– Las pruebas de confianza para el personal del Poder Judicial comienzan en febrero próximo, como una medida de obligatorio cumplimiento.
– La mayoría de las suspensiones de jueces se relacionan con el reemplazo de medidas de prisión preventiva por sustitutivas, pese a la prohibición tácita de la ley.
Este miércoles, tras dos días consecutivos de reuniones, el Consejo de Judicatura determinó suspender a cinco jueces más, así como la separación de otro a quien anteriormente se le había comenzado un proceso investigativo.
En este sentido, el portavoz del Poder Judicial, Melvin Duarte, confirmó la suspensión provisional de Esteban Daniel Quevedo, Gladis Ochoa Sierra y Karla Magdalena Vásquez quienes se desempeñan como Jueces de Letras del Juzgado Penal de Tegucigalpa; asimismo, se ordenó la suspensión de Lourdes Barahona Andino, Juez de Letras Penal del Trabajo de Tegucigalpa y Yobany Valladares Aly, Juez de Letras Departamental de Santa Bárbara.
El informe oficial presentado por la Inspectoría de Tribunales asegura que los motivos para estas suspensiones se relacionan con las sustitución de la medida de prisión preventiva por medidas sustitutivas contraviniendo lo ordenado por Cortes de Apelaciones; acreditación de firmas en inspecciones y comparecencias en las cuales los funcionarios no estuvieron presentes; detención ilegal y por no excusarse de conocer juicio en caso en el que ameritaba hacerlo, entre otras.
De la misma manera, en las últimas horas el Consejo de la Judicatura ordenó la cancelación definitiva de Roberto Carlos Amaya Talavera, quien se desempeñaba como Juez Interino en Puerto Lempira, departamento de Gracias a Dios, quien será sustituido en los próximos días por no haber aprobado los procesos de evaluación a los que fue sometido.
Se informó que la Secretaría General del Consejo de la Judicatura llamará a los funcionarios suspendidos para que se presenten a su correspondiente audiencia de descargo a fin de que hagan uso de su derecho a la defensa.
Otros depurados
El pasado 10 de diciembre, el Consejo de la Judicatura suspendió a siete jueces. Según informe oficial presentado por la Inspectoría de Tribunales las causas se relacionan con retardos injustificados en la administración de justicia, cambios de medidas violentando lo establecido en el ordenamiento jurídico, incumplimiento a resoluciones dictadas por Tribunales Superiores como las Cortes de Apelaciones y la Sala Constitucional, entre otras.
Además, el 3 de diciembre, el mismo Consejo suspendió a cinco jueces del sistema de justicia hondureño, mientras se someten a audiencias de descargo por presuntas irregularidades en el ejercicio de su profesión.
También en los últimos días son dos juezas con jurisdicción nacional, han sido capturadas y encarceladas por otorgar medidas sustitutivas de la prisión a presuntos narcos.
600 millones para pago de prestaciones
Las actuaciones del Consejo de la Judicatura han provocado malestar a los empleados del Poder Judicial, por lo que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) solicitó que se incluya en su presupuesto de 2014, unos 600 millones de lempiras adicionales para pagar las prestaciones a los funcionarios que saldrán de la institución por no estar de acuerdo con las evaluaciones de confianza.
Así lo confirmó el miembro de la Judicatura y de la comisión de presupuesto de la CSJ, Francisco Quiroz, quien señaló que están a la espera de que el Congreso Nacional apruebe el presupuesto al Poder Judicial para el ejercicio fiscal 2014.
Otras medidas para eficientar labor judicial
Entre otras determinaciones tomadas por el Consejo de la Judicatura figura la instalación de relojes biométricos en todas las oficinas judiciales a fin de establecer un control eficaz de asistencia de las y los funcionarios judiciales, trabajo que está a punto de concluir. En las sedes de Tegucigalpa, se concluye este proceso durante la presente semana.
Igualmente, la Judicatura confirmó el inicio de las evaluaciones de desempeño para el presente año en base a los artículos 3 y 19 de la Ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial para la totalidad de funcionarios y empleados del Poder Judicial para lo cual se han establecido algunos criterios de evaluación permanente para el presente año entre los que se contemplan variables como producción, antigüedad, eficacia en el trabajo, cumplimiento de metas, denuncias recibidas, entre otras.
Las evaluaciones de desempeño para todos los empleados del Poder Judicial iniciarán en febrero y se extenderán hasta mayo del presente año.
Finalmente, de suma importancia es lo que refiere a la implementación de los juicios virtuales a fin de garantizar la seguridad de los gestores de justicia, para lo cual el Consejo de la Judicatura instruyó que inicie el análisis técnico en cooperación con el Ministerio Público para identificar las necesidades y tipo de recurso tecnológico necesario para la implementación de los juicios virtuales con lo que Honduras se colocará a la vanguardia en este tipo de procedimiento utilizando las tecnologías de la comunicación.
