Bogotá – Organizaciones de periodistas y defensores de la libertad de prensa han expresado su desacuerdo con la medida que prohíbe a los diarios venezolanos publicar imágenes de violencia o de hechos sangrientos durante un mes, que calificaron como un «acto previo de censura».
 

La Sala 12 del Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de Caracas dictó este martes dicha norma principalmente contra los periódicos El Nacional y Tal Cual, después de que el viernes y sábado anteriores publicaran una foto que muestra cuerpos desnudos y ensangrentados en camillas y en el suelo de la morgue de la capital venezolana.

El Nacional adujo que la foto quería ilustrar el clima de inseguridad que se vive en el país, tema que la oposición quiere esgrimir ante las próximas elecciones del 26 de septiembre.

Además, en la decisión judicial se ordena a los demás medios «abstenerse» de reproducir imágenes de esa naturaleza.

El primero en pronunciarse fue Reporteros sin Fronteras (RSF), que calificó de «amplia y demasiado imprecisa» la prohibición y mostró inquietud ante la posibilidad de que conduzca a la censura o autocensura.

La organización para la libertad de prensa reconoce que la foto es «en efecto muy violenta» y asegura que el incidente «hace preguntarse sobre la responsabilidad ética de un periódico de gran audiencia, aunque no se trate de una publicación dirigida a un público infantil o adolescente».

«Sin embargo – prosigue RSF-, esta decisión judicial peca de amplitud e imprecisión. ¿Bajo qué criterio exacto atenta un contenido contra el bienestar psicológico de los niños y adolescentes?».

«La caricatura, por definición ‘grotesca’, ¿puede ser mostrada a los más jóvenes? Si es normal reservar ciertos contenidos o materiales a un público adulto, el debate, la pedagogía y la prevención parecen preferibles a una prohibición prematura que puede representar un riesgo de censura y autocensura», agrega RSF.

En la misma línea se expresó la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que consideró la norma como una «torpe política de Estado a favor de la censura previa».

Alejandro Aguirre, presidente de la SIP, dijo en un comunicado que se trata de «un elemento más de censura dentro de un esquema gubernamental para silenciar a los medios, especialmente en épocas en que se quieren evadir las imágenes de la realidad dentro de estrategias electorales».

Por su parte, el titular de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Robert Rivard, afirmó: «Habíamos visto censura de todo tipo, y en eso el Gobierno venezolano viene liderando, pero lo de ahora es torpe, grotesco e irrisorio, demostrando que estamos frente a un Gobierno sin límites».

Esta apreciación fue compartida también por la Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR), organización de emisoras privadas de radio y televisión de todo el mundo, que rechazó «la censura previa» que a su juicio se ha impuesto en Venezuela tras la publicación en el diario El Nacional de la foto de cadáveres.

En un comunicado, la agrupación con sede en Montevideo, apuntó por boca de su presidente, Luis Pardo, que en «Venezuela no hay independencia del poder judicial» y que las decisiones de los tribunales responden «a una política de Estado».

Según Pardo, esta prohibición obedece «a la estrategia de amordazar a la prensa» del Gobierno del presidente Hugo Chávez.

Asimismo, los relatores para la libertad de expresión de la ONU y la OEA, a través de una nota, indicaron que la decisión constituye «una medida de censura previa», e hicieron un llamado «a las autoridades venezolanas para que revisen las decisiones adoptadas en contra de los medios de comunicación y restablezcan las garantías plenas para el ejercicio de la libre expresión».

Los representantes de la Organización de Estados Americanos (OEA), Catalina Botero, y de la ONU, el guatemalteco Frank La Rue, quienes se encuentran en México, afirmaron que la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de 2000, establece en su quinto punto que la censura previa «debe estar prohibida por la ley».

«Las restricciones en la libre circulación de ideas y opiniones, como así también la imposición arbitraria de información y la creación de obstáculos al libre flujo informativo, violan el derecho a la libertad de expresión», establece ese mismo principio.

Los relatores manifiestan su «preocupación» con la medida y advierten que, «de mantenerse esta decisión judicial, obligará a los medios de comunicación a abstenerse de informar sobre una amplia gama de asuntos de interés público que la sociedad venezolana tiene derecho a conocer».

Esa «medida preventiva innominada» se extenderá durante un mes, tiempo durante el cual el tribunal conocerá el fondo de una denuncia contra El Nacional y Tal Cual interpuesta por la Defensoría del Pueblo, en opinión de la cual la publicación de la foto de la morgue afectaba a los niños y adolescentes.

Policías venezolanos entraron hoy en la sede del diario El Nacional para recoger datos sobre la foto en color de la morgue de Caracas, con más de media docena de cadáveres.

El presidente venezolano, Hugo Chávez, dijo ayer que «el país exige respeto» ante la «pornografía» que a su juicio publican algunos diarios locales, en medio de esta nueva polémica.