Tegucigalpa (Especial Proceso Digital) – La rebelde, altanera y bulliciosa política exterior hondureña, especialmente con Estados Unidos, sufrió una metamorfosis en menos de 13 días, justos lo que lleva en el poder el presidente estadounidense Donald Trump, ya que, de la confrontación abierta, “por la dignidad y soberanía nacional”, pasó a una silenciosa colaboración con las nuevas autoridades de Washington.
– Gobierno Castro pasó de la confrontación a la cooperación con EEUU. y su discurso ha tomado un tono sumiso
El gobierno, que lleva tres años en el poder, se ha vanagloriado de tener una posición “digna y de soberanía” con Estados Unidos y han sido usuales sus desavenencias y críticas públicas al gobierno de la pasada administración demócrata de Joe Biden, pero desde la llegada de Trump y especialmente el domingo pasado cuando el presidente colombiano Gustavo Petro fue doblegado en cuestión de horas, ahora desde la presidenta Castro, pasando por el canciller Eduardo Enrique Reina, y otros altos funcionarios muestran su disposición a dialogar con la nueva administración norteamericana.
Ya quedó en el pasado el mensaje del 1 de enero cuando la presidenta Castro amenazó a Trump con cerrar la sección militar estadounidense en la Base de Palmerola si éste cumplía su amenaza de realizar deportaciones masivas.
Pero tras la humillación pública a Petro y tras observar que los titulares de los poderes ejecutivos de los gigantes latinoamericanos, Lula da Silva en Brasil y Claudia Sheimbaun en México, aceptaron los vuelos de deportados, en Casa Presidencial y la Cancillería el discurso y las declaraciones cambiaron.
El Pentágono se queda en Palmerola
Tras la advertencia pública, repetida tres días seguidos y tres veces cada jornada en una cadena nacional de radio y televisión, de Castro a Trump, se conoció que la presidenta hondureña autorizó renovar un año más la presencia militar estadounidense en dicha base, lo que significa que el Pentágono se queda en Palmerola.
Pero la firma de la extensión de la presencia militar norteamericana en el país se hizo en silencio, casi en la clandestinidad, tal vez un recuerdo nostálgico de la actuación de los grupos de izquierda locales, socialistas, comunistas, trotskistas, maoistas y otros, de sus actividades en los años 60, 70 y 80 del siglo pasado.
El anuncio de la firma de la prórroga de la presencia militar estadounidense hecha por el canciller Reina se hizo sin cadenas nacionales, ni en los salones de la Cancillería o las escaleras de Casa Presidencial, sitio preferido del gobierno para anunciar sus grandes decisiones o logros.
Deportados pueden llegar en naves militares
Otro tema donde el gobierno corrió a cumplirle a la nueva administración Trump fue la recepción de los deportados hondureños capturados en estos días, además de otros que ya se encontraban en espera de ser enviados al país.
Este viernes se recibieron cuatro vuelos con centenares de deportados hondureños procedentes de Estados Unidos, de los cuales dos fueron en aviones militares.
El gobierno hondureño había dicho públicamente que solo aceptaría vuelos de deportados que respetasen la dignidad y los derechos de los ciudadanos deportados y eso incluía que no fuesen enchachados.
Los vuelos de deportados apenas comienzan, ya que las autoridades de migración y aduanas estadounidense (ICE, por sus siglas en inglés), señalaron el año pasado que hay más de 200 mil hondureños que cuentan con órdenes de deportación de parte de jueces norteamericanos.
Extradición
Pero quedan 26 días para conocer si la orden presidencial de eliminar el tratado de extradición con Estados Unidos, utilizado para expatriar a hondureños que enfrentan cargos por narcotráfico, corrupción y terrorismo, se mantiene o es revocado. (incluir tuit de Xiomara Castro).
El canciller Reina, que al inicio defendió la decisión de la mandataria Castro y la justificaron como acto de dignidad y soberanía, así como para proteger al líder militar, general Roosevelt Hernández, de posibles acusaciones norteamericanas, luego que el hondureño se reuniera con su par venezolano Vladimir Padrino López, por el cual Washington ofrece 15 millones de dólares por su captura y entrega, ya que es sindicado de integrar el cártel de los Soles, la mayor organización narcotraficante de Venezuela.
La decisión de denunciar el tratado de extradición con Estados Unidos fue adoptada por Castro luego de conocer que su cuñado Carlos Zelaya, fue visto en un narcovideo negociando con los barones del narcotráfico, coordinando la repartición de millones de lempiras para financiar la primera campaña presidencial de Libre, el 2013.
El canciller Reina ahora señala que están dispuestos a negociar el tema de la extradición con los funcionarios de Washington.
El general Rossevelt Hernández por su lado ahora señala que la extradición es un tema político que le corresponde a las autoridades civiles dialogar y llegar a un acuerdo.
Hace escasas semanas el general Hernández opinaba de temas que le son vedados en la Constitución, incluida una nueva ley de impuestos.
De su lado el vicecanciller Antonio García señaló que hay tiempo todavía, que la denuncia hecha por Honduras del tratado de extradición tiene vigencia a partir del 1 de marzo, ya que el periodo de espera concluye el 28 de febrero.
La extradición ha sido la poderosa herramienta utilizada por Washington para su guerra contra las drogas y el arma más temida por poderosos jefes narcotraficantes de Colombia, México, así como en Honduras.
El vicecanciller García dijo que no puede dar una opinión personal sobre el tema al ser un funcionario que trabaja para la presidenta Castro, dejando entrever una posición no coherente con la oficial
Mientras en Honduras las voces altisonantes contra Estados Unidos comienzan a apagarse, en Washington el tono se eleva.
El asesor de Seguridad Nacional para Latinoamérica de la Casa Blanca, Mauricio Claver-Carone, advirtió que los “acuerdos deben cumplirse o habrá repercusiones” con el gobierno de Trump.
Indicó que están dispuestos a trabajar con gobiernos democráticos latinoamericanos, sean de derecha o izquierda, mientras cumplan con las exigencias del gobierno estadounidense.
Carone fue más allá y detalló que no solo se deben cumplir los acuerdos, sino que “las cosas se hacen de cierta forma, sino van a haber repercusiones y esas repercusiones el presidente Trump las toma muy en serio”. (PD).
