos (OEA) fundada en 1991.

Agregó que el Estado hondureño «en lugar de tomar medidas para proteger a las personas privadas de libertad, con la incorporación de militares en labores de seguridad y administración penitenciaria, más bien, las expone a nuevas violaciones de derechos humanos».

Señaló que, según ha indicado la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en sus sentencias contra Honduras, así como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y el Comité contra la Tortura, el Relator Especial de la ONU sobre las Ejecuciones Extrajudiciales, las Fuerzas Armadas «no están capacitadas para realizar labores de gestión y custodia penitenciarias».

En su opinión, las autoridades civiles «debidamente capacitadas en derechos humanos» , son las que deben ocupar cargos dentro de la administración carcelaria.

Organismos de derechos humanos han acompañado a reclusos, pero debido a su trabajo están «enfrentando amenazas contra su vida e integridad, así como obstáculos a su labor de defensa de derechos humanos», indicó.

Los familiares de las víctimas han denunciado, según el ente, que el Estado de Honduras le ha negado el acceso a la información con respecto a la situación en las cárceles y les ha expuesto a procesos revictimizantes.

El Centro por la Justicia instó a Honduras a derogar el decreto ejecutivo que ordena la intervención del sistema penitenciario, erradicar la militarización en las cárceles y garantizar que autoridades civiles sean las encargadas de administrar las prisiones.

Además, crear un mecanismo que garantice la participación de sociedad civil, la CIDH y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para «dar respuesta oportuna a la gestión y administración de los centros penitenciarios, así como promover la investigación y juzgamiento de los responsables de los hechos arriba enunciados».

La ONG pide también abstenerse de estigmatizar y obstruir la labor de defensa de derechos humanos que ejercen personas y organizaciones que acompañan a los reclusos y garantizar las condiciones necesarias para que puedan realizar su labor libres de riesgos.

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional solicitó a Honduras cumplir la sentencia de la CIDH en los casos López Álvarez y Pacheco Teruel, emitidas en 2006 y 2012 respectivamente.

La CIDH ordenó a Honduras adoptar medidas legislativas, administrativas y de cualquier otra índole necesarias para «mejorar sustancialmente las condiciones de los centros penitenciarios, adecuándolas a los estándares internacionales», añadió.

Además, implementar programas de capacitación al personal civil y policial de los centros penales, así como un programa de capacitación en derechos humanos de los funcionarios que laboren en los centros penitenciarios.

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