Tegucigalpa – Pese a que han pasado cerca de tres años desde que se destapó uno de los más grandes casos de corrupción que han marcado la historia moderna de Honduras, el tema sigue vigente y la ciudadanía expectante. Se trata del descalabro del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), que derivó en 15 líneas de investigación y que involucra a medio centenar de personas.
Tras el anuncio de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad (MACCIH), de que trabajará en el tema, junto al Ministerio Público (MP), hasta desentrañar lo que allí ocurrió y lograr castigo a los culpables, la sociedad parece reafirmar su anhelo de justicia.
Tras una larga data de impunidad, los actuales operadores de justicia encuentran dificultad en recobrar la confianza de una ciudadanía que ha vivido los agudos procesos de depuración de órganos como la Policía, coludida, en gran parte y abiertamente con el crimen; de jueces y funcionarios judiciales, involucrados en prevaricato y complicidad. También fiscales y funcionarios que han sido puestos en relieve tras ser alcanzados por las evidencias.
Las acciones más claras de adecentamiento del sistema de justicia pueden verse en el MP, de la mano del fiscal Oscar Chinchilla, un organismo que en los últimos años ha marcado una ruta de combate frontal al crimen y que ha llegado a afectar intereses de grupos criminales, tanto públicos como privados, que se cobijan en un manto de protección especial que les mantenía intocables.
Las cortes de apelaciones
Tras operaciones para desarticular grandes bandas de los barones de la droga, desarticular organizaciones de extorsión a gran escala e iniciar juicios por corrupción, recobra vida el megafraude que drenó miles de millones de lempiras de las arcas del Seguro Social y que derivó en instalar en Honduras la MACCIH.
El enfriamiento del escabroso caso del IHSS se relaciona, según expertos, a que los procesos judiciales se estancan en cortes de apelaciones.
Gran parte de las acciones penales del caso del IHSS son enfrentadas especialmente por el exdirector Mario Zelaya, así como en el exgerente financiero, Ramón Bertetti Osorio, ambos recluidos en una instalación militar ubicada en la periferia de la capital hondureña. La persecución penal aun no alcanza a otros presuntos protagonistas de los hechos.
Desde septiembre de 2013 que comenzaron las diligencias investigativasn se han logrado judicializar 15 líneas fiscales, mientras más de 40 están en proceso.
Por este escandaloso acto de corrupción han sido procesadas medio centenar de personas, en tanto 10 permanecen prófugos de justicia, un par de estos actores claves para seguir desenmarañando los actos ilícitos a lo interno de la red hospitalaria.
Las diligencias judiciales concitan, por ahora, tres sentencias condenatorias: José Bertetti, Henry Gómez y Gustavo Linares, éstos dos últimos vía procedimiento abreviado, en tanto al primero se le dictó una pena de siete años en el caso de la compra de ambulancias hechizas.
Asimismo, en Chile la ciudadana de ese país, Natalia Patricia Ciuffardi fue procesada y juzgada. Bienes adquiridos con fondos del IHSS fueron puestos a disposición de las autoridades hondureñas.
La Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF) del Ministerio Público, ha indicado que unas 300 personas estarían involucradas en el megafraude del IHSS. Se prevé que, con el apoyo técnico de la MACCIH, las líneas procesales puedan avanzar con mayor celeridad, dijo a una fuente del Ministerio Público que trabaja en el caso.
MACCIH no quita el dedo de la llaga
Personeros de la Misión de Apoyo Anticorrupción han reiterado en los últimos días que el eje transversal por el que gira su concepción es la flagrante corrupción que vació las arcas del Seguro Social.
La MACCIH reiteró a la justicia local acelerar los procesos judiciales relacionados al descalabro financiero en el IHSS, pero sin obviar la importancia de fundamentar bien las acusaciones para lograr condenas efectivas.
El vocero de la Misión, Juan Jiménez Mayor, reconoció que el descalabro al IHSS “hay una serie de elementos probatorios que implican a mucha gente: empresarios, funcionarios del Estado y entonces nosotros estamos en este momento analizando toda la actividad probatoria que existe en el caso para poder fortalecer el trabajo de la Fiscalía”.
Remarcó que “creemos que hay que acelerar el paso y vamos a trabajar para que efectivamente las personas que están implicadas en estos casos sean efectivamente investigadas y condenadas, además buscando que las condenas sean efectivas” sostuvo Jiménez Mayor.
Recuperación de activos robados
En el marco de las acciones de la MACCIH en su papel por combatir la corrupción, hace apenas unos días, junto a la Procuraduría General de la República (PGR), revelaron que van por la recuperación de activos y fondos robados al Estado, especialmente en los casos emblemáticos de corrupción pública.
“La idea es establecer un marco de colaboración que tendrá la MACCIH con la Procuraduría General de la República, esto implicará la capacitación de los abogados que trabajan en la defensa de los intereses del Estado. Esto implica la recuperación de activos, fondos ilícitos que se encuentren fuera del país o dentro del país, robados al Estado”, anunció Jiménez Mayor.
Enfatizó que los corruptos tienen sanciones penales, cometen delitos y éstos tendrán que cumplir con una pena de prisión, sin embargo, también deberán devolver el dinero robado y es una función principal que tiene a cargo la Procuraduría de la República.
Jiménez Mayor advirtió que “los corruptos deberán indemnizar al Estado por los daños ocasionados y ese es un trabajo que también está a cargo de la Procuraduría. Por supuesto, estamos afianzando la cooperación que la Procuraduría tiene que realizar con la Fiscalía, pero estamos enfatizando el carácter no neutral de la Procuraduría frente a la corrupción”, apostilló.
Injusto decir que nada se ha
hecho: Arabesca Sanchez
La experta en criminología y exfiscal del Ministerio Público, Arabesca Sánchez, dijo que sería injusto decir que nada se ha hecho en el caso del Seguro Social y desglosó que muchos procesos han sido abiertos en los tribunales.
“Ha habido aletargamiento en el proceso de investigación porque todos quisiéramos ver a los verdaderos autores intelectuales de ese hecho también judicializados”, estimó.
Reconoció que lo descubierto en el Seguro Social puso en precario la gobernabilidad en Honduras.
“Lo más justo es castigar a los funcionarios públicos que osaron en detrimento de los que sostenían el Seguro Social, en detrimento del Seguro Social. No encontraron una causa más indignante que hacer un saqueo en el sector salud de los hondureños”, comentó.
Puntualizó que en los casos de corrupción del Seguro Social no solo operaron los mandos intermedios. “Hoy sabemos que se coludieron empleados, sindicatos, partidos políticos, empresarios, proveedores, terciarios y hasta directores, esa gran red de criminalidad a mi juicio no se denomina más que una estructura de crimen organizado que fraudulentamente saqueó el Seguro Social en detrimento de la población hondureña”.
Concluyó que “lo que la gente quiere es justicia real y eso implica llevar a la cárcel a cualquier actor que estuvo relacionado con ese fraude. Resarcir al Seguro Social de cuanto ha perdido y hacerlo también con los usuarios que tanto han dejado de recibir”.
Sociedad Civil pide celeridad
De su lado, Carlos Hernández, representante de Transparencia Internacional, comenzó diciendo que el sistema judicial de Honduras es lento por naturaleza, ya que desde que se presenta el requerimiento fiscal hasta la apertura del juicio oral pasan dos años.
“En estos casos de corrupción y específicamente en los temas de Seguro Social por la magnitud del caso y lo emblemático del mismo, demandamos celeridad con el afán que puedan ser ventilados de una forma más acelerada”, señaló.
Hernández refirió que el argumento de los jueces es que la normativa procesal da lugar a la dilatación de los juicios. “Pedimos que exista voluntad política para que se busquen mecanismos que permitan sacar con mayor rapidez estos casos”, dijo.
Reconoció que, pese a que no existe satisfacción total de la población, no se puede desconocer que, por primera vez en la historia de Honduras en casos de corrupción, ya se han empezado a judicializar personajes de alto nivel económico y social.
“La demanda de la sociedad civil y de la población es que se llegue hasta las últimas consecuencias, que todos los involucrados, independientemente del color político, enfrenten la justicia”, exigió.
Consultado sobre la posibilidad que no se sumen nuevos actores en los juicios relacionados al descalabro al IHSS, Hernández dijo que “esto va a seguir, van a entrar nuevos actores, no tengo duda de eso, no tengo duda que ya en este momento el Ministerio Público tiene más investigaciones avanzadas que involucra otros casos”.
“Sabemos que hay muchos actores involucrados, pero no se trata de agarrarlos a todos porque se podría cometer el error de procesar de quinta y sexta categoría, tomando en cuenta que en el Seguro Social se operó con una red. Lo importante es llegar a esa red, pero comenzar por las cabezas, de arriba hacia abajo”, arguyó.
El representante de Sociedad Civil expresó que la Fiscalía trabaja en otros casos, siempre de corrupción en el IHSS. “Lo que pedimos, más que números, es que se llegue a lo más alto de los que participaron en este caso”, asistió.
“Tengo mucha expectativa de que el hecho que Honduras está siendo vigilada de cerca. Tenemos la MACCIH y hay una sociedad civil más inquisitiva en esto, además hay un contexto global y la presión de Estados Unidos, pero también la necesidad del país de poder acceder a fondos del programa de Alianza Para la Prosperidad, bajo lo anterior esperaría que signifique avances. Anhelamos que el Ministerio Público continúe en la investigación de estos casos del Seguro Social”, finalizó Hernández.
Juicios en Proceso 1. Caso migrante hondureño El fallido Programa de Filiación del Migrante Hondureño es otro de los casos que esperan turno en los juzgados. El mismo involucra a Mario Zelaya, José Bertetti y John Charles Bográn. 2. Transferencias ilícitas entre regímenes La causa de las transferencias del régimen de Enfermedad y Maternidad (EM) al de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), se involucra a 15 miembros de la exjunta directiva del IHSS. Son estos: Mario Zelaya, José Bertetti, Carlos Montes, Arturo Bendaña, Javier Pastor, Hilario Espinoza, José Manuel Espinal, Arnoldo Gabriel Solís, Leonardo Villeda, Óscar Galeano, Daniel Durón, Luis Mayorga, José Humberto Lara, Odessa Enríquez y Samuel Bográn. 3. Coimas a exviceministros Otro de los requerimientos es el que tiene que ver con las coimas que recibieron varios exfuncionarios de la administración pública. Se trata de Mario Zelaya Rojas, José Bertetti, Javier Pastor, Carlos Montes, Natalia Ciuffardi, Gabriela Laínez Reina, Mario Zelaya Palencia (padre) y José Zelaya, los dos últimos prófugos de la justicia. 4. Empresas fachadas o de maletín En este caso son 15 los acusados: Mario Zelaya, José Bertetti, José Zelaya, Edita López, Michelle Rojas, Ilsa Vannesa Molina, Alex Sarmiento, Carlos Corrales, John Charles Bográn, José Cardona, Vanessa Cardona, Mariano Argueta, Vivian Juárez, Susette Rojas y Marco Jaen, la mayoría de estos imputados permanecen prófugos de la justicia. 5. Caso Dimesa Los acusados aquí son Mario Zelaya, José Bertetti, Hugo Mejía, René Medina, Donald Velásquez, Lisandro Ponce, Edgardo Quiroz, Schucry Kafie y Juan Alberto Madrid. 6. Ofrecimiento de influencias a alto funcionario del MP El acusado en este caso es Darío Roberto Cardona, a quien se le acusa de ofrecimiento de influencias. 7. Coimas Naco En esta acusación el imputado es Benjamín Bográn, representante del sector privado en la exjunta directiva del IHSS. 8. Almacenamiento de armas La Unidad Nacional de Apoyo Fiscal del Ministerio Publico, recibió información que en varias casas de habitación propiedad de Mario Zelaya se almacenaban medicamentos u otros insumos propiedad del Instituto Hondureño de Seguridad Social. Con la autorización judicial para la práctica del allanamiento de morada de una bodega, el juez ejecutor procedió a realizar el mismo y en la práctica de tal diligencia en el interior de esa bodega se encontraron varias armas de fuego y municiones. 9. Testaferrato Esta es una de las últimas acusaciones del MP, en la que la acusada es Ilsa Damaris Aguirre Flores, mamá de Ilsa Vanessa Molina. Esta investigación se desprende del caso denominado “empresas fachadas o de portafolios” a raíz de la adquisición de bienes inmuebles con dinero proveniente de pagos injustificados realizados a través de líneas de créditos abiertos a favor del IHSS. 10. Retenciones del ISR Los acusados en esta causa son Mario Zelaya y Ramón Bertetti, acusados por los delitos de malversación de caudales públicos, violación de los deberes de los funcionarios en la causa de retenciones no trasladadas del cobro del Impuesto Sobre la Renta (ISR) a los empleados del Seguro Social. 11. Sobrevaloración de compra de materiales Los imputados son Juan Carlos Maradiaga Ortiz y Carlos Roberto Fuentes Guerra (cuñado de Ramón Bertetti), ambos acusados por lavado de activos y asociación ilícita -el primero- y por testaferrato el segundo. Maradiaga Ortiz, a través de la Constructora J.C. Maradiaga, sobrevaloró en un 389.52 por ciento la compra de materiales de construcción y suministros de cobre, cuyo monto defraudado ascendió 47 millones 250 mil 401 lempiras con 66 centavos, encontrándose además que la obra no se concluyó. Sentencias condenatorias 1. Contra Ramón Bertetti (octubre de 2015) Tuvieron que pasar un poco más de 20 meses desde que comenzaron las acusaciones contra el exgerente financiero del IHSS, Ramón Bertetti, para que finalmente se conociera la primera condena que asciende a siete años de reclusión por el caso de la compra fraudulenta de 10 ambulancias. La Sala 3 del Tribunal de Sentencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), condenó a siete años al exfuncionario acusado por el delito de cohecho. 2. Contra Henry Gómez por lavado (junio 2016) El periodista deportivo Henry Gómez fue acusado por lavado de activos, se sometió a un procedimiento abreviado y logró conmutar la pena. Al comunicador se le vinculó con tres Empresas Fantasmas y con la extesorera del IHSS, Vivian Melissa Juárez Fiallos (encarcelada por cuatro delitos). Específicamente, Henry Adalberto Gómez Barahona recibió cuatro cheques por un valor de 605 mil lempiras que fueron emitidos por las empresas Sumimed, Dipromedic e Inversiones Sarper. Finalmente pagó una fianza de 15 mil 920 lempiras y se comprometió resarcir el daño ocasionado al Estado. 3. Contra Gustavo Adolfo Linares (junio 2016) Un juez con jurisdicción nacional condenó a 11 años y tres meses de reclusión a Gustavo Adolfo Linares Varela, exconductor de José Zelaya, por el delito de lavado de activos. Linares aceptó la culpabilidad por el delito de lavado de activos y se sometió a una audiencia de procedimiento abreviado con un juez con jurisdicción nacional, que lo condenó a 11 años y tres meses de prisión. El condenado recibió 239 cheques con un valor de 19 millones de lempiras, de acuerdo a las acusaciones de la Fiscalía. |
