El universal cambio fundamental de circunstancias derivado de pandemia y guerras: ha evidenciado incontestablemente que (contrario a lo previsto en los ordenamientos jurídicos constitucionales e internacionales) la dignidad el ser humano no es realmente todavía el centro y fin supremo que guía el funcionamiento nacional de los Estados y de sus relaciones internacionales, Por lo que es necesario transformar nuestro mundo para retomar ciertamente esa dignidad, en su centralidad y finalidad, para asegurar realmente el orden democrático universal, contemplado en los objetivos y principios de la Carta de la ONU, Declaración Universal de Derechos Humanos y demás normativa del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, así como en las constituciones de los Estados democráticos de Derecho.
En Honduras y en toda Centroamérica, la democracia es forma de gobierno y obligación nacional e internacionalmente aceptada que expresa la autodeterminación del pueblo por su progreso humano, por medio de su Estado y sociedad, haciendo prevalecer el respeto y defensa de la dignidad humana, en su vinculación indisoluble con la paz, el desarrollo y la libertad de todos (as) los habitantes. Esa voluntad soberana no ha sido cumplida significativamente. Al contrario, frente a ella se ha levantado males públicos que atentan contra la razón de ser de la sociedad y el Estado.
Ante esas inconsecuencias de quienes han dirigido los Estados y sus relaciones internacionales: los actuales y futuros gobiernos de Estados constitucionales de Derecho, deben someterse ciertamente y en forma verificable a servir a la vida digna de sus pueblos, como fin supremo de la organización y funcionamiento de la sociedad y el Estado. Misión democrática obligatoria y exclusiva de la buena administración pública que se acredita con el mejoramiento real, progresivo e integral de las condiciones de vida y de trabajo de toda la población. En esa dirección, los gobiernos deben someterse al imperio del derecho, subordinando sus denominadas “voluntades políticas” a los lineamientos de la Constitución, tratados internacionales y leyes compatibles (principios legalidad y legitimidad constitucional), en el ejercicio responsable y diligente de sus atribuciones, con honradez, transparencia y con respeto a la libertad de expresión y de prensa.
Por parte de la sociedad, se debe cuidar, alentar y contribuir a forjar ese sistema de vida con dignidad, para todas y todos; respetándolo, promoviéndolo y defendiéndolo para que los habitantes ejerzamos efectivamente nuestros derechos humanos, disfrutando de justicia social y bienestar común. Hacia esa finalidad, debemos superar intereses que pretenden crear barreras de odio, división y confrontación entre la ciudadanía, mostrando activa cohesión y solidaridad social y evidenciando que, todas y todos los habitantes, somos protagonistas principales del interés general por el bien común y que, como sujetos de derecho, cumpliremos democrática y solidariamente nuestros deberes, con respeto y sometimiento al Estado Constitucional de Derecho que coloca la dignidad de la persona humana en el centro y como objetivo supremo de la acción estatal y social.
Para lograrlo, la sociedad, desde el primer contexto vital y en los diferentes espacios sociales, debe humanizarse más y lograr el arraigo de valores y el forjamiento de la personalidad de todas las generaciones con vista a posibilitar seguridad humana, con ciudadanía constructiva y participativa, apoyando el mejoramiento de la educación, desde las familias, en todas las comunidades y la calidad de la educación formal, informal y no formal que, sin discriminación alguna, abran posibilidades de continuo progreso personal, por medio del desarrollo sostenible y bienestar para todos y con la contribución de todos.
La coyuntura demanda de Centroamérica y, en especial, de Honduras, superarse e innovarse política, económica, social y ambientalmente, con respeto al pluralismo y a la diversidad, como respuesta inteligente a la crisis actual derivada del presente cambio fundamental de circunstancias mundiales por pandemia y por las repercusiones negativas de la guerra contra Ucrania.
Para ello, se debe planificar e implementar la seguridad humana y el desarrollo sostenible: Lo que, por ejemplo, en Honduras, ya está, en gran parte cristalizado jurídicamente en objetivos y metas previstos en especial en la Constitución de la República, la Alianza Centroamericana para el Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la Ley para el Establecimiento de una Visión de País y la Adopción de un Plan de Nación para Honduras. Normativa que debe prontamente complementarse, durante el presente Gobierno, con el Plan de Nación 2022 – 2034 que, a su vez, debe orientar y comprender el plan estratégico de Gobierno 2022 -2026.
Esa planificación y su correcta implementación son indispensables. Todo gobierno realmente democrático debe evidenciar, por esa vía, su obligación de asegurar planificadamente dignidad humana, bienestar común y justicia social para toda la población, con programas y proyectos viables y factibles, en el presupuesto nacional y en presupuestos locales, asignándoles recursos en función de prioridades de necesidades y de interrelaciones de todos ellos y complementariedad de todas las políticas públicas conducentes. Esas políticas deben respetar siempre los derechos humanos y promover su progresividad, la supervivencia, los medios de subsistencia, el crecimiento económico inclusivo y el desarrollo sostenible de todas y todos los habitantes, en su conjunto, sin discriminación, con atención especial a la satisfacción de necesidades apremiantes e inclusión de quienes se encuentran en situación de pobreza o en otras condiciones de vulnerabilidad.
En efecto, el Presupuesto debe ser instrumento de gestión y control de desarrollo sostenible efectivo y de la eficacia de la gestión pública en el logro de los objetivos estatales fijados por la Constitución. Para acreditarlo, se requiere racionalizar y velar por la austeridad del gasto público corriente, la buena gestión pública y el logro de efectivos resultados sociales; y asegurar mecanismos eficientes de transparencia y rendición de cuentas, con participación ciudadana, que lo acrediten.
En suma, el Estado de Honduras debe proteger y promover, interna e internacionalmente, la dignidad humana de las personas, tal como lo determina la Constitución de la República y tratados internacionales. En general, todos los gobiernos de todos los Estados realmente democráticos, deben enfrentar decididamente las causas de la pobreza, las desigualdades e injusticias actuales y deben imperativamente proteger y promover los derechos humanos de los habitantes en sus países, y contribuir a ello en todo el mundo.
Todos los seres humanos, como parte de la humanidad, clamamos contra el injusto orden social actual y reclamamos el reordenamiento nacional e internacional hacia el mayor respeto efectivo al derecho de libre determinación de los pueblos, Estado de Derecho y Derecho Internacional, mediante nueva arquitectura internacional basada en dignidad humana, bienestar común y justicia social; garantizada por justicia internacional que pueda imponer cumplidamente las normas imperativas del Derecho Internacional General, a Estados desarrollados y en desarrollo, sin discriminación alguna.
Se plantea la interrogante ¿Es posible comenzar a hacerlo y promoverlo en Honduras y Centroamérica? En anteriores escritos, en especial el más reciente sobre la “Transformación pacífica de Honduras y revitalización de Centroamérica”, avancé algunos aspectos concretos, concluyendo que es viable, factible y asimismo jurídicamente obligatorio, según nuestras constituciones, el Protocolo de Tegucigalpa de Reforma a la Carta de la ODECA que, en su función de Tratado Constitución, instituyó el Sistema de la Integración Centroamericana; la Alianza Centroamericana para el Desarrollo Sostenible (ALIDES) y otros instrumentos complementarios y actos derivados que conforman el Derecho Comunitario Centroamericano.
Para asegurar el disfrute efectivo de los derechos humanos y el bienestar común en Honduras y Centroamérica, debemos seguir el plan trazado en la Constitución de la República y los Tratados internacionales y leyes compatibles. Para apoyar y promover complementariamente ese logro por la dignidad y el bienestar, al igual que el de todos los pueblos de los otros Estados miembros del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), debemos asegurar que los sucesivos gobiernos cumplan con las obligaciones contraídas por nuestros Estados, tal como están cristalizadas en los instrumentos jurídicos que conforman el Derecho Comunitario Centroamericano.
A pesar de la falta significativa de aplicación, por los gobiernos, del estado de derecho nacional y centroamericano, así como de otros numerosos compromisos consignados en tratados y normativa internacionales: esa normatividad sigue siendo (nacional, regional e internacionalmente), de cumplimiento obligatorio y exigible jurídicamente a todos los Estados miembros del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA). La falta de democracia real y efectiva, y los grandes problemas sociales y males públicos, en Honduras y otros países centroamericanos, tienen ahí gran parte de su explicación; por lo que su rectificación inmediata, por la vía de hacer posible la positividad conforme a la legitimidad constitucional, es la fuente de su solución.
A tal efecto, apremia una actitud más juiciosa y respetuosa del cumplimiento de todas las obligaciones, principios y objetivos plasmados en sus constituciones y en el estado sub- regional de derecho, de parte de los sucesivos gobiernos centroamericanos, cuyos Estados, desde 1991,se comprometieron a, a respetar y proteger los derechos humanos de los habitantes y, en esa perspectiva, cumplir democráticamente sus responsabilidades con la paz, la democracia, el desarrollo y la libertad de sus pueblos. Lograr y promover esa legitima normalidad, facilitaría también hacerlo a otros Estados. Juntos solidariamente los pueblos, abogaríamos también por mayor acceso directo de las personas a justicia internacional; y lograr reparaciones y sanciones apropiadas, sin excepción, a Estados desarrollados o en desarrollo, por vulneración de la dignidad de las personas y los pueblos o de una norma imperativa de Derecho Internacional General (Jus cogens).
De esa manera, transformar nuestro mundo es posible, actuando unidos con el propósito de contribuir al reordenamiento nacional e internacional que haga realmente prevalecer la supremacía de la dignidad humana, la justicia social, la conservación del medio ambiente sano y la protección de la diversidad biológica de nuestro planeta tierra, y el bienestar común de los pueblos.
